El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo que el proyecto de ley que se está tratando en el Congreso que equipara el aborto legal con el delito de homicidio es “una locura”.
“Como el aborto es una realidad, debemos tratarlo como una cuestión de salud pública. Creo que es una locura que alguien quiera castigar a una mujer con una pena mayor que la del criminal que cometió la violación. Esto es, al menos, una locura”, afirmó el presidente durante una conferencia de prensa que ofreció en Italia en el marco de su participación en cumbre del G7.
Esta vez fue la primera que el mandatario y líder del Partido de los Trabajadores se expresó sobre el tema, de acuerdo a lo que informó la revista Carta Capital. “Cuando alguien presenta una propuesta de que la víctima debe ser castigada con más severidad que el violador, no es serio. Sinceramente, no es serio”, agregó Lula.
El viernes, el ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, ya había dejado clara la posición del gobierno sobre la medida. “Nunca haría ningún gesto, ninguna acción para cambiar la legislación sobre la interrupción del embarazo en el país, y mantenemos esa misma postura”, afirmó Padilha.
Redactada por el diputado federal Sóstenes Cavalcante, integrante del Partido Liberal, sector político que lidera el expresidente Jair Bolsonaro, la propuesta está siendo tramitada de urgencia desde el miércoles de la semana pasada, cuando la Cámara de Diputados aprobó en una votación rápida la aceleración del análisis del texto. Como resultado de esto, el proyecto no necesita ser debatido en comités temáticos y está listo para ser votado en el plenario.
En caso de que la norma sea aprobada y la interrupción del embarazo sea equiparada con un homicidio simple, el aborto conllevaría una pena de entre seis y 20 años de prisión.
En el delito de violación, si la víctima es mayor de edad, la pena mínima es de seis años, pero puede llegar a los diez años. En la legislación brasileña, de acuerdo a lo que recordó Efe, el aborto únicamente está permitido en los casos de violación, malformación cerebral del feto (anencefalia) y si el embarazo pone en riesgo la vida de la madre.
En esos tres casos no hay un plazo máximo para su realización. Fuera de esos tres escenarios, el aborto está penado con entre uno y diez años de cárcel, dependiendo de si se realiza con o sin el consentimiento de la mujer.
La iniciativa legislativa provocó que la semana pasada se llevaran adelante varias marchas en contra de la iniciativa.
Vestidas con pañuelos verdes, las manifestantes clamaron contra el jefe de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, quien aprobó el carácter de urgencia para acelerar el trámite parlamentario del proyecto.
El grito más repetido en estas protestas, que se realizaron en San Pablo, Río de Janeiro, Brasilia y otras ciudades, fue “Criança não é mãe” (Una niña no es una madre).
Con esta consigna las activistas quieren denunciar el alto índice de embarazos de adolescentes y la posibilidad de que el problema se agrave con el citado proyecto, que responde a las demandas de los movimientos evangélicos más conservadores, que tienen una influencia muy fuerte en el sistema político brasileño.
Según datos del sistema público, 44 bebés nacen cada hora de madres adolescentes en Brasil, de los cuales dos son hijos de gestantes que tienen entre 10 y 14 años.