Washington “está considerando un amplio abanico de opciones para presionar” al presidente Nicolás Maduro “para que regrese a Venezuela al sendero de la democracia”, dijo el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel. Agregó que es tiempo de que el oficialismo y la oposición “inicien conversaciones para una transición pacífica”, según citó la agencia Efe.
Sin embargo, Patel negó que Estados Unidos haya ofrecido una amnistía al presidente de Venezuela para que deje el poder después de las cuestionadas elecciones del 28 de julio. Este lunes, el periódico The Wall Street Journal había informado, citando fuentes anónimas, que esa oferta estaba sobre la mesa.
De acuerdo con la publicación, los intercambios sobre esa posibilidad fueron mantenidos entre Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, y Daniel P Erikson, encargado de la política hacia Venezuela en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Pero la propuesta fue rechazada por Caracas, agregó.
“Eso no es cierto. No hemos hecho ninguna oferta de amnistía a Maduro ni a otras personas tras las elecciones”, dijo Patel, consultado al respecto.
Maduro es acusado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, al igual que algunos de sus colaboradores. Por ese motivo, las autoridades estadounidenses ofrecieron una recompensa de 15 millones de dólares por información que permita detener al presidente venezolano.
El viernes, Maduro dijo que Estados Unidos está dispuesto a darle “lo que sea” para que deje el poder, pero él pidió a ese país que deje “tranquila” a Venezuela.
El gobierno de Joe Biden respalda la postura favorable a un diálogo de Brasil, Colombia y México.
23 personas murieron y 2.200 fueron detenidas en Venezuela durante las protestas
Otras iniciativas externas buscan advertir sobre los efectos de esta crisis o mitigarlos. Según informó el diario El Nacional, una misión internacional independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Venezuela llamó este lunes a que cese la represión a opositores. De acuerdo con la misión, 2.200 personas fueron detenidas y acusadas de ser “terroristas”, y 23 personas murieron, en su mayoría hombres jóvenes, a partir de las elecciones del 28 de julio.
La presidenta de la misión, Marta Valiñas, dijo que esas muertes, ocurridas durante protestas, “deben investigarse a fondo y, si se confirma el uso excesivo de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad y la participación de civiles armados en connivencia con ellas, los responsables deben rendir cuentas”.
Para la misión, las detenciones que siguieron a la proclamación de Maduro como presidente reelecto muestran patrones que sugieren arbitrariedad y violaciones al debido proceso, entre ellas la imposición de cargos graves sin evidencia y las restricciones para que los detenidos contacten a sus familias y elijan su abogado. Entre los detenidos, según la misión de la ONU, hay más de un centenar de menores de 18 años que no han contado con la presencia de sus padres durante los procedimientos judiciales.
Patricia Tappatá, integrante de la misión, llamó a poner en libertad a las personas que sufrieron detenciones arbitrarias y a respetar “las normas internacionales en materia de debido proceso y condiciones de detención”.
También la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, manifestó que está siguiendo lo que ocurre en Venezuela y recibió “numerosos informes de violencia y otras denuncias tras las elecciones presidenciales”. Manifestó que ha “entablado un diálogo con el gobierno venezolano al más alto nivel para subrayar la importancia de garantizar el respeto del Estado de derecho en estos momentos”.
Dentro de Venezuela en los últimos días se sumaron nuevas denuncias, como la de Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral y actual opositor, quien el domingo afirmó que su pasaporte fue anulado “sin justificación”. Denunció que si “hubiera tenido la mala fortuna de estar fuera del país” se habría convertido “en un apátrida” y dijo que lo mismo les está ocurriendo a otras personas críticas con el gobierno.
Por su parte, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela denunció el domingo que uno de sus integrantes, Salvador Rivera, así como seis estudiantes de esa institución, figuran entre las más de 2.000 personas detenidas desde las elecciones.
A su vez, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este lunes que son 25 los muertos en las protestas y dijo que todas esas muertes “pueden ser atribuidas a los grupos delincuenciales instrumentalizados por los mal llamados ‘comanditos’” opositores. Agregó que 192 personas fueron heridas, de las cuales “97 pertenecen a cuerpos de seguridad del Estado”.