Gracias a la llamada “ley de nietos”, accedieron a la nacionalidad española más de 160.000 descendientes de personas que debieron dejar España entre 1936 y 1955.
La norma fue creada bajo la premisa de que la dictadura de Francisco Franco obligó a muchos de esos españoles a exiliarse y tiene como objetivo resarcirlos a ellos y a sus familias, que también sufrieron los efectos del terrorismo de Estado.
Esta ley de reconocimiento de la ciudadanía para sus descendientes apunta en particular a los nietos de esas personas, porque otras leyes vigentes contemplan, entre otros, a los hijos de españoles.
De acuerdo con el gobierno, son 168.896 quienes accedieron por ley de nietos a la nacionalidad española. Para el Tribunal Supremo de España, el número es superior: más de 400.000. Sin embargo, según el gobierno, ese dato surge de atribuir a la ley de nietos todo el crecimiento que tuvo desde 2023 el número de españoles registrados como residentes en el exterior en el padrón electoral.
Ese total abarca a quienes fueron comprendidos en la ley de nietos, pero también a quienes obtuvieron la ciudadanía por leyes preexistentes e incluso a los españoles que nacieron en España pero ya no residen allí.
Los integrantes del Tribunal Supremo concluyeron que solo podrán votar quienes accedieron por ley de nietos y que además hayan presentado un certificado que acredite que sus antepasados fueron perseguidos políticos. Señalaron que sería imposible estudiar todos esos nuevos expedientes y actualizar el padrón para las elecciones del 29 de noviembre. Por lo tanto, rechazaron un recurso presentado por la Abogacía del Estado contra un fallo anterior que también excluía a los nietos de exiliados del padrón.
A su vez, la Abogacía del Estado argumenta que no hay nada que estudiar porque el padrón electoral no aclara quién fue inscripto después de obtener su nacionalidad por la ley de nietos y quienes la obtuvieron, por ejemplo, por “opción”, es decir, que eran hijos de españoles y tenían derecho a solicitar la nacionalidad de sus padres.
Por esa razón, de acuerdo con lo que informó Europa Press, la Abogacía del Estado argumentó que “o se suspende a todos los españoles inscriptos en el CERA [el censo de quienes viven en el extranjero] –pues los datos que en él se tienen son, globalmente, los de los españoles sin distinción alguna– o no se suspende a ninguno, porque resulta materialmente imposible distinguir a unos de otros en el brevísimo plazo de tiempo del que se dispone”.
Para el tribunal, incorporar nuevos integrantes al CERA supone un riesgo de hacerlo “sin las exigencias de exactitud, veracidad, igualdad, objetividad y transparencia que exige la celebración de un proceso electoral en una democracia parlamentaria representativa como es la española”.
De acuerdo con elDiario.es, la Abogacía del Estado argumenta que el tribunal se excedió en sus competencias al tratar sobre la inclusión de estas personas en el censo electoral, un punto que ni siquiera había sido recurrido por quienes presentaron el recurso: la organización Iustitia Europa y el partido ultraderechista Vox.
Señala que, aunque anule el pronunciamiento de la Junta Electoral sobre la inclusión de personas que tienen nacionalidad por ley de nietos, “nunca podrá anular o limitar los efectos” de cada nacionalidad que se concedió y que no fue impugnada en este caso.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo en una conversación con periodistas que “parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos”. A su vez, la secretaria de organización del gobernante Partido Socialista Obrero Español, Rebeca Torró, resaltó en sus redes sociales que, en estas elecciones, “los nietos del régimen franquista podrán votar, pero no los de los exiliados, tal y como querían PP [Partido Popular] y Vox”.
El PP, aunque no era uno de los denunciantes, celebró el fallo tanto como Iustitia Europa y Vox. “La Justicia ha hablado”, dijo el secretario general del PP, Miguel Tellado, y se alegró de que haya “vuelto a poner límite a la irresponsabilidad del gobierno”.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, antes de conocer el fallo, dijo que un pronunciamiento contrario a lo que reclamaba la Abogacía del Estado implicaría privar a 400.000 personas de su derecho a voto y advirtió que “una democracia no puede tener ciudadanos de primera y de segunda”.