Este miércoles, el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño publicó la sentencia, documento que formaliza una decisión judicial, que condena al expresidente Jair Bolsonaro y a los otros siete acusados de encabezar la trama golpista que intentó desconocer los resultados de las elecciones de 2022. A partir de ahora, los abogados de los condenados tienen hasta cinco días para presentar las apelaciones.
El documento judicial, de casi 2.000 página de extensión, contiene los votos de todos los magistrados de la Primera Sala del STF, incluyendo el dictamen leído durante más de 13 horas por el juez Luiz Fux durante el juicio.
De acuerdo con lo que informó la revista Carta Capital, el STF, la máxima instancia de la Justicia brasileña, tenía hasta 60 días para publicar la sentencia, según la normativa vigente. Pero pasaron sólo 41 días desde la condena de los acusados, el 11 de setiembre, hasta la publicación del documento.
Con la condena oficial, la defensa de Bolsonaro y sus aliados puede interponer los llamados recursos de aclaración, un tipo de recurso que sirve para aclarar puntos oscuros o contradicciones en los textos, pero que no tienen potencial para modificar las sentencias. En la práctica, la presentación de estos recursos sirve únicamente para retrasar el comienzo del cumplimiento de las sentencias.
Todavía no es posible proyectar una fecha definitiva para el inicio de la ejecución de la sentencia. Tras la audiencia de los posibles recursos, aún quedarán algunos trámites burocráticos por completar, como el inicio de la ejecución, la determinación y la emisión de las órdenes de arresto.
Además de Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años y tres meses de prisión, el núcleo principal de la trama golpista tiene a otros siete aliados cercanos del exmandatario. Ellos son el diputado Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), que fue condenado a 16 años, un mes y 15 días de prisión y a la pérdida de su mandato parlamentario; el almirante Almir Garnier, quien comandó la Armada durante el gobierno de Jair Bolsonaro, condenado a 24 años de prisión; Anderson Torres, exjefe de la Policía Federal y exministro de Justicia, que también fue condenado a 24 años de prisión; el general retirado Augusto Heleno, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional, condenado a 21 años de prisión; el militar Mauro Cid, exayudante de campo de Bolsonaro, que se benefició de un acuerdo con la fiscalía de delación premiada y fue condenado a dos años de prisión; Paulo Sérgio Nogueira, otro militar de la cúpula del gobierno de Bolsonaro, exministro de Defensa, que cumplirá 19 años de prisión, y Walter Braga Netto, general retirado y exministro de Defensa y jefe del Estado Mayor del gobierno de Bolsonaro, condenado a 26 años de prisión.
Los abogados de los acusados en el intento de golpe de Estado ya anunciarion que presentarán las apelaciones. Después de la presentación de estos recursos, corresponde al juez ponente, el magistrado Alexandre de Moraes, solicitar una fecha para el juicio, que puede tener lugar en sesión plenaria presencial o virtual. El presidente del tribunal, Flávio Dino, es el responsable de fijar la fecha de tal sesión. Si se rechazan las solicitudes presentadas por las defensas de los condenados, Moraes puede ordenar el inicio inmediato de la ejecución de la pena.
En el caso de Bolsonaro, el ministro decidirá si permanece cumpliendo prisión domiciliaria en su casa de Brasilia o si deberá hacerlo en otro lugar. El diario O Globo informó que algunas opciones que se manejan incluyen una unidad militar o una dependencia de la Policía Federal.
También es posible presentar un recurso para intentar revisar la sentencia en un plazo de 15 días. Sin embargo, el STF entiende que este recurso únicamente es válido contra una decisión del tribunal si hay dos votos absolutorios. En el caso de Bolsonaro y la mayoría de los acusados, sólo hubo un voto, el del juez Luiz Fux.
Algunos abogados de los acusados ya declararon de manera pública que también presentarán una moción de infracción, considerando que esta interpretación no está expresada en el reglamento del STF. Sin embargo, Moraes podría rechazar la moción simplemente si lo decide, sin tener que consultar a otros integrantes del cuerpo.