El Senado brasileño aprobó en la noche del miércoles un proyecto de ley que ya tuvo el visto bueno de la Cámara de Diputados la semana pasada y podría reducir la pena del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a un total de 27 años y tres meses de prisión por su papel en la trama golpista tras su derrota electoral en 2022, y también las de otros integrantes de su gobierno. Desde fines de noviembre, Bolsonaro se encuentra en prisión preventiva en un centro de reclusión por intentar destruir su tobillera electrónica cuando cumplía prisión domiciliaria. En su momento, atribuyó esa acción a un supuesto episodio de paranoia.
Según informó la agencia Efe, el proyecto tuvo 48 votos a favor, 25 en contra y hubo una abstención. Entre las modificaciones que incluye, se impide la acumulación de las penas que implican los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y el de golpe de Estado cuando se hayan cometido en un mismo contexto. Se aplica únicamente la pena más grave, que en este caso pertenece al segundo delito e implica hasta 12 años de prisión. Por otro lado, la agencia informó que también prevé reducir la pena hasta dos tercios cuando se participa en el golpe de Estado como parte de una “multitud”, sin ejercer liderazgo ni financiación, y habilita un pasaje más ágil desde el régimen cerrado de prisión al semiabierto tras cumplir al menos una sexta parte del tiempo previsto en la sentencia.
Durante su debate en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, el legislador Esperidião Amin, del partido de derecha Progresistas, aceptó incluir una enmienda al texto original que se calificó como “ajuste de redacción” para evitar su retorno a la cámara baja. Esa enmienda plantea tanto restringir las condiciones para la reducción de la pena en régimen cerrado como limitar los beneficiarios del proyecto únicamente a los exfuncionarios golpistas.
Con lo anterior, la condena de Bolsonaro podría reducirse a poco más de dos años de prisión antes de pasar a un régimen más flexible de privación de la libertad, mientras que otros participantes pertenecientes al núcleo duro del esquema también se verían beneficiados. Según informó Carta Capital, el exministro de Justicia y Seguridad Pública Anderson Torres podría pasar a cumplir dos años y medio, mientras que el exalmirante Almir Garnier cumpliría un tiempo similar. Del mismo modo, otras personalidades directamente implicadas verían una reducción en sus condenas y, de acuerdo con los cálculos de la revista, no superarían los tres años de prisión en régimen cerrado.
El proyecto ahora será enviado para recibir la sanción presidencial. Si bien el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que lo vetará, el Congreso podría sortear el veto y aprobar el proyecto sin la firma del presidente si reúne una mayoría simple en una sesión conjunta entre diputados y senadores.
“La reducción de las penas de Jair Bolsonaro y otros golpistas, aprobada esta noche [del miércoles] en el Senado, constituye una falta de respeto a la decisión del Tribunal Supremo y un grave retroceso en la legislación que protege la democracia. La forma en que la cúpula gubernamental gestionó este asunto en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado fue un lamentable error, contradiciendo la postura del gobierno, que desde un principio se opuso a la propuesta. El presidente vetará este proyecto de ley”, consignó vía X la ministra de Relaciones Institucionales de Brasil, Gleisi Hoffmann.
Este jueves, Lula confirmó que aplicará el veto. “Las personas que cometieron un crimen contra la democracia tienen que pagar por los actos cometidos”, dijo. El presidente reconoció que el Congreso podrá levantar el veto después, pero señaló que él tiene derecho a vetar esta ley y así lo hará.
“Necesitamos tomarnos muy en serio lo que pasó en enero de 2023”, dijo Lula, en referencia al asalto a las sedes de los Tres Poderes del Estado por parte de bolsonaristas que reclamaban un levantamiento militar. “Si la democracia olvida la importancia que tiene, terminamos perdiendo todos”, advirtió.