Las acciones militares de Estados Unidos contra presuntos narcotraficantes en aguas internacionales cercanas a Venezuela y Colombia, “que han matado a más de 80 civiles en 21 ataques, son graves violaciones del derecho a la vida y del derecho internacional del mar”, y “los responsables de ordenar y llevar a cabo estos asesinatos extrajudiciales deben ser investigados y procesados por homicidio”.
Así lo manifestaron dos expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Uno de ellos, el griego George Katrougalos, es un experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, y el otro, el australiano Ben Saul, es el relator especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
Después de que Washington declarara el cierre del espacio aéreo venezolano, los dos expertos señalaron, según un comunicado de la ONU, que el derecho internacional establece que “los estados tienen soberanía completa y exclusiva sobre el espacio aéreo por encima de su territorio” y cualquier intervención de otro Estado al respecto constituiría “una violación flagrante de la Convención de Chicago”.
También recordaron que la carta de la ONU prohíbe “la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.
Los dos expertos instaron a Estados Unidos a evitar “acciones que puedan agravar aún más la situación”, en momentos en que el presidente de ese país, Donald Trump, amenaza con ataques terrestres en Venezuela, y eventualmente en Colombia y otros países.
“La larga historia de intervenciones externas en América Latina no debe repetirse”, manifestaron. “El respeto a la soberanía, la no intervención y la solución pacífica de los conflictos son esenciales para preservar la estabilidad internacional y evitar el deterioro de la situación”, agregaron.
Ataque contra “náufragos”
En Estados Unidos, estos ataques han recibido repudio, pero también apoyo de buena parte del Partido Republicano.
La posibilidad de que se hayan cometido crímenes de guerra es investigada por una comisión bicameral del Congreso que se ha concentrado en uno de los ataques, el lanzado el 2 de setiembre, en el que después de bombardear a una supuesta “narcolancha” se ordenó un segundo bombardeo para matar a dos sobrevivientes que flotaban aferrados a los restos de la embarcación.
Ante esa comisión compareció este jueves el almirante estadounidense Frank Bradley, quien supuestamente dio la orden de bombardear por segunda vez, y lo acompañó el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.
Después de la reunión, que se desarrolló a puertas cerradas, el congresista demócrata Jim Himes, integrante del Comité de Inteligencia, dijo a los periodistas: “Lo que vi en esa sala fue una de las cosas más perturbadoras que he visto en mi tiempo en el servicio público”, según citó CNN.
“Cualquier estadounidense que vea el video que yo vi verá al ejército estadounidense atacando a náufragos: malos, pero atacando a náufragos”, dijo. Afirmó que, aunque transportaban drogas, “no estaban en condiciones de continuar su misión de ninguna manera”. Por otra parte, informó que, según Bradley, “no hubo una orden de ‘matarlos a todos’”.
Antes de la sesión de la comisión, el congresista había dicho a CNN sobre este ataque: “Tenés a dos personas en evidente peligro, sin medios de locomoción y con una embarcación destruida, que fueron asesinadas por Estados Unidos”.
Una visión muy distinta expresó el congresista republicano Rick Crawford, que también participó en la reunión. “No debería sorprendernos cuando mandamos gente a cumplir una misión, y la cumplen”, dijo.
El lunes, después de que la información sobre el segundo ataque contra los supervivientes fuera publicada por The Washington Post y fuera negada, en un principio, por el gobierno, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que eso había ocurrido. Manifestó además el respaldo del gobierno Trump y del secretario de Guerra, Pete Hegseth, a las decisiones tomadas, y leyó un comunicado según el cual, el hecho “tuvo lugar en aguas internacionales y estuvo en conformidad con el derecho en conflictos armados”.
“El presidente Trump y el secretario Hegseth han dejado claro que los grupos narcoterroristas designados por el presidente están sujetos a ataques letales de conformidad con las leyes de la guerra. Con respecto a los ataques en cuestión, el 2 de setiembre, el secretario Hegseth autorizó al almirante Bradley a llevar a cabo estos ataques”, leyó Leavitt, de acuerdo con la agencia Efe.
Consultado sobre la decisión de “matar a supervivientes”, el presidente Trump respondió a periodistas: “Apoyo la decisión de destruir los botes y quienquiera que pilotee esos botes”, porque quien lo haga “es culpable de intentar matar a personas en nuestro país”.