Una multitud respondió a la convocatoria a marchar hasta la Plaza de Mayo impulsada por las principales centrales sindicales argentinas, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina. La movilización fue organizada contra la reforma laboral del gobierno, la llamada “ley de modernización laboral”, que busca flexibilizar derechos y condiciones de trabajo, y que los sindicatos califican de “regresiva y precarizadora”.
A las centrales sindicales se sumaron organizaciones sociales, jubilados y sectores de partidos políticos, en particular del Partido Justicialista y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que hizo su propia convocatoria a pocas cuadras de la plaza.
Algunas columnas denunciaron que la Gendarmería Nacional impidió que ómnibus con manifestantes llegaran hasta el centro de Buenos Aires. “Repudiamos enérgicamente el accionar de la Gendarmería Nacional, cuyos agentes están deteniendo micros en los accesos e impidiendo el traslado de miles de manifestantes hacia la movilización”, denunció la CGT en su cuenta de X.
“Este es el primer paso de un plan de lucha”, dijo uno de los oradores, Octavio Argüello, que pertenece al sindicato de los camioneros y es uno de los tres secretarios de la CGT. Los otros dos integrantes de la cúpula de esa central, Cristian Jerónimo y Jorge Sola, también participaron en la oratoria.
Según citó elDiarioAr, Argüello manifestó el rechazo a una reforma laboral que los trabajadores consideran “entreguista” y dijo que si los reclamos no encuentran respuesta, continuarán las movilizaciones, que podrían incluir un paro nacional.El sindicato de los trabajadores estatales llevó adelante ayer un paro con un acatamiento del 93% en todo el país.
A su turno, Jerónimo manifestó: “No nos para ni el calor ni la Gendarmería, ni la Prefectura. Tenemos conciencia y vamos a defender nuestros intereses”. El dirigente señaló que los trabajadores no pueden “permitir que siga existiendo la transferencia de recursos de los sectores postergados a los más concentrados”. Dijo que durante el actual gobierno “se perdieron 276.000 puestos de trabajo y 20.000 pymes han cerrado”, y agregó: “¿De qué modelo exitoso hablan?”.
Sola cerró la oratoria con la afirmación de que los trabajadores seguirán movilizados si el oficialismo insiste con esta reforma y advirtió que “no hay libertad sin justicia social, le pese a quien le pese”, de acuerdo con La Nación. “Esta reforma laboral está redactada maliciosamente a favor de las grandes corporaciones de la Argentina”, dijo el dirigente.
El proyecto de ley que impulsa el gobierno reduce el costo de las indemnizaciones por despido y permite que se paguen en cuotas. También reduce el poder de negociación de los sindicatos al prever acuerdos entre el trabajador y la empresa, en lugar de convenios colectivos de un sector. A su vez, debilita las herramientas de lucha sindical al exigir mayores guardias gremiales durante las huelgas en áreas consideradas esenciales, que aumentarán en número con este proyecto de ley.
Otros derechos laborales también son afectados. Para evitar el pago de horas extra, la reforma prevé que si se le pide a un trabajador que cumpla con una jornada de hasta 12 horas un día, eso se le pueda compensar reduciéndole otra jornada. Las licencias se pactan, fragmentadas, entre trabajador y la patronal. El plazo de contrato a prueba para las trabajadoras domésticas aumenta a seis meses, y la lista de cambios a favor de los contratantes y en perjuicio de los contratados abarca varios puntos más.
Al acto asistieron legisladores, otros dirigentes políticos y las Madres de Plaza de Mayo, entre muchos otros actores sociales.
A unos metros, en el Congreso, sesionaban las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda del Senado que trataban este y otros asuntos. Si bien la reforma laboral obtuvo un dictamen en mayoría a favor, el debate sobre diversos puntos del proyecto se postergó para febrero por diferencias entre el oficialismo y la oposición denominada “dialoguista”, la que pertenece a partidos que no integran el gobierno, pero con frecuencia apoyan sus iniciativas.