La decisión del nuevo presidente boliviano, Rodrigo Paz, de eliminar las subvenciones a los combustibles, que se aplicaron durante más de 20 años fue rechazada por buena parte de la oposición y por los sindicatos.
La Central Obrera Boliviana (COB), la mayor del país, convocó este lunes a un paro con movilizaciones.
La medida, dispuesta mediante un decreto, supuso un aumento de 86% en el precio de la nafta y de 162% en el del gasoil.
El primer sector en anunciar movilizaciones fue el de los transportistas, que el viernes anunció paros y cortes de rutas a partir de este lunes.
Sin embargo, el gobierno, que descarta dar marcha atrás con su decisión, negoció hasta casi la medianoche del domingo para desactivar la movilización y lo logró. Las partes acordaron “trabajar en mesas técnicas” para mitigar el impacto del decreto, según informó el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, y citó la radio Erbol.
Lucio Gómez, líder de la Confederación Nacional de Chóferes de Bolivia, dijo que el acuerdo contempla cambios en aspectos tributarios y de facturación.
Por el contrario, la COB salió a las calles para exigir la derogación del decreto. “Nosotros no vamos a declinar, no vamos a negociar al margen de nuestro pueblo, no vamos a decepcionar la confianza que se ha puesto [en nosotros] para comandar este movimiento reivindicativo”, dijo su secretario ejecutivo, Mario Argollo, quien calificó la medida del gobierno de “arbitraria” y “dictatorial”.
El dirigente dijo que sólo “un sector privilegiado, empresarial y burgués” se beneficia con este decreto, y llamó al resto de la sociedad a sumarse a las movilizaciones.
El mayor impacto de la protesta se concentró en La Paz.
Hasta allí marcharon, desde todo el país, integrantes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, que cuestionan que este aumento de los precios afecta su trabajo y también la economía popular.
Las cooperativas mineras admiten que hay una situación de crisis en Bolivia, como afirma el gobierno, pero reclaman que las medidas del Ejecutivo se tomen de manera consensuada con los sectores afectados.
Señalaron que el paro con movilización de este lunes es sólo el comienzo de las protestas si el gobierno no responde a sus reclamos.
La convocatoria de la COB movilizó a distintos sindicatos, desde maestros rurales y pequeños empresarios de la ciudad de El Alto, que bloquearon carreteras en esa localidad cercana a la capital, hasta los universitarios y los obreros de fábricas de Cochabamba.
Años atrás, otros intentos de retirar estos subsidios –incluso durante el gobierno de Evo Morales– fueron revertidos por la reacción de rechazo popular que generaron.
Sin embargo, el actual ministro de Trabajo, Édgar Morales, afirmó que “tiene datos” de que más del 70% de los bolivianos está de acuerdo con esta medida y agregó que no hay otra salida más que adoptarla.
“Sí o sí tenía que hacerse, porque no hay otra salida”, sostuvo. Si bien admitió que pudo haber habido más diálogo, invitó a los sectores involucrados a conversar.
El gobierno argumenta que mantener la subvención en 2026 implicaría un gasto de 3.500 millones de dólares, equivalentes al 6,4% del PIB, un monto que, manifestó, Bolivia no puede afrontar. Afirma que se propone atender una situación de “crisis económica, financiera y social” que fue “heredada” de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, a los que acusa de “mala administración y despilfarro”.
En el mismo decreto, Paz dispuso otras medidas, como un aumento del salario mínimo de 395 a 474 dólares y el aumento de las pensiones que reciben los adultos mayores que no tienen aportes para jubilarse.
El presidente, además, declaró la “emergencia económica y social”. En un discurso transmitido en televisión la semana pasada, dijo que esta es una “decisión histórica de salvataje de la patria” para “estabilizar la economía, proteger a las familias bolivianas y crecer produciendo”.
“Asumimos el gobierno de un país profundamente herido en su economía, en sus reservas, sin dólares, con una inflación creciente, sin combustibles y con un Estado que fue vaciado desde adentro. Bolivia está enferma, la arrasaron como en la guerra. Nos dejaron solos, nos saquearon como país”, afirmó.
Dijo que hubiera preferido retirar el subsidio en forma gradual, pero agregó: “No tengo plata ni para hacerlo gradual [...] Nos han dejado un país quebrado”.
Los expresidentes Evo Morales, que llamó a movilizarse, y Luis Arce rechazaron la decisión de Paz.
Por el contrario, el gobierno de Estados Unidos celebró las reformas “destinadas a restablecer la estabilidad, la prosperidad y la inversión en Bolivia tras décadas de políticas fallidas”, según dijo en un comunicado el secretario de Estado, Marco Rubio. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos prometió colaboración de Washington para “garantizar que estas reformas reporten beneficios al pueblo boliviano en el menor tiempo posible”.
“Funcionarios del gobierno de Estados Unidos se encuentran actualmente en Bolivia con el fin de facilitar inversiones que fomenten la prosperidad para nuestras dos naciones. Estados Unidos está dispuesto a apoyar la transición de Bolivia y a profundizar nuestra asociación”, dijo Rubio.