En febrero de 2023, a un año del derrame de casi 12.000 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, el Ministerio del Ambiente (Minam) informó que realizaría el primer estudio de valoración económica del desastre. Sin embargo, la promesa no se ha cumplido.
No se trata de un cálculo trivial: esa estimación es necesaria para determinar una reparación civil “objetiva”, si en la vía penal se comprueba que Repsol cometió el delito de contaminación ambiental. También serviría para sustentar una demanda civil contra la empresa, explica Percy Grandez Barrón, director de la Clínica Jurídica de Litigación Ambiental de la Universidad Científica del Sur.
Hace poco más de un año, tras un proceso de selección que duró cuatro meses, el Minam firmó un contrato por S/499.000 (aproximadamente 134.500 dólares) con el Grupo Palomares SAC para que realice el estudio. De hecho, en las bases del concurso se detalló que “la información obtenida” sería un “insumo” para una demanda judicial contra Repsol.
Aun así, los funcionarios responsables de la selección —Moisés Montalvo Ayala, Katia Toledo Mori y Elvis García Torreblanca, de acuerdo al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)— no observaron un detalle crucial antes de encargarle el trabajo: la empresa había prestado servicios para el Grupo Repsol hasta en tres oportunidades. La última de ellas, ese mismo 2023, confirmó Ojo Público.
En noviembre el Minam anuló el contrato con Grupo Palomares. Sin embargo, no hizo ninguna referencia a este tema. Por el contrario, alegó un “incumplimiento injustificado” de la consultora en sus obligaciones.
Al ser consultado por este medio, el representante legal de la empresa precisó que no recibió ningún pago por el trabajo y que está en un proceso de conciliación con el Minam. “Si ellos no van a la segunda [audiencia], ya vamos a entrar al arbitraje. Pero es una cosa fea, porque todo eso cuesta y no hemos recibido un solo centavo”, dijo Benjamín Palomares de los Santos, gerente general de Grupo Palomares.
Grupo Palomares y su vínculo con Repsol
La propuesta que presentó Grupo Palomares SAC para el concurso público del Minam incluyó diversos documentos sobre su experiencia en el sector. Si bien los datos generales de presentación no detallaron sus antecedentes contractuales con Repsol, esto sí constaba en los perfiles del equipo técnico propuesto para ejecutar el servicio, verificó Ojo Público.
A pesar de estos antecedentes, Palomares de los Santos considera que no tiene un conflicto de interés para elaborar el informe sobre el derrame de Repsol. “Nosotros somos muy estrictos en el cálculo, eso es fundamental. No dejamos que nos maniobren, es un trabajo técnico y lo probamos con diferentes metodologías”, aseguró.
En comunicación con Ojo Público, Repsol reconoció que, en años previos, tuvo una relación contractual con Grupo Palomares. Según refirió por escrito, esto se limitó a una sola empresa del grupo: Repsol Exploración Perú Sucursal del Perú, operadora del Lote 57.
Al igual que la consultora, considera que no existe un conflicto de interés. “Ninguna de las empresas de Grupo Repsol tenía conocimiento de la contratación de dicha empresa (...) por parte del Minam. Desconocemos el detalle del proceso de contratación y los resultados de dicha consultoría”, afirmaron.
A criterio de Italo Dell’Erba Ugolini, catedrático y experto en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aunque los contratos entre Grupo Palomares y Repsol sean antiguos y no involucren a Refinería La Pampilla, Minam debió seleccionar a una consultora “independiente y autónoma”. Esto teniendo en cuenta que, en cierta medida, Grupo Palomares se convertiría “en juez y parte”.
“[Luego van] a venir las investigaciones del control gubernamental, que realiza la Contraloría, y se pueden presentar [diversas] observaciones, que no solamente caen en una conducta antiética, sino también en responsabilidades administrativas, civiles y penales”, señaló el especialista.
Un camino de observaciones
En setiembre de 2023, el Minam abrió una convocatoria para adjudicar una consultoría vinculada al derrame de Repsol en el mar peruano. Esta debía analizar el daño ambiental y hacer una valoración económica de las afectaciones a los ecosistemas. Para ello, el ministerio ofrecía más de S/620.000.
El tipo de cuantificación que se solicitaba es una herramienta empleada para determinar en términos monetarios “el valor de los beneficios económicos, sociales, ambientales, directos o indirectos que las personas obtienen por el buen funcionamiento de los ecosistemas”, explica el especialista en derecho ambiental Percy Grandez Barrón.
Cinco semanas después, cuando se cerró la convocatoria, sólo se habían postulado dos empresas: Consultores Asociados en Naturaleza y Desarrollo (Candes) y Grupo Palomares SAC.
Para la evaluación técnica de los postores, los especialistas consideraron tres criterios: experiencia, formación académica y propuesta metodológica. Este último requisito —que implica que la empresa sustente cómo ejecutará el trabajo— no fue enviado por ninguna de ellas. A pesar de eso, obtuvieron el puntaje suficiente para pasar a la evaluación de la propuesta económica.
En dicha etapa, Candes solicitó S/620.300. Grupo Palomares pidió un poco menos: S/499.000, una diferencia que le permitió ganar la adjudicación.
Así, el 21 de diciembre de 2023, Sergio Gonzáles Guerrero, director de la oficina general de Administración del Minam, y Palomares de los Santos, gerente general de Grupo Palomares, firmaron el contrato para el servicio.
El informe final de la consultoría debía estar listo el 28 de abril de 2024. Pero esto nunca ocurrió. Recién a un mes de la fecha límite, el Minam aprobó el plan de trabajo de Grupo Palomares, que era considerado el primer entregable. Es decir, los objetivos a alcanzar, los recursos que necesitaba, la lista de actividades que iba a realizar y el planteamiento metodológico de la valoración económica, entre otros aspectos.
El segundo avance incluía información cualitativa y descriptiva sistematizada sobre el daño del derrame, una matriz con indicadores para reconocer el daño ambiental, la salud de las personas, áreas naturales protegidas y otras zonas afectadas por el hidrocarburo, junto a otros documentos técnicos.
Este entregable, según los plazos de ejecución del contrato, debía estar listo en marzo. Pero, con los retrasos en la aprobación del plan de trabajo, Grupo Palomares lo envió recién el 2 de junio del año pasado.
Tres semanas después, el Minam le hizo llegar a la consultora ocho observaciones de la Dirección General de Economía y Financiamiento, y 46 adicionales de la Dirección General de Calidad Ambiental.
Hasta agosto, la consultora no había logrado levantar las observaciones. Entonces, la Dirección General de Economía y Financiamiento le hizo llegar un nuevo escrito. Allí le precisó que los documentos entregados aún no desarrollaban los criterios usados para identificar los daños ambientales, entre otros comentarios.
Dos meses más tarde, la misma dirección del Minam señaló que la empresa no había solucionado los problemas con los criterios para determinar los daños. Añadió que el ministerio había identificado información que, aunque no era de autoría de los consultores, carecía de cita. El informe, agregaron, tampoco tenía una “revisión bibliográfica especializada”.
El mismo 2 de octubre la entidad señaló que el focus group —técnica de investigación basada en entrevistas a un grupo seleccionado— elaborado por la empresa sólo había considerado a “expertos”, cuando se pedía considerar un conjunto “heterogéneo”.
De acuerdo a Palomares de los Santos, lo ideal hubiera sido recibir todas las observaciones juntas, en lugar de cuatro “paquetes” de cuestionamientos. “Les decíamos ‘díganos dónde está el problema’. ‘No, ustedes son los expertos, ustedes deben encontrarlo’, [respondía el Minam]. Eso es una falta de respeto y también un maltrato”, dijo el contratista.
Un mes y medio después, el Minam envió una carta de resolución de contrato a la casa de tres pisos de Los Olivos, donde se encuentra el domicilio fiscal de Grupo Palomares. En esa comunicación, la cartera señaló que la decisión se debía al “incumplimiento injustificado” de las obligaciones contractuales. Al 18 de noviembre, agregó, persistían 31 observaciones no absueltas por la consultora.
Ojo Público envió un cuestionario al Minam para conocer mayores detalles sobre la contratación de Grupo Palomares, el posible conflicto de interés con Repsol y la responsabilidad de la cartera ante la falta de una valoración económica del desastre ambiental. Sin embargo, al cierre de este informe, no hubo respuesta.
Fiscalía abre investigación contra Repsol y el Minem
El 27 de enero, luego de conocerse que ninguno de los 18 planes de remediación presentados por Repsol ha sido aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la Fiscalía comunicó que había iniciado una investigación preliminar contra la empresa y la Dirección General de Asuntos Ambientales del ministerio.
Ante estas demoras, la hipótesis de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste es que se ha incurrido en delito ambiental y entrega de información inexacta.
El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, no se ha mostrado preocupado por la laxitud en la aprobación de los planes de remediación. Días atrás, al ser consultado por RPP, dijo que “Repsol sí ha ido remediando, basado en [los planes presentados]”. Agregó que el Minem le informó que, “en los próximos meses”, se contará con la validación de dichos documentos.
A tres años del derrame de hidrocarburos en el mar de Ventanilla, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) detalló a Ojo Público que, de los 16 procedimientos sancionadores contra Repsol, sólo cinco terminaron con multas por casi S/65 millones, que ya fueron pagadas. De los otros 11 procedimientos del OEFA, uno fue archivado y el resto se encuentra en trámite en primera y segunda instancia.
A la fecha, tampoco hay información sobre la cantidad de crudo involucrado en el “afloramiento” reportado por Repsol el 5 de diciembre de 2024 en el terminal multiboyas 2 de Ventanilla.
El OEFA informó a este medio que los detalles sobre ese evento se incluirán en su informe de supervisión. Según explicaron, se tomaron siete muestras de agua de mar y se están analizando.
Repsol también ha judicializado seis multas del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) por el derrame en Ventanilla, tras agotar la vía administrativa. Estas acumulan más de 6.756 UIT.
Sobre el “afloramiento” de petróleo del 5 de diciembre, Osinergmin indicó que, al día siguiente, se suspendieron las actividades del terminal 2, y que, de encontrarse incumplimientos normativos, iniciarán procesos sancionadores.
Una versión más extensa de este informe fue publicada en Ojo Público.