A partir del jueves comenzarán las negociaciones entre la conservadora Unión Cristianodemócrata (CDU, por sus siglas en alemán), que ganó las elecciones del 23 de febrero, liderada por Friedrich Merz, y el Partido Socialdemócrata (SPD), del actual canciller Olaf Scholz, para formar una alianza de gobierno en Alemania.
Este lunes, las autoridades de la CDU habilitaron formalmente esas conversaciones, que se prevé que se extiendan por diez días, según anunció su secretario general, Carsten Linnemann. El dirigente informó que los dos partidos acordaron un documento con algunas de las medidas que se proponen implementar.
De acuerdo con Linnemann, los dos partidos que volverán a gobernar el país en la que es conocida como Gran Coalición coincidieron en poner límites a la inmigración irregular, reformar la ayuda social y destinar un paquete de 500.000 millones de euros para infraestructura y defensa.
Un día antes, el domingo, la dirigencia de los socialdemócratas también había aprobado avanzar en conversaciones formales –calificó las anteriores como exploratorias– hacia una coalición de gobierno. El copresidente del SPD y jefe de su bancada, Lars Klingbeil, señaló que una vez que se procesen las conversaciones formales, las bases tendrán la última palabra sobre una eventual alianza.
En las elecciones de febrero los conservadores reunieron 28,6% de los votos, seguidos por la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) con 20,8%, los socialdemócratas con 16,4%, Los Verdes con 11,6% y La Izquierda con 8,8%.
Descartada la opción de una alianza que incluyera la AfD en el gobierno, los conservadores iniciaron contactos con los socialdemócratas, Los Verdes y también con los liberales del FDP, que recibieron 4,3% de los votos.
Los conservadores tienen más posibilidades de reunir una mayoría parlamentaria que les permita gobernar que de lograr el apoyo de dos tercios de los legisladores que necesitan para aprobar el gasto de 500.000 millones de euros. Ese gasto supera el límite de deuda que impone la Constitución, que es de 0,35% del PIB, y requiere una reforma constitucional. Esta iniciativa ya fue cuestionada por La Izquierda, Los Verdes y la AfD.
Poco antes de que Linnemann diera su conferencia de prensa, la colíder de la bancada de Los Verdes, Katharina Dröge, manifestó que “es su derecho acordar lo que quieran, pero si quieren llegar a un acuerdo para cambiar la Constitución, no vamos a votar a favor de estas propuestas”.
Para Dröge y la otra colíder de la bancada verde, Britta Hasselmann, del paquete de 500.000 millones no se destinará “ni un euro” a inversiones en infraestructuras, sino que se utilizarán esos recursos para exenciones fiscales y subsidios al combustible para agricultores, informaron la agencias Efe y Europa Press. Por su parte, tanto la AfD como La Izquierda se oponen a un incremento del gasto en defensa.
Los conservadores y los socialdemócratas también reciben cuestionamientos por su estrategia para intentar que esa iniciativa prospere. Se proponen convocar a una sesión extraordinaria del Parlamento con su integración previa a las elecciones, porque cuando asuman los nuevos legisladores, el 25 de marzo, cambiará la correlación de fuerzas y bastará con la oposición de La Izquierda y la AfD para que no se llegue a los dos tercios de votos que necesitan.
La Izquierda y la AfD presentaron, cada uno por su lado, recursos ante el Tribunal Constitucional contra el gasto acordado por los posibles socios en el próximo gobierno alemán. La AfD reclamó que esa corte impida que se convoque a una sesión extraordinaria del Parlamento con su conformación previa a las elecciones para tratar este asunto.
Lo mismo reclamó La Izquierda. El copresidente interino de su bancada, Sören Pellmann, también pidió la intervención urgente del tribunal. Argumentó que sería inconstitucional que esa sesión se convocara después de que el viernes se anuncien los resultados definitivos de las elecciones de febrero, y que además implicaría una “incapacitación política” de los legisladores electos.
Una vez que asuman los nuevos parlamentarios, La Izquierda podría estar dispuesta a apoyar una reforma que cambie el tope de deuda, pero rechaza que esto se modifique sólo para ciertos ámbitos, en particular el de defensa. La colíder de la bancada izquierdista, Heidi Reichinnek, dijo que le corresponde al Parlamento decidir a qué se destina ese gasto. Los Verdes, a su vez, habían reclamado que parte de esos fondos se destinaran a medidas vinculadas con el medioambiente.