La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este lunes que su cartera presentará una denuncia contra la jueza Karina Andrade por dejar en libertad a la mayoría de los detenidos durante la marcha en defensa de los jubilados del miércoles 12.
La jueza basó su decisión en que no recibió de la Policía información suficiente sobre las circunstancias de las detenciones o los delitos que supuestamente estaban cometiendo esas 114 personas. Sin embargo, el ministerio entiende que Andrade incurrió en “prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento”.
“Los violentos de siempre, los barrabravas y los militantes kirchneristas y de izquierda atacaron con palos, cuchillos y fuego, dejando policías heridos y patrulleros incendiados. Pero la jueza Andrade los dejó libres sin siquiera revisar sus antecedentes”, dijo Bullrich en su cuenta de X. “No fue un error, fue complicidad”, dijo. “Con la ley en la mano y sin miedo, ni un paso atrás”, agregó.
Según informó Página 12, la demanda considera que la decisión de la jueza de tener en cuenta que existe el derecho a la protesta es una “argumentación filosófica” con la que legitimó “el actuar delictivo de los imputados”.
Además, el ministerio insiste con que la protesta fue un intento de desestabilizar al gobierno y argumenta que “los hechos ocurridos en la Plaza de los dos Congresos el 12 de marzo de 2025, ampliamente cubiertos por todos los medios de comunicación, invitan a cualquier letrado a considerar que no puede descartarse una organización tendiente a provocar los graves desórdenes para poner en crisis el orden constitucional”.
Una organización civil que nuclea a los jueces de tribunales –la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires– señaló en un comunicado que, “ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la Jueza Karina Andrade”, se debe señalar “que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y [que] su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial”. Exhortó a que “el debate sobre las resoluciones judiciales se mantenga dentro de la órbita institucional consagrada por la normativa”.
“Mienten”
Bullrich volvió a defender la actuación de las fuerzas de seguridad e insistió con que sus funcionarios dispararon correctamente los cartuchos de gases irritantes como el que impactó en el cráneo del fotógrafo Pablo Grillo cuando estaba trabajando y le causó fracturas de cráneo y pérdida de masa encefálica.
“Mienten, porque no salió en horizontal. El gendarme tiró como tenía que tirar”, a 45 grados, dijo en una entrevista con La Nación+. Volvió a argumentar que el proyectil rebotó dos veces antes de impactar en Grillo, pese a registros audiovisuales que muestran lo contrario.
Distintos videos publicados en la cuenta de X de la organización civil Mapa de la Policía, y el análisis de Rodolfo Pregliasco, perito experto en disparos lanzados en protestas, indican que el proyectil fue lanzado en línea recta y hacia abajo, directo hacia donde estaba Grillo.
Otras imágenes, tomadas por drones y divulgadas por esa organización, permitieron a peritos que trabajan con Mapa de la Policía identificar al gendarme que lanzó el proyectil, por su posición, la hora exacta en que lo lanzó y particularidades de su uniforme, en el que lleva un cartel con su apellido.
En una nueva reglamentación, las autoridades prohibieron el uso de drones en el entorno de la Casa Rosada, lo que impedirá registrar imágenes como esta en la próxima marcha de los jubilados, que se repite todos los miércoles.
“Prohibir que los drones sean parte de la cobertura periodística en una movilización es lisa y llanamente censura previa y planificación de la impunidad posterior”, sostuvo Myriam Bregman, dirigente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
La marcha de este miércoles contará, entre otros, con el apoyo del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que nuclea a distintos sindicatos universitarios.
“Si es una marcha como la que han venido haciendo los jubilados durante tiempo, planteando un reclamo que es absolutamente legítimo, no tenemos ningún problema”, dijo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pese a que fue precisamente la represión contra ancianos en marchas anteriores lo que llevó a distintas organizaciones sociales a acompañarlos el miércoles pasado. “Pero si se agregan agentes violentos que lo que pretenden es desestabilizar, serán reprimidos por la fuerza del orden si es que utilizan la violencia para expresarse”, agregó.