Fernando Collor de Mello, que fue presidente de Brasil de 1990 a 1992 y luego ocupó una banca en el Senado, fue detenido este viernes en la ciudad de Maceió, la capital del estado de Alagoas, donde reside. Desde allí tenía previsto viajar a Brasilia para entregarse de forma voluntaria a las autoridades después de que el Supremo Tribunal Federal ordenara su captura “inmediata”, informaron sus abogados.
La Justicia dictaminó que el exgobernante debe cumplir una condena de ochos años y diez meses por delitos de corrupción.
La investigación contra Collor de Mello apunta a sus años de senador, cargo que ocupó de 2007 a 2023, cuando se dictó la sentencia en su contra. El político siguió en libertad los últimos dos años porque todavía era posible presentar una serie de recursos contra ese fallo, que por lo tanto no era firme. Pero el último de esos recursos fue rechazado el jueves por el juez Alexandre de Moraes, que lo consideró “meramente dilatorio”.
De Moraes dispuso el “inicio inmediato de la sentencia condenatoria”, en principio en un régimen de prisión común.
Según la condena, Collor de Mello recibió coimas por 20 milllones de reales, unos 3,5 millones de dólares al cambio de hoy, con la colaboración de los empresarios Luís Pereira Duarte de Amorim y Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos. A cambio, el senador debía facilitar, de forma irregular, contratos entre las empresas BR Distribuidora, entonces subsidiaria de la petrolera estatal Petrobras, y otra compañía, UTC Ingeniería, para la construcción de infraestructura de distribución de combustible, informó el portal Metrópoles.
El caso se enamarca en la Operación Lava Jato, y los delitos que se le imputan a Collor de Mello son los de corrupción pasiva y lavado de dinero.
Está previsto que el pleno del Supremo Tribuna Federal, integrado por 11 jueces, analice este mismo viernes el fallo contra el expresidente, de 75 años, y decida si ratifica la decisión, pero la orden de detención ya se le aplica. Al conocer la decisión judicial, la defensa del expresidente manifestó “sorpresa” y “preocupación”.
Ya en 1992, Collor enfrentó acusaciones de corrupción y debió renunciar a la presidencia cuando avanzaba un proceso de destitución en su contra. Finalmente, el Supremo Tribunal Federal lo absolvió porque algunas de las pruebas que lo incriminaban no fueron admitidas como tales por los procedimientos con que se recabaron. De todos modos, en 1994, el Congreso sí lo consideró culpable y le quitó sus derechos políticos por ocho años.
Su mandato estuvo marcado también por una política de privatización, desregulación laboral, recortes en el Estado y aumentos de las tarifas de los servicios públicos. Años después, en 2006, Collor regresó con éxito a la política y estableció alianzas alternadas con distintos sectores políticos.