El gobierno mexicano que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso un proyecto de ley que tiene como objetivo crear una Plataforma Única de Identidad para facilitar la búsqueda de las personas desaparecidas en el país.
La problemática de las desapariciones no es nueva en México, pero creció de manera dramática en los últimos años. El tema tomó además mucha relevancia el pasado mes de marzo, cuando un grupo organizado de familiares de personas desaparecidas ingresó en un establecimiento rural en el estado de Jalisco, el rancho Izaguirre, en el que encontró vestigios de que allí funcionaba un centro de reclutamiento y exterminio del cártel Jalisco Nueva Generación.
Ante esto, Sheinbaum reaccionó con una serie de medidas. Entre ellas, además de poner en marcha entidades y mecanismos ya existentes, pero que habían perdido peso durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, dispuso una reforma legal que permitiría unificar todas las bases de datos biométricos existentes en el país, tanto de organismos públicos como de entidades privadas y de particulares.
Según expresa el texto del proyecto de ley enviado al Congreso, “[la plataforma se interconectará con] Cualquier registro, base o sistema de información de particulares que preste servicios financieros, de transporte, salud, telecomunicaciones, educación, paquetería y servicios de entrega, registros patronales y de seguridad social, religiosos, así como toda institución privada que tenga a su cargo registros o bases de datos de personas, que sea necesaria para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas”.
De acuerdo a lo que informó el portal mexicano Aristegui Noticias, esta plataforma será accesible para las fiscalías, el gabinete de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia.
Además, y ante los reclamos que sostenían que esta plataforma podría violar la protección de datos personales, en la normativa se expresa claramente que esto no sucederá. “La finalidad de este acceso es que las autoridades mencionadas puedan conocer sus registros, bases de datos o sistemas de información, para las acciones de investigación que lleven a cabo, sin que ello vulnere el derecho a la protección de datos personales”, expresa el texto puesto a consideración de los legisladores.
En la exposición de motivos se hace referencia al Padrón Electoral, que está bajo la órbita del Instituto Nacional Electoral (INE), y a las bases de datos del sector de la salud, que pasarán a formar parte de esta plataforma si se aprueba la iniciativa.
La norma prevé también sanciones económicas contra las entidades privadas y los particulares que se nieguen a compartir sus bases de datos.
Según informó el portal de noticias Animal Político, en el documento se describe que la pretensión es ampliar “el espectro de sanciones, pues no solo las servidoras públicas son sujetas de responsabilidad, sino que también se obliga a aquellos particulares que, por la naturaleza de sus actividades económicas, generen o posean bases de datos, registros o información que, por disposición de este ordenamiento, se encuentren obligadas a permitir su acceso”.
De acuerdo a datos oficiales del registro de la Secretaría de Gobernación, en México hay 125.287 personas desaparecidas, aproximadamente 60.000 desde 2019.
Un dato para nada menor es que el 90% de los casos de desapariciones fueron reportados a partir de 2006, año en el que el entonces presidente Felipe Calderón lanzó la denominada guerra contra el narcotráfico, una estrategia que fracasó de manera estrepitosa, ya que desde que se implementó, las organizaciones de narcotraficantes no hicieron otra cosa que aumentar su poder y penetración dentro de las fuerzas de seguridad y otras instituciones estatales.