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Giorgia Meloni, primera ministra italiana, el 18 de mayo, en Roma.

Foto: Alberto Pizzoli, AFP

El Parlamento de Italia aprobó una ley que dificulta el acceso a la ciudadanía a los descendientes de italianos

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Con la nueva legislación la nacionalidad únicamente le será concedida a quien tenga uno de los padres o de los abuelos “exclusivamente italiano”.

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Leído por Andrés Alba.
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La Cámara de Diputados italiana aprobó una nueva ley por 137 votos a favor, 83 en contra y dos abstenciones, que modifica las condiciones para que los descendientes de inmigrantes italianos puedan acceder a obtener la ciudadanía de sus ancestros.

La decisión, tomada el martes, valida el texto que ya había sido aprobado por el Senado a mediados de mayo, concluyendo así el trámite legislativo.

La nueva legislación fue presentada originalmente por el gobierno de la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, como un decreto ley, un instrumento utilizado en situaciones de urgencia que debe ser ratificado por ambas cámaras del Parlamento en un plazo de 60 días, que fue lo que efectivamente sucedió.

El texto final de la ley modifica algunos puntos propuestos inicialmente por el gobierno, restringiendo aún más las posibilidades de que un descendiente nacido en el extranjero obtenga la ciudadanía italiana.

Si bien el decreto-ley exigía que las dos generaciones anteriores al solicitante hubieran “nacido en Italia”, la nueva versión limita las solicitudes únicamente a los descendientes de padres o abuelos que tuviesen exclusivamente la ciudadanía italiana.

En la práctica, esto significa que incluso los italianos nativos que adquirieron una segunda ciudadanía durante su vida (como la uruguaya) no podrán transmitir el derecho a sus descendientes.

La excepción se aplica cuando el padre o la madre del descendiente hayan residido legalmente en Italia durante al menos dos años consecutivos antes del nacimiento del niño, incluso si tienen doble ciudadanía.

El viceprimer ministro y canciller de Italia, Antonio Tajani, uno de los impulsores de la propuesta, había dicho en una conferencia de prensa en marzo que las solicitudes de ciudadanía se habían multiplicado, frecuentemente basadas en una ascendencia muy lejana, y que había una “comercialización” del pasaporte italiano.

Los críticos dijeron que las solicitudes se estaban multiplicando y afectando el trabajo de los consulados italianos en el exterior.

La medida provocó un intenso debate parlamentario el martes, defendida por los partidos de la coalición gobernante de derecha liderada por Meloni, de acuerdo a lo que informó la cadena Deutsche Welle.

“La cultura y la identidad no son complementos ni una llave maestra para disfrutar de la salud, el empleo o las pensiones”, declaró Andrea Di Giuseppe, diputado del partido Hermanos de Italia.

La oposición criticó duramente la nueva ley. El diputado del Partido Demócrata Toni Ricciardi recordó que uno de los rasgos de la “italianidad” es precisamente la emigración del pasado, que se puede encontrar “en la lengua y las tradiciones” de varios países sudamericanos.

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