En pleno siglo XXI, existe un lugar del planeta donde convergen algunas contradicciones singulares de la geopolítica moderna. Se paga con euros en medio de la selva amazónica, las leyes del Código Civil francés se aplican entre comunidades indígenas, y los cohetes que llevan satélites al espacio despegan desde la misma región donde aún se practica la pesca artesanal. Un territorio caracterizado por desigualdades que parecen manifestarse cuando un Estado continental gobierna una isla situada al otro lado del charco.
Ubicada entre Surinam y Brasil, la Guayana Francesa es la única colectividad europea asentada en el continente sudamericano. Con sus 84.000 km² –la segunda región más grande de Francia–, este territorio cubierto al 96% por la selva amazónica aplica sin embargo de manera rigurosa el derecho francés y europeo.
Esta anomalía geográfica se remonta al siglo XVII, cuando Francia colonizó este territorio que se haría tristemente célebre con la instalación del presidio de Cayena. En 1946, la Guayana abandonó su estatus colonial para convertirse en un departamento francés de pleno derecho, con los mismos derechos y obligaciones que Saboya o Alsacia, por ejemplo.
Desde el Tratado de Maastricht (1992), la Guayana forma parte de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea, junto a Guadalupe, Martinica, La Reunión, Mayotte, San Martín, Canarias, Azores y Madeira. Este estatus particular reconoce las especificidades de estos territorios alejados del continente europeo. Pero paradójicamente, la Guayana no forma parte del espacio Schengen de libre circulación de personas, a diferencia de los archipiélagos atlánticos portugués y español. Esta exclusión subraya las dificultades de adaptación del derecho europeo a la realidad sudamericana. La Unión Europea reconoce además que las RUP forman parte de las regiones menos desarrolladas de Europa, con desafíos particulares vinculados a su aislamiento y limitaciones geográficas.
Pese a su pertenencia administrativa a Europa, la Guayana francesa intenta integrarse en su entorno sudamericano. Participa en los programas Interreg Caribe e Interreg Amazonía, que facilitan la cooperación con países vecinos en temas ambientales y de desarrollo. Pero esta integración permanece limitada. Mientras Guyana y Surinam viven un boom petrolero espectacular, la Guayana Francesa permanece como espectadora de esta bonanza energética. De alguna manera, Francia no desarrolla una visión estratégica comparable a la que despliega en el océano Índico, como en La Reunión, ante la presencia china.
Las cifras revelan claramente las dificultades del territorio: el 53% de la población vive bajo el umbral de pobreza, una tasa impensable en la Francia metropolitana. La Agencia Francesa de Desarrollo invierte allí 80 millones de euros anuales, contra 250 millones en La Reunión –30 veces más pequeña–. El aislamiento constituye un desafío mayor. La ausencia de rutas hacia el interior del territorio limita el desarrollo y mantiene a numerosas comunidades en el aislamiento. Además, el Estado francés posee el 90% de las tierras, lo que complica aún más la dinámica económica local.
Estas contradicciones alimentan reivindicaciones políticas crecientes. Tras el reciente reconocimiento de un estatus particular a la isla de Córcega, los responsables guayaneses reclaman un poder normativo independiente para adoptar “leyes del país” adaptadas a la realidad amazónica. Como explica la exministra francesa Christiane Taubira: “La aplicación del sistema francés en la Amazonía sigue siendo un absurdo, y todos los sectores de la vida económica explican que las normas francesas no funcionan”. Los pueblos amerindios, por su parte, exigen el reconocimiento de su estatus de “pueblo autóctono” según los criterios de la Organización de las Naciones Unidas, reconocimiento que Francia aún se niega a integrar en su derecho.
La Guayana debe también gestionar las consecuencias de su situación geográfica. París considera a Surinam un “narco-Estado” que facilita la minería ilegal de oro en territorio guayanés. Drogas, explotación aurífera clandestina y pesca ilegal constituyen plagas transfronterizas que las instituciones francesas no logran contener.
Sin embargo, este territorio acumula también activos estratégicos fundamentales. La base espacial de Kourou constituye la principal plataforma de lanzamiento de satélites y cohetes europeos, posicionando a la Guayana como una apuesta geopolítica continental. Establecido en 1965 por Charles de Gaulle, este centro espacial explotado por el Centro Nacional de Estudios Espaciales, Arianespace y la Agencia Espacial Europea representa una baza esencial para Francia y la Unión Europea en su estrategia espacial.
La Guayana Francesa ilustra los desafíos de la adaptación institucional en un mundo globalizado. Centro espacial estratégico para Europa, territorio francés más pobre, región europea en América del Sur: este territorio acumula las paradojas. La Guayana permanece así suspendida entre dos mundos, ni del todo francesa en su realidad cotidiana, ni realmente sudamericana en sus instituciones: un laboratorio particular dentro de las adaptaciones necesarias en la era de la globalización.