La elección del Poder Judicial representa un acontecimiento inédito en México.
Por primera vez en la historia del país, los cargos del Poder Judicial fueron electos mediante voto popular. la diaria conversó con Arístides Rodrigo Guerrero García, elegido el 1º de junio como uno de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Guerrero García recibió 3.584.825 votos (3,07% del total), lo que lo colocó entre los candidatos ganadores en esta inédita elección judicial. El proceso registró una participación ciudadana de aproximadamente 13%, con alrededor de 13 millones de votos emitidos, aunque enfrentó críticas en diversos ámbitos políticos y académicos.
Con una sólida trayectoria jurídica y académica, Guerrero García, nacido en Ciudad de México en 1984, ha dedicado más de una década al servicio público en temas clave como derecho electoral, transparencia, protección de datos y derecho parlamentario. Abogado formado en la Universidad Nacional Autónoma de México –donde obtuvo licenciatura, maestría y doctorado–, también completó estudios en la Universidad Complutense de Madrid y en instituciones en Italia y Estados Unidos.
Guerrero García ha defendido una justicia alejada del escritorio, cercana a la ciudadanía y tecnológicamente avanzada. Durante la campaña, se volvió viral al asegurar que estaba “más preparado que un chicharrón”. Como el miembro más joven del nuevo pleno del tribunal, asume el desafío de renovar el vínculo entre justicia, legalidad y representación popular en uno de los momentos más relevantes de la historia jurídica reciente del país.
Desde Uruguay vimos con mucha expectativa lo que sucedió en México a partir de la aprobación de la reforma judicial que tuvo como resultado una nueva conformación de la SCJN que asumirá el 1º de setiembre. ¿Cómo fue el proceso en México desde que se plantea la reforma, lo que ha implicado y las discusiones y tensiones que se dieron a partir de ese primer impulso de pensar un Poder Judicial más democrático?
Fue un proceso que llevó su tiempo en México, y en un contexto de separación completa del Poder Judicial con la propia ciudadanía y con la sociedad en general. Eso lo vivimos en campaña, cada vez que estuvimos en cada rincón de la República, justamente lo que nos decían es: “No se conoce la función del juez, del magistrado, del ministro de la Corte”. Había un divorcio entre la sociedad y el Poder Judicial. Parecía inalcanzable llegar a lograr una impartición de justicia en un país en el que las desigualdades son muy evidentes.
Habría que platicar un poco del contexto mexicano. La Constitución mexicana es rígida. Para poder aprobar nuestra Constitución se requieren dos terceras partes de la Cámara de Diputados, que hoy tiene 500 integrantes, y dos terceras partes de la Cámara de Senadores, que se encuentra integrada por 128 senadoras y senadores. Pero además, se requiere que sea aprobada por más de la mitad de los congresos de cada Entidad Federativa. México es una federación, tiene congresos estatales y en cada congreso tuvo que haberse aprobado también esta reforma constitucional; es decir, el procedimiento es rígido. Y en torno a ello, pues también resulta complejo lograr una mayoría que permita precisamente una reforma de este tamaño. En la historia mexicana, la última reforma de este calado al Poder Judicial y a la Corte Mexicana fue en 1994, cuando se determinó disminuir el número de integrantes de la Corte Mexicana de 23 a 11 ministros.
En aquel modelo lo que se planteó y lo que establecía la Constitución [para designar a los ministros de la Corte] es que el presidente de la República proponía una terna, y de esa terna el Senado podía elegir al ministro o ministra. Es decir, también hay una falsa narrativa en torno a que las y los ministros que se designaban de manera previa llegaban por algún tipo de carrera judicial o algún tipo de examen.
Parte de la discusión actual, tanto en México como en otros países, se centra en cómo la democratización del Poder Judicial podría mitigar la injerencia de poderes económicos y paraestatales, incluyendo el narcotráfico. Esto implica el desafío de generar procesos más transparentes. Sin embargo, existe una perspectiva de fuerzas conservadoras que conciben la justicia de una manera más elitista y liberal. Argumentan que la ciudadanía no debería decidir sobre ciertos temas relevantes, pues no los comprende. En Uruguay, por ejemplo, donde hay una fuerte tradición de democracia directa, el Poder Judicial sigue siendo un ámbito excluido del debate público. El proceso actual en México, en cambio, marca un hito significativo. ¿Nos podrías contar las mayores dificultades que encontraste en este proceso?
Esta reforma del Poder Judicial rompió completamente muchos esquemas. ¿Por qué? Porque antes, como lo decía previamente, para poder ser ministro, ministra de la Corte tenías que ser amigo o amiga del presidente de la República de turno, para que te pudiera proponer, o tener una cierta cercanía con el presidente. La reforma del Poder Judicial abrió un proceso democrático, lo cual implica que cualquier persona, cualquier abogado, abogada que así deseara, podía inscribirse para participar para ser ministro de la Corte.
Se estableció un requisito particular, que era el promedio de calificaciones. En México el máximo de calificación es diez y se requería tener ocho de promedio mínimo en la Licenciatura en Derecho y nueve en la especialidad en la que se pretendía participar: si deseabas ser magistrado penal, pues nueve en materia penal; juez en materia civil, nueve en materia civil. En el caso de ministros de la corte, nueve en las materias vinculadas al derecho constitucional.
Iniciamos 484 aspirantes, todos nos inscribimos de manera libre, todos empezamos de cero y fuimos pasando cada una de las etapas. Dentro de estas etapas, además del requisito del promedio, había otros, como tener un modo honesto de vivir. El segundo filtro al que nos sometimos fue el comité de evaluación. Este comité evaluaba si tenías experiencia dentro del Poder Judicial, experiencia profesional y los grados académicos que pudieras tener. El siguiente filtro fue una comparecencia, que en realidad se trataba de un examen, porque te podían preguntar, como si fuera un examen de grado, cualquier aspecto vinculado a los criterios de la Corte mexicana.
Una vez que transcurría esa entrevista o comparecencia, pues ya llegaba la última etapa que también fue muy cuestionada, la famosa tómbola o sorteo. Pero, ojo, antes de llegar a este sorteo ya había tres filtros previos y después se llegó a este sorteo. Ya en el sorteo, se determinó quiénes serían las personas que serían candidatas a la SCJN.
Fue un proceso complejo, pero también en el momento en el que me inscribí –yo lo platicaba incluso con mi familia, con mi esposa, con amigos, amigas–, lo que decía es: “Bueno, hay que intentarlo, es un momento histórico y esta oportunidad no existiría si no hubiese una reforma al Poder Judicial”. Porque por lo menos en mi caso particular, yo no era amigo y nunca he sido amigo de un presidente o presidenta de la República, y abrir la oportunidad a que cualquier persona pudiese inscribirse, hoy trajo como consecuencia que tengamos en la Corte a un presidente de origen indígena y que haya luchado por los pueblos y comunidades indígenas en su historia de vida [Hugo Aguilar Ortiz], algo que probablemente sería impensable en el modelo anterior; un investigador que es colega, que ha dedicado su vida al estudio del derecho constitucional, como lo es Giovanni Figueroa; una defensora de las víctimas, como lo es Sara Irene [Herrerías]. Este Tribunal Constitucional va a tener una pluralidad de integrantes nunca antes vista. Creo que de eso no se habla muchas veces en el “círculo rojo”, en esta burbuja de la opinión pública, que a veces pretende que penetre en la sociedad. Pero hoy la sociedad está cada vez más informada.
Sí, en ese sentido, es crucial abordar lo disruptivo que fuiste durante la campaña que has mantenido durante este tiempo. Apostaste fuertemente por la comunicación en un contexto en el que sabemos que existen sesgos que pueden generar desinformación o síntesis incorrectas. ¿Cómo gestionaste este proceso para comunicar algo que, en esencia, era desconocido para la mayoría de los votantes? Este tema tiene implicaciones muy cercanas a la gente, como el acceso a la justicia. Además, enfrentaste el desafío de los discursos de odio y la polarización social, un fenómeno que no es exclusivo de México, pero que se manifiesta claramente. Recordamos un momento de tensión cuando surgió la expresión “Ministro chicharrón”, una síntesis incorrecta de la complejidad de tu perfil y del proceso que estabas liderando. ¿Cómo fue esa dinámica de comunicación?
Necesariamente, teníamos que ser disruptivos, las reglas de las campañas electorales generaban mucha complejidad para darnos a conocer. No teníamos espacios en radio y televisión, no se podían adquirir tampoco, no tuvimos espacios que nos proporcionará el Estado para presentar un spot publicitario. También era muy complejo acceder a una entrevista en radio y televisión. Y pues decidimos echar mano de las redes sociales, pero además, aun cuando podías utilizar redes sociales, Tik Tok, Instagram, Facebook, X, no podías pautar en las propias redes sociales. No teníamos de otra más que ser disruptivos y generar algo que pudiera comunicar de mejor manera. Y logramos viralizarnos a través de un video, y en ese video precisamente lo que buscamos fue lograr comunicar de una manera totalmente diferente a como lo estaban haciendo otros candidatos. Teníamos dos opciones: salir con traje y corbata, presentarnos ante la cámara y de manera muy formal decir “soy Arístides Rodrigo Guerrero García, doctor en Derecho, profesor universitario”, y tal vez atrás, un librero, no sé, algo muy solemne. Otra opción era hacerlo de manera disruptiva, pero también de manera divertida, y entonces, como profesor universitario, utilizo mucho una herramienta pedagógica a la que le llamo “pedagogía por analogía”. Todas y todos la conocemos cuando estamos en la primaria, cuando nos enseñan a sumar y a restar; nos lo explican con peras y con manzanas. Y es una estrategia que utilizo mucho en la universidad, por ejemplo cuando hablo del federalismo mexicano lo comparo con el mole, que es un platillo mexicano y que se prepara de diferentes maneras en cada entidad de la Federación, y entonces de esta manera explicamos el federalismo y la libertad de configuración legislativa. Utilizo de manera muy recurrente la analogía para que de manera pedagógica se quede grabado en el estudiante el concepto que se pretende dar a conocer.
Dentro de esa estrategia de pedagogía por analogía, pensamos qué palabra utilizamos o que analogía utilizamos para decir que me encuentro muy preparado. Podría haber dicho que soy licenciado en Derecho, especialista en derecho constitucional, dos maestrías, un doctorado en Derecho, pero dijimos: “Voy a utilizar comida para expresarlo”. Entonces utilizo la palabra preparado, y en México, en cualquier esquina y en la universidad, que es donde soy profesor, venden ese producto que se llama chicharrón. De hecho, se utiliza de manera peyorativa: “Hasta un chicharrón está más preparado que determinado funcionario público”. Yo le quise dar la vuelta. Salí de este video diciendo: “Estoy más preparado que un chicharrón”. Pegó tanto que obtuvo o ha obtenido más de un millón de visualizaciones. Estuvo presente en todos los medios de comunicación. Fui muy criticado, pero también muy conocido. ¿De qué sirvió? Cuando nosotros llegábamos a una asamblea, a alguna reunión, ya no existía una barrera en la que se dice “¡ah, bueno, es candidato a ministro!, le tengo que hablar de usted o tengo que utilizar un lenguaje más protocolario”. No, ya en el primer momento llegaba a esa asamblea y ya me estaban abrazando y me decían: “¡Yo siento que ya te conozco!, tengo una percepción de que ya nos conocemos y siento confianza al poder platicar contigo, porque tengo la percepción de que eres como yo”, y de eso trata también, la empatía que pueda tener el propio juzgador con respecto a la sociedad en general.
Dentro de tus propuestas, se destaca la idea de sesionar en el espacio público, un concepto que simboliza un cambio de paradigma para la SCJN. Se busca pasar de una institución de puertas cerradas a una más cercana a la ciudadanía, que desciende de sus “escalinatas de mármol” para ser más accesible.
Precisamente, se traduce en ello, en el derecho a entender el derecho, que significa lograr comunicar de mejor manera algo que no tendría que comunicarse de manera compleja. Pero también llevar a cabo sesiones públicas en espacios públicos, en universidades, por señalar un ejemplo, y lo he dicho de manera muy contundente: “Esta Corte mexicana va a ser la corte más transparente en la historia de México y probablemente en la historia del mundo”. ¿Por qué? Porque venimos de un proceso electoral. Hoy nos conocen las personas a las que vamos a impartir justicia, hoy va a haber una gran lupa ciudadana para juzgarnos y decir “esto dijo en campaña y hoy lo vemos con un reloj muy caro o bajándose de un automóvil muy lujoso”, cosa que hoy pasa en la realidad mexicana. El Poder Judicial representaba esa burocracia dorada, en la que había muchos muchos excesos.
Llevar a cabo sesiones públicas, sesionar en una universidad nos va a permitir a nosotros también utilizar un lenguaje más sencillo. Porque no es lo mismo estar en las cuatro paredes de un pleno muy protocolario en el que, si bien hoy las sesiones de la Corte son públicas, está prohibido el acceso incluso hasta para los medios de comunicación. Esto no es algo nuevo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo hace con las denominadas “sesiones in situ”, ha sesionado en Uruguay, en Argentina, en El Salvador. En México sesionó, por ejemplo, en la Biblioteca Vasconcelos y en el Hospital Siglo XXI. Ayer platicaba con un profesor de Derecho Constitucional francés y me decía que el Consejo Constitucional francés ha sesionado también en diferentes provincias. En el ámbito mexicano, cuando tuve la oportunidad de ser comisionado presidente del Instituto de Transparencia Mexicano, que era otro colegiado, sesionamos en universidades, en estaciones del metro. Tuvimos una sesión en la antigua cárcel de Santa Martha Acatitla, que fue muy representativa porque, justamente, en las instalaciones de esta antigua cárcel discutimos temas vinculados con el derecho a la verdad. Entonces, puede ser o es muy atractivo llevar a cabo sesiones públicas en público. Ojo, también quiero aclarar que no se trata de que sea el “aplausómetro” el que determine o tome una decisión, sino simplemente que estando frente a un público universitario o un público en general, frente a vecinas y vecinos, tratemos de explicar de mejor manera lo que estamos debatiendo y discutiendo.
Esta reforma, como bien dijiste, es de gran envergadura, con un tinte de cambio histórico y muy representativo. Es una buena noticia para un país como México, pero aún existe mucha desconfianza en diferentes sectores de la población. Aunque recibiste un gran respaldo, hay personas que quizás se quedaron con los titulares de algunos medios, que no te conocen y que desconfían de esta visión. Esto se debe, quizás, a que las propias estructuras generan más confianza en poderes cerrados y elitistas que en lo que implica una elección de este tipo. ¿Qué podrías transmitirles a aquellas personas que aún desconfían y sienten que esto fue una imposición de un partido y no un proceso democratizador?
En mi caso obtuve más de 3.500.000 votos, sin el apoyo de ningún partido político, porque dentro de este modelo está prohibida la participación de los partidos políticos. Las y los candidatos teníamos que únicamente promocionar nuestro número, en mi caso era el número 48, y creo que hay que explorar este modelo. He visto a muchos periodistas, principalmente de la burbuja, que dicen que la reforma del Poder Judicial fue un fracaso. Sin embargo, no se puede hablar de un fracaso si ni siquiera hemos tenido una sesión, ni siquiera hemos entrado en funciones. Entonces, yo invitaría a todas y a todos a que permitan que funcione esta nueva Corte, y a partir del funcionamiento puedan juzgar nuestro trabajo, si lo hicimos bien o si lo hicimos mal, si somos una Corte más progresista o no lo somos en el caso particular. Pues, naturalmente, hacer campaña te obliga y genera mucha empatía con grupos en situación de vulnerabilidad, por señalar algún ejemplo. Conocer la impartición de justicia en pueblos y comunidades indígenas, las exigencias de la comunidad LGTTQ+.
Yo insistiría mucho en que le den tiempo, en que permitan conocer el propio funcionamiento de la nueva Corte mexicana, que vean los debates, porque si bien hoy se transmiten en Youtube las sesiones de la Corte, son pocos los que las ven. Que vayan a la Corte a las sesiones en pleno, en vivo, que se llevan a cabo, y a partir de ahí se pueda juzgar. Que se pueda comparar una sentencia de antes con una sentencia actual y que se pueda decir: “Bueno, esta sentencia no se entendía y este nuevo modelo de sentencia utiliza un lenguaje más sencillo, más entendible, menos palabras en latín”. Insisto mucho en el derecho a entender el derecho, porque muchas veces utilizar un lenguaje tan rebuscado en una sentencia no permite que el justiciable conozca efectivamente ni siquiera si ganó perdió determinado caso.
A lo largo de este proceso, se ha planteado la profunda confianza en la cultura jurídica y en el poder transformador del derecho. ¿Cómo podemos transmitir esta confianza a quienes desconfían, especialmente cuando la ley no ha protegido a los más vulnerables, sino que ha servido para salvaguardar intereses de ciertos sectores?
Hasta ahora la Corte mexicana ha estado más vinculada al interés económico que al interés social. Eso va a cambiar completamente en esta nueva composición de la Corte, porque vamos a ver de manera más constante criterios y sentencias o casos que lleguen a ella. Insisto en grupos en situación de vulnerabilidad, de personas en situación de calle, de pueblos y comunidades indígenas. Vamos a encontrarnos que la nota ahora va a ser que se resolvió determinado asunto vinculado con determinado grupo en situación de vulnerabilidad y no que llegó determinado asunto de tal empresario, que representa económicamente tanto. Porque pareciera que solamente tenían acceso a la Corte mexicana aquellos que contaban con recursos y no aquellos que realmente necesitan más justicia, que son los grupos en situación de vulnerabilidad. De hecho, fue el reclamo que nosotros escuchamos en la calle de manera muy constante, y los cito: “Solamente hay justicia para el que tiene dinero”. El objetivo es que a este Tribunal Constitucional pueda llegar cualquier asunto que pueda tener esta relevancia nacional.
Vamos a tener un enfoque muy concreto para personas en situación de vulnerabilidad, pensar en sentencias en diferentes lenguas indígenas. Estamos proponiendo un programa que se va a llamar “Justicia en tu lengua”, que implica la traducción de la propia Constitución mexicana a las 68 lenguas indígenas que se hablan en México, pero también de la legislación, y por qué no de las sentencias y de la jurisprudencia. Este es un proceso que se tendrá que ir llevando poco a poco, porque hoy cuántas personas que no hablan español se encuentran en la cárcel porque no tuvieron un traductor que pudiera defenderlos y evitar precisamente estas injusticias. Creo que ese es el gran reto que vamos a tener: cómo logramos que todos esos grupos que históricamente han sido desplazados y relegados puedan tener justicia.
Valeria España, desde Ciudad de México.