El anuncio del gobierno de Daniel Noboa de amplios recortes en el Estado fue recibido con alarma por su impacto en el ambiente, en la protección de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas de Ecuador.
La portavoz del gobierno, Carolina Jaramillo, anunció que el número de ministerios bajará de 20 a 14, el de secretarías de nueve a tres, y que perderán su empleo 5.000 trabajadores estatales. Este número puede crecer a medida que avance este proceso.
La vocera dio a entender que esos trabajadores serán despedidos por mal desempeño. Dijo que a partir de una “mirada de eficiencia” se detectó “que hay funcionarios que obstruyen el trabajo eficiente que se quiere hacer en las distintas carteras del Estado”. Incluso dijo que el gobierno se propone “desterrar a las mafias de las carteras del Estado y de todos los sitios donde puedan estar operando”, sin más aclaraciones.
Por otra parte, descartó que los despidos puedan abarcar a policías, militares, docentes, médicos, enfermeros o personas de grupos vulnerables.
Después de los anuncios, Noboa también se refirió a estos cambios y afirmó: “Aquí estamos para trabajar con gente comprometida por su país, con cambiar realmente al Ecuador. El que no, fuera”. No dijo cómo se evaluará ese compromiso, aunque sí denunció, como ejemplo, que se “siguen vendiendo turnos para cédulas y pasaportes”.
La principal fuerza de oposición, el movimiento correísta Revolución Ciudadana, alertó que estos despidos traerán más “hambre, migración forzada y destrucción de la clase media”, y señaló que los recortes son la aplicación de una “receta brutal” del Fondo Monetario Internacional (FMI). En 2024, la administración de Noboa accedió a un préstamo de 5.000 millones de dólares y se comprometió con el FMI a reducir el déficit estatal y cumplir con ciertas metas.
Acerca de los ministerios, algunos se fusionarán con otros, con posibles cambios de jerarquía. Por ejemplo, el de la Mujer y Derechos Humanos se fusionará con el de Gobierno, y el de Ambiente con el de Energía y Minas.
“El Ministerio de la Mujer no es negociable, su existencia autónoma es el resultado de la lucha del movimiento de mujeres y feministas y su debilitamiento representa una señal clara de desinterés y desprotección estatal frente a las múltiples violencias que nos afectan”, expresó la Coalición Nacional de Mujeres, que reúne a organizaciones feministas. Agregó que “la fusión puede traducirse en la pérdida de la Ley Orgánica para prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres”. Se refería a un plan nacional que tiene su propio equipo técnico y presupuesto, y que trabaja en particular contra la violencia de género.
Organizaciones ambientalistas también repudiaron estos cambios institucionales. Unir el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el de Energía y Minas es como poner “lobos a cuidar ovejas”, dijo a la agencia Efe María Espinosa, integrante de la organización Amazon Frontlines en Ecuador. Representantes de otros colectivos ambientalistas también cuestionaron el conflicto de intereses que se genera entre el Ministerio de Ambiente, que es producto de una “larga y compleja lucha”, y que tiene la función de habilitar y supervisar las actividades extractivas, y el de Energía y Minas, que cuenta con fuerte apoyo del gobierno actual para expandir la minería.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y su brazo político, Pachakutik, repudiaron las decisiones adoptadas por Noboa, expresaron su solidaridad con los trabajadores despedidos y llamaron a protestar contra estas medidas.
Su excandidato presidencial, Leonidas Iza, dijo que con los recortes el presidente “sólo busca generar caos en la administración pública para que los negocios privados con intereses extractivistas se viabilicen incumpliendo normas y violando los derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades, así como de la naturaleza”.
Para la Conaie, “la reducción del Estado perjudica a la mayoría, promueve privatizaciones y favorece a los poderosos, que harán lo que les dé la gana, seguirán sin pagar impuestos y no habrá Estado que pueda cobrarles o limitar sus abusos”.
También la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador advirtió que estos anuncios implican un “grave retroceso institucional que compromete seriamente el cumplimiento de los derechos humanos, colectivos, de la naturaleza, de las personas y territorios más vulnerables de este país”.