Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la orden ejecutiva mediante la cual oficializó un arancel del 50% a la mayor parte de los bienes brasileños que ingresen en el mercado estadounidense.
La decisión se justificó, según la Casa Blanca, como una respuesta a las acciones del gobierno brasileño que, de acuerdo a lo que se expresó desde Washington, representan una amenaza “inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos.
Inicialmente, la suba de aranceles estaba programada para entrar en vigor el viernes, pero la orden firmada por Trump determina que comenzará a regir el 6 de agosto.
La orden no alcanza a todos los bienes brasileños, sino que cerca de 700 artículos fueron exonerados de las tarifas, como los productos de aviación civil, jugo de naranja y productos derivados de la naranja, el mineral de hierro, acero y combustibles, entre otros.
La medida económica está atada a lo político dado el vínculo que tiene Trump con el expresidente Jair Bolsonaro, que está enfrentando un juicio por intento de golpe de Estado por el cual puede ir encarcelado. De hecho, en la orden ejecutiva que oficializa la suba de los aranceles se menciona al exmandatario.
“La persecución, la intimidación, el acoso, la censura y el enjuiciamiento por motivos políticos por parte del Gobierno de Brasil contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y miles de sus partidarios son graves violaciones de los derechos humanos que han socavado el Estado de derecho en Brasil”, expresa parte del texto consignado por el portal Metrópoles.
El tema de la vinculación de las cuestiones políticas y económicas también fue abordado por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en una entrevista publicada este miércoles por The New York Times, horas antes de que Trump firmara la orden ejecutiva.
“Es importante que el presidente Trump considere lo siguiente: si quiere una pelea política, tratémosla como tal. Si quiere hablar de comercio, sentémonos a hablar de comercio. Pero no se puede mezclar todo”, expresó Lula.
Cuando se le preguntó sobre su postura crítica hacia el presidente estadounidense, a quien alguna vez calificó de tener conductas de “emperador”, y si temía represalias, Lula fue tajante: “No. No hay por qué tener miedo. Estoy preocupado, obviamente, porque tenemos intereses económicos, políticos y tecnológicos. Pero en ningún momento Brasil negociará como si fuera un país pequeño frente a uno grande. Brasil negociará como un país soberano”.
Pero para dejar más claro todavía que el choque diplomático entre los dos países está directamente vinculado a lo político, también este miércoles el gobierno estadounidense anunció que sancionó al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, con la Ley Magnitsky.
La sanción fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, alegando que Moraes utilizó su cargo para autorizar detenciones arbitrarias, reprimir la libertad de expresión y llevar a cabo una campaña políticamente motivada contra opositores.
Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, Moraes lidera una “cacería de brujas ilegal” contra ciudadanos y empresas brasileñas y estadounidenses, que incluye la persecución de periodistas y del expresidente Bolsonaro.
Esta norma estadounidense restringe la entrada a su territorio y congela los activos o las transacciones financieras de extranjeros considerados involucrados en corrupción o violaciones de derechos humanos. Las sanciones incluyen la revocación de la visa y la prohibición de operar en el sistema financiero estadounidense.
La revista Carta Capital recordó que esta normativa creada en 2012 recibe este nombre por el abogado ruso Sergei Magnitsky, quien dejó al descubierto tramas de corrupción vinculadas al Kremlin y murió en 2009 tras sufrir torturas y malos tratos en una cárcel rusa.