La odisea del ciudadano salvadoreño Kilmar Ábrego, quien en marzo había sido deportado de manera errónea e ilegal a su país por las autoridades migratorias de la administración que lidera Donald Trump, parece estar lejos de terminar.
Este lunes, la jueza federal Paula Xinis bloqueó temporalmente el intento del gobierno de deportar a Ábrego a Uganda, país africano que tiene un convenio con Washington por el cual puede recibir a personas expulsadas de Estados Unidos.
Xinis argumentó que Ábrego tiene derecho a otro juicio migratorio completo y la oportunidad de impugnar las circunstancias de su expulsión del territorio estadounidense.
Ábrego ahora sostiene que el nuevo plan del gobierno de deportarlo a Uganda es un intento ilegal de castigarlo por negarse a declararse culpable de los cargos penales que se le pretende imputar. Sus abogados afirman que el gobierno ofreció deportarlo a Costa Rica, pero únicamente si se declaraba culpable de los cargos de tráfico de personas que enfrenta en el estado de Tennessee.
Según recordó el portal estadounidense Politico, la primera deportación fue considerada ilegal porque violó una orden de 2019 de un juez de inmigración que le prohibía que fuera enviado a El Salvador por temor a que pudiera ser perseguido por una pandilla local que había extorsionado a su familia.
Tras resistirse inicialmente a las órdenes judiciales de “facilitar” su retorno a Estados Unidos, la administración Trump tuvo que enmendar su error y lo llevó de vuelta en junio, cuando lo acusó de tráfico de personas.
La semana pasada, Ábrego fue liberado de la cárcel en la que estaba detenido, en Tennessee, y se le permitió regresar a Maryland para reunirse con su familia. Pero en la madrugada del lunes, rodeado por una multitud de simpatizantes y acompañado por su esposa, Ábrego se presentó en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Baltimore para un “registro” programado y allí quedó detenido, según informó su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que Ábrego sería “procesado para su deportación a Uganda”.
En una audiencia celebrada en la tarde del lunes, la jueza Xinis expresó su preocupación por el rápido proceso de deportación. También afirmó que si el Departamento de Justicia utilizara su deportación como arma para obligarlo a declararse culpable, eso constituiría una violación de sus derechos constitucionales.
Ábrego, quien ingresó ilegalmente a Estados Unidos hace más de una década, vivió en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, con su esposa e hijos, que son ciudadanos estadounidenses. Para sus defensores, su caso representa los excesos y abusos más extremos de la política de deportación masiva de Trump.
Tras volver a Estados Unidos desde El Salvador, el gobierno de Trump emprendió una campaña para retratar a Ábrego, quien carece de antecedentes penales, como un terrorista y líder violento de una pandilla.
Todos los jueces que tuvieron el caso en sus manos rechazaron las afirmaciones del gobierno y las consideraron, en el mejor de los casos, endebles. Llegaron a la conclusión de que Ábrego fue privado de su derecho constitucional al debido proceso. La nueva demanda contra Ábrego también fue asignada a Xinis, quien fue designada como jueza durante el mandato de Barack Obama.
En virtud de una orden judicial federal vigente en Maryland que el gobierno de Trump está impugnando, la presentación del caso resultó en una orden automática que bloqueaba la deportación del salvadoreño hasta el miércoles por la tarde. Sin embargo, la orden que Xinis emitió el lunes agregó otra instancia de protección indefinida para Ábrego, mientras continúa su batalla legal.