Desde julio de 2025, Francia atraviesa una crisis que revela las contradicciones de su modelo agrícola y alimenta sus fracturas políticas. Impulsada por el senador Laurent Duplomb, la ley incluía tres medidas: reintroducir el pesticida acetamiprida, flexibilizar la instalación de reservorios de agua y simplificar las normas de ganadería intensiva.
Esta proposición de ley se presentó como una respuesta a las “trabas al ejercicio del oficio de agricultor”. Para comprender las reivindicaciones del sector, la dimensión internacional resulta fundamental. La agricultura francesa enfrenta una doble presión contradictoria: debe cumplir con normas ambientales europeas cada vez más estrictas, mientras compite con producciones extranjeras menos reguladas, especialmente en el contexto del controvertido acuerdo UE-Mercosur.
Los sindicatos mayoritarios, liderados por la FNSEA, el principal sindicato patronal agrícola francés, defienden la ley como vital para la supervivencia del sector. Su secretario general, Hervé Lapie, denunció “distorsiones de competencia enormes” y considera el acuerdo UE-Mercosur como “inaceptable”. “Estamos importando alimentación que no tenemos derecho a producir, engañando al consumidor y a los agricultores”, declaró Lapie.
Adoptada el 8 de julio por el Parlamento francés, la proposición busca dinamizar el sector agrícola aliviando restricciones ambientales. Su artículo más controvertido tenía que autorizar la reintroducción del acetamiprida, un insecticida prohibido en Francia desde 2018 por sus efectos tóxicos sobre los polinizadores.
Frente a esta aspiración, la reacción ciudadana ha sido masiva e histórica. Más de dos millones de franceses firmaron una petición contra esta ley, un fenómeno sin precedentes en la historia institucional del país. “Nunca una petición depositada en la plataforma de la Asamblea Nacional había movilizado tantos signatarios”, confirmaron los servicios del Palacio Borbón.
La comunidad científica también se movilizó. Una tribuna firmada por centenares de científicos denunció el texto “en nombre del principio de precaución”. El investigador Fabrice DeClerck, coordinador del capítulo sobre alimentación del último informe del IPBES (Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas), criticó duramente la ley: “Lo que me preocupa es que este texto ignora los vínculos entre agricultura, salud, clima y biodiversidad”.
Por otra parte, el proceso parlamentario también alimentó la controversia. En la Asamblea Nacional, los defensores utilizaron una “moción de rechazo previo” que impidió todo debate democrático sobre un tema tan sensible, evitando el examen de 3.500 enmiendas de la oposición.
Pero desde 2005, Francia integró en su Constitución la Carta del Medio Ambiente, que proclama que “cada uno tiene derecho a vivir en un ambiente equilibrado y respetuoso de la salud”. Y por este motivo, los parlamentarios de izquierda interpelaron al Consejo Constitucional, en el entendido de que la ley Duplomb viola varios artículos de esta carta.
De este modo, el 7 de agosto, el Consejo Constitucional, institución estatal que tiene la particularidad de poder examinar las leyes antes de su promulgación, rompió un precedente histórico. Los nueve jueces censuraron parcialmente la ley Duplomb, declarando inconstitucional el artículo controvertido que reintroducía el acetamiprida. El Consejo estimó que el Parlamento había “privado de garantías legales el derecho a vivir en un ambiente equilibrado” al autorizar estos pesticidas “para todas las cadenas agrícolas” y “por un tiempo indeterminado”.
La decisión marca así un punto de inflexión en la jurisprudencia ambiental francesa. Mientras que en 2020 los mismos jueces habían autorizado derogaciones limitadas para las remolachas azucareras, por ejemplo, esta vez consideraron que el legislador había “sobrepasado los límites de la Constitución”.
El constitucionalista Benjamin Morel subraya también que “si el debate se ha tenido a puerta cerrada entre los nueve jueces del Palacio Real, y no ante la Asamblea Nacional”, es porque las instituciones políticas fallaron en organizar este debate democrático. Los 2,1 millones de signatarios “sólo habrán tenido la promesa de un debate sin voto en otoño”.
El caso Duplomb revela las transformaciones de la sociedad francesa, donde la ecología como fuerza política transversal cuestiona los equilibrios tradicionales. La eficacia del Consejo Constitucional contrasta con la impotencia de la petición ciudadana, revelando los límites de los mecanismos democráticos actuales frente a las aspiraciones participativas de la sociedad francesa.
Alba Garay, desde Francia.