En Brasil, el año que está comenzando está marcado desde el punto de vista político de manera ineludible por las elecciones del 4 de octubre, cuya eventual segunda vuelta tendrá lugar el 25 de ese mismo mes.
Luiz Inácio Lula da Silva intentará ser reelecto y llegar a un histórico cuarto mandato. Lo hará en un contexto complejo para la derecha, que en 2025 sufrió el duro golpe de la condena a 27 años de prisión del expresidente Jair Bolsonaro decretada por el Supremo Tribunal Federal por el intento de golpe de Estado de 2022.
Condenado, imposibilitado por la justicia electoral de participar en las elecciones y en muy mal estado de salud –pasó por varias operaciones largas en los dos últimos años–, quizá como último gesto político fuerte, Bolsonaro designó a su hijo Flávio para competir con Lula como candidato del Partido Liberal.
Si bien inicialmente muchas voces de la derecha, incluso algunas de ellas muy cercanas a Bolsonaro, como por ejemplo su financista, el pastor evangélico Silas Malafaia, hicieron sentir abiertamente su discrepancia con la decisión, algunas encuestas posteriores, que dieron buenos números para el hijo mayor del expresidente, de 44 años y actualmente senador por el estado de Río de Janeiro, unieron fuerzas en torno a él.
Estas encuestas no debieron pasar por el filtro del Tribunal Supremo Electoral, que es el organismo que tiene el contralor de los sondeos de opinión que se hacen antes de las elecciones, por lo que existen sospechas veladas de que fueron manipuladas. Pero más allá de especulaciones, por el momento, Flávio Bolsonaro aparece como el antagonista en el mano a mano con Lula de octubre.
Surgirán eventualmente otras candidaturas, como la del gobernador del estado de Paraná, Carlos Roberto Massa Júnior, más conocido como Ratinho Júnior, un conservador que integra el Partido Social Democrático, pero cuya proyección es corta. Es una figura poco conocida en el país y, peor aún para sus intereses, no es bien visto por los Bolsonaro.
El candidato ideal para la mayor parte de la derecha es Tarcísio de Freitas, el actual gobernador del estado de San Pablo. Ingeniero civil y militar, fue designado durante el gobierno de Dilma Rousseff como director general del Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes entre 2014 y 2015 y posteriormente se desempeñó como ministro de Infraestructura en el gabinete de Bolsonaro entre 2018 y 2022.
Pero con 50 años y una carrera política con mucho futuro, el dirigente que integra el partido derechista Republicanos está pensando un poco más allá y no quiere entrar en una pugna directa con Bolsonaro. De hecho, jamás cuestionó la decisión de nominar a Flávio.
Lo esperable es que De Freitas vaya por la reelección en San Pablo en las elecciones para gobernador que se celebrarán simultáneamente con las presidenciales, esperando así ganar fuerza para ir por todo en 2030, en busca de llegar al Palacio de Planalto, ya sin Lula en la competencia.
Esto último es un problema para la izquierda, porque si bien Lula corre con chances ciertas de ganar en octubre, más allá de factores biológicos, constitucionalmente será su última elección y el recambio es un enorme desafío a mediano plazo para el oficialismo y para la izquierda brasileña en general.
Por el contexto en el que se van a dar, las elecciones de octubre serán cruciales tanto para Brasil como para América del Sur, en los últimos años casi completamente escorada hacia la derecha y la ultraderecha.
Si bien tanto la izquierda como la derecha tienen importantes bloques de votantes consolidados, la realidad económica brasileña también influirá en la todavía lejana votación, en particular en los sectores que no tienen una filiación política definida y cuyo voto fluctúa.
Durante el presente mandato, Lula logró con éxito sacar a muchas personas de la pobreza y la indigencia, a las que habían vuelto durante la gestión de Bolsonaro, pero a costa de agrandar el gasto público, lo que está generando presiones a la hora de financiarlo. Analistas consideran que la clave es ver si consigue financiar la deuda y a qué costo: básicamente, a cuánto ascienden los intereses, porque luego los pagos de esos intereses empezarán a competir con los gastos sociales.
Al igual que todos los países de la región, Brasil tiene muchos problemas estructurales, desigualdades territoriales y también de clase. Las mejoras económicas procesadas en los últimos años, con el aumento de la inclusión de la población, por ejemplo con instrumentos que brindan medios de pago y herramientas similares, fue posible porque existe un Estado con la capacidad para liderar y hacer cambios en ese sentido.
Entre los problemas de subdesarrollo que tiene Brasil, uno de sus grandes desafíos es el de administrar mercados para tratar de que sean más inclusivos. En ese sentido, el Estado puede jugar un rol decisivo para intentar que la parte desarrollada del país logre ser más inclusiva e integrar también al resto de la población.
El país puede generar mecanismos para aumentar el nivel de ingresos de sus poblaciones más vulnerables, por ejemplo, fomentando mucho más la formalidad laboral, ya que millones de brasileños, si bien trabajan y tienen ingresos, lo hacen por fuera del circuito formal.
Paralelamente y pensando un poco más en el futuro, Brasil tiene un problema bastante importante de transición demográfica. Grandes segmentos de la población tienen menos hijos y viven más, lo que llevará a que el país tenga los problemas de financiamiento para la seguridad social que atraviesan los países de la región.
Partidario de Javier Milei, el 23 de octubre de 2025, en un acto de cierre de campaña de la Libertad Avanza, en Rosario.
Foto: Luis Robayo, AFP
Argentina: Milei va por todo
El brindis por el nuevo año encontró al presidente argentino, Javier Milei, en un posicionamiento político muy bueno, impensado pocos meses antes, tras la derrota electoral sufrida en setiembre, en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.
En dichos comicios, el peronismo logró hacerse fuerte en su feudo tradicional y generó, por algunas semanas, expectativas de la reactivación de una oposición que hasta ese momento, y después también, actuó de una manera errática y desarticulada, una cuestión clave para entender la dinámica de gobierno actual en Argentina.
El de Milei, por características propias de quien lo lidera, por el ideario que plantea y por manchas que están apareciendo en el marco de la gestión, es un Ejecutivo sumamente cuestionable, pero no tiene, con insulares excepciones, individuales más que partidarias, una oposición que represente dignamente tal papel y se presente como una opción posible.
Entonces, la lógica del momento indica con claridad que este gobierno puede continuar después de que finalice el actual mandato de Milei, que termina en diciembre de 2027.
Los errores de la oposición y el descalabro general del peronismo en el marco de la pugna interna entre la expresidenta Cristina Fernández, condenada por la Justicia, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se vieron reflejados en las elecciones de medio término de octubre. En esa votación, La Libertad Avanza ganó en casi todas las provincias del país y se consolidó como la principal fuerza no sólo de la derecha, sino de todo el campo político argentino.
Con un Congreso mucho más amigable que el de sus dos primeros años de gestión y con el acercamiento que tuvo con buena parte de los gobernadores provinciales, el panorama se presenta bueno para el gobierno libertario, aunque la realidad económica del país tenga muchísimas cuestiones por resolver, con la sombra de la inestabilidad siempre agazapada.
El año que recién pasó terminó para el gobierno con la aprobación en el Congreso del presupuesto. Si bien no resultó el que el Ejecutivo mileísta pretendía, que saliera adelante el proyecto fue tomado como una señal positiva del cambio de clima en el Parlamento.
Dentro del paquete presupuestal aprobado figuran dos de las leyes que el gobierno combatió sin éxito durante todo 2025 en el Congreso, las de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, consideradas en la Casa Rosada como una piedra en el zapato gigantesca en su afán de reducir el gasto público. Por eso desde el Ejecutivo ya comunicaron que harán movimientos para que los recursos destinados a esas cuestiones sean asignados de alguna manera que no afecte el equilibrio fiscal.
En el futuro cercano, una de las principales metas explicitadas por el gobierno para este año es impulsar una profunda reforma laboral, cuyos alcances en caso de ser aprobada cambiarían de manera drástica el mercado de trabajo, flexibilizándolo a límites insospechados, retrocediendo décadas en derechos para los trabajadores.
Entre otros puntos, esta reforma plantea limitar los intereses que el empleador debe pagar tras juicios laborales, acorta estos procesos y autoriza a las pymes a pagar las indemnizaciones a los trabajadores hasta en 12 cuotas.
El proyecto plantea la necesidad de “actualizar las relaciones laborales a los nuevos modelos productivos”, afirma el texto.
Si bien todavía está en discusión, la versión que trascendió en la prensa argentina, de 182 artículos, también incluye disposiciones que debilitan a los sindicatos y las medidas de lucha de los trabajadores organizados.
Limita el derecho de huelga en servicios esenciales e introduce cambios en los mecanismos de negociación salarial: avanza en los acuerdos individuales y en las negociaciones directas entre una empresa y sus trabajadores, de tal modo que resta peso a los acuerdos colectivos por sector.
Más atrás en la agenda aparecen otras dos reformas altamente sensibles, pero de las que por el momento se está hablando muy poco: la previsional y la impositiva.
En cuanto a la proyección internacional del país, en este año que está empezando se espera que la posición de Argentina como aliado de Washington en la región se consolide, en el contexto del intento de la Casa Blanca de contrarrestar la creciente influencia china en América del Sur.
José Antonio Kast, luego de una reunión con Daniel Noboa, el 23 de diciembre de 2025, en Quito.
Foto: Galo Paguay, AFP
Chile: el gran salto a la derecha
El 11 de marzo, José Antonio Kast asumirá la presidencia de Chile de manos de Gabriel Boric, un hecho que significará mucho más que un cambio de banda.
De la mano de Kast, electo en diciembre con casi el 60% de los votos, el país trasandino se encuentra a meses de estar al mando de una conducción de extrema derecha como no la que hubo en el país desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Kast, líder del Partido Republicano, espacio político que fundó en 2019 para posicionarse a la derecha de la pinochetista Unión Democrática Independiente, partido que integró durante dos décadas, durante su campaña electoral puso el centro en la seguridad interna, en la lucha contra el narcotráfico que enlaza en buena medida con el “peligro” que representa para el país la presencia de más de 300.000 migrantes que se encuentran en territorio chileno de manera irregular, la mayor parte de ellos provenientes de Venezuela.
El futuro presidente chileno ya manifestó su voluntad expresa de expulsar a estas personas del país, e incluso a fines de diciembre se reunió con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quedando planteada la idea de generar una especie de “corredor humanitario”, que incentive el retorno de miles de venezolanos a su país. De acuerdo con lo que informaron los medios chilenos, Kast enfatizó que la propuesta busca encontrar “la manera más rápida y respetando la dignidad de las personas para que vuelvan a su patria”.
Pero a caballo de la seguridad, el gran cambio que pretende impulsar el nuevo presidente chileno está en el ordenamiento económico del país, basado en una reducción drástica del gasto del Estado.
Sin entrar en detalles, de manera general, Kast viene planteando la eliminación de ciertos subsidios y recortes en varias áreas que se estima que impactarán de lleno en la calidad de vida de millones de personas y serán características esperables de la versión actualizada del neopinochetismo económico.
En este sentido, más que una toma de ideas ajenas, lo que parece asomarse en el horizonte es el reforzamiento y reapropiamiento de las que ya tenían un importante conjunto de las fuerzas económicas dominantes de la sociedad chilena.
El ingreso de Kast a la Casa de la Moneda apunta a reperfilar el rumbo impulsado por los tecnócratas neoliberales que plantaron las bases de la economía que rigió el país durante las últimas décadas, a partir de la dictadura.
Como gran titular, el nuevo gobierno chileno plantea un recorte fiscal por 6.000 millones de dólares en 18 meses. Aunque no hay detalles de cómo se instrumentará, Kast dijo que la mitad de ese dinero se recortará mediante ajustes del funcionamiento del Estado, y la otra mitad tiene que surgir de una reducción del presupuesto en el Congreso.
Durante la campaña electoral que terminó con su triunfo, Kast aclaró que los recortes no afectarán algunas áreas, como la gratuidad de las universidades públicas o la reforma de las pensiones aprobada por el gobierno de Boric.
También planteó que las reducciones de gastos que hace el Estado serán afrontadas en tres frentes: detener los abusos; aumentar la eficiencia y fomentar la austeridad dentro del aparato estatal. El líder ultraderechista planteó que de cada una de estas metas se puede cortar en poco tiempo 1.000 millones de dólares.
Dentro del plano de la eficiencia, el nuevo gobierno chileno, tal como hizo el de Milei en Argentina en su momento, pretende reducir la cantidad de ministerios y, por lo tanto, los cargos y el aparato burocrático que cada uno de ellos tiene, promoviendo fusiones de carteras, jerarquizando algunas y llevando a la condición de secretaría a otras.
En el terreno de la austeridad, Kast ya anunció su intención de ir a vivir a la Casa de la Moneda, la sede del Ejecutivo chileno, ubicada en el centro de Santiago, algo que no sucede desde 1958, cuando el presidente era Carlos Ibáñez del Campo.
Desde entonces, los mandatarios suelen vivir en casas alquiladas para ellos por el Estado, pero Kast, cuya residencia está en la comuna de Paine, en la región metropolitana de Santiago, a aproximadamente una hora y media de viaje del centro de la capital, pretende dar el ejemplo tomando esta medida de austeridad, también cargada de una buena dosis de populismo.