Con 42 votos a favor y 30 en contra, el Senado argentino aprobó en la madrugada de este jueves la reforma laboral de Javier Milei, después de 12 horas de debate y con algunos cambios en el texto del proyecto, que es repudiado por sindicatos, organizaciones sociales y buena parte de la oposición.
La encargada de negociar con la llamada “oposición dialogante” esta votación clave para el gobierno fue la senadora Patricia Bullrich, jefa de bancada de La Libertad Avanza.
Después de la aprobación del proyecto, publicó en X un video en el que aparece como la protagonista de este logro del oficialismo: se coloca una escarapela y sale de su despacho, recorre el Congreso, se reúne con senadores y habla desde su banca en el plenario, todo esto alternado con imágenes de símbolos patrios, mientras suena “Vogue”, de Madonna.
Durante el debate, Bullrich negoció hasta último momento y el oficialismo cedió para que los sindicatos mantengan su facultad de recibir aportes solidarios de los afiliados, aunque con un tope. De acuerdo con elDiarioAr, también se eliminó la posibilidad de depositar el sueldo en billeteras virtuales y se fijó en 6% el aporte que los empleadores tienen que hacer a las mutualistas de los sindicatos.
Mientras el Senado debatía, afuera del Congreso la Policía reprimía con gases lacrimógenos las protestas contra este proyecto que recorta derechos laborales, facilita los despidos, extiende los períodos de contratación a prueba y permite prolongar la jornada de trabajo diaria hasta 12 horas sin pagos adicionales (manteniendo la jornada laboral semanal en 48 horas).
La iniciativa, entre otros tantos puntos, privilegia las negociaciones entre una empresa y los trabajadores por sobre los acuerdos por sector. Esa es una de varias medidas que debilitan a los sindicatos, como los límites que impone al derecho de huelga.
Paradójicamente, el debate se desarrolló el mismo día que el Senado de México votó por unanimidad la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Este cambio se aplicará en forma gradual desde 2027, hasta alcanzar esa meta en 2030, y beneficiará a unos 13,5 millones de trabajadores.
En Argentina, después de la media sanción del Senado, el proyecto de reforma laboral pasará a la Cámara de Diputados —que el jueves está ocupada con el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años— y se prevé que sea tratada a finales de la semana que viene.
Mientras tanto, diversas voces se pronunciaron sobre el resultado de la votación de la reforma en el Senado.
Uno de sus defensores fue el expresidente Mauricio Macri, que publicó en su cuenta: X: “Después de años en los que luchamos por cambios profundos en las leyes de trabajo, la votación de hoy logró dar un paso adelante en la dirección correcta”.
Sin embargo, agregó que este “es solo un paso” y que hay que “impulsar nuevas reformas” para que la legislación laboral “se adapte a esta época sin igual”.
Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires y dirigente peronista, dijo el miércoles que la reforma “es el proyecto que se planteó la dictadura y no se pudo hacer entonces ni en democracia”.
Afirmó que “llamar modernización a esto es una burla, porque lo que se busca no es mejorar a los que están por abajo” en materia de derechos laborales, “sino bajar a los que están por arriba, quitándoles beneficios”.
En declaraciones a la radio El Destape, Kicillof afirmó que “está demostrado que las leyes de flexibilización laboral no crean empleo”, y señaló que desde que Milei llegó a la presidencia hubo 270.000 despidos con las leyes actuales, que según el gobierno imponen a los empleadores demasiados costos para despedir a un trabajador.
De acuerdo con Clarín, los números de la Secretaría de Trabajo indican que en los últimos seis meses se acumuló una caída de 88.000 puestos de empleo, concentrada (94%) en las empresas de Comercio, Industria y Servicios empresariales.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez se refirió a la reforma laboral en su cuenta de X y señaló que “el principio de progresividad y no regresividad es un estándar central del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, y que rige en Argentina.
Esto implica que “el Estado no puede retroceder en el nivel de protección ya alcanzado, salvo que exista una justificación extremadamente fuerte”. Si retrocede, el Estado tendría que probar que no había otra alternativa que permitiera recurrir a medidas “menos lesivas” y que esa acción era necesaria para “la tutela de un beneficio social superior”.
Para el constitucionalista, el Senado no respetó estos principios al votar la reforma laboral, que “es objetivamente regresiva en términos normativos para los derechos individuales y colectivos de los trabajadores”. Agregó que “cuando se reducen derechos que costaron décadas de lucha y consenso social, no alcanza con invocar promesas abstractas de crecimiento o empleo. Si el retroceso no está sólidamente justificado, deja de ser una reforma y se convierte en una renuncia”.