El Poder Ejecutivo se decidió, por fin, a ponerle el cascabel a uno de los gatos más quejosos del país. El proyecto de ley que prevé un mínimo de producción nacional para la programación de radioemisoras, canales de televisión y salas de cine, ya es objeto de estudio del Parlamento, tras un intenso debate público que animaron en este período funcionarios, legisladores y dueños de medios de comunicación a través de sus voceros.
De aprobarse, la norma fijaría para la televisión abierta un mínimo de 50% del tiempo emitido a producciones o coproducciones uruguayas, y de 20% a programas nacionales de ficción, humor, espectáculos y arte. Cada canal debería estrenar dos películas hechas acá al año y emitir al menos un unitario, una telenovela y una serie. La iniciativa estimula, además, las realizaciones dirigidas al público infantil y la ubicación de los programas nacionales en horarios centrales. Y crea un órgano, el Instituto de Mediación Cultural, a cargo de velar por el cumplimiento de la ley y de analizar reclamos del público.
El proyecto de Ley de Promoción de la Cultura Nacional en Cine, Radio y Televisión no tiene ningún punto de contacto con la muy cuestionada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada este año por el Congreso legislativo de Argentina, que ataca la concentración de la propiedad de los medios electrónicos. La propuesta del gobierno uruguayo, en cambio, se limita a regular ciertos aspectos de la programación de las emisoras, a las que deja un amplio margen de acción. Su transgresión implicaría sanciones en escala según la gravedad, desde observaciones, apercibimientos y multas hasta la suspensión y la revocación de las licencias en casos extremos.
Sin embargo, el presidente de Andebu, Rafael Inchausti, consideró en declaraciones al diario El País que la aprobación de la iniciativa atentaría contra “la libertad de programación de los medios”, “la libertad de elección de las audiencias” y “la libertad de expresión”, y representaría una “injerencia del Estado” de carácter “inconstitucional” en una actividad que, según él, debe ser “libre e independiente”.
Las palabras de Inchausti sugieren que, en la concepción de los operadores de radio y televisión, el aire a través del cual circulan las ondas que emiten esos medios de comunicación podría considerarse propiedad de alguien. Pero, de acuerdo con las convenciones internacionales en la materia, toda la sociedad es dueña del espacio radiofónico, y el Estado administra su usufructo a través de la concesión de licencias. El presidente de Andebu parece actuar por reflejo, luego de décadas durante las cuales los broadcasters uruguayos se las arreglaron para trampear las leyes, comprando y vendiendo esas licencias y manejando el privilegio que conlleva su titularidad con criterio de monarcas absolutos.
Muy distinta es la situación de los medios de comunicación impresos, cuya producción no compromete bienes que comparte toda la ciudadanía. El papel, las imprentas y las instalaciones de diarios y revistas son propiedades tangibles que se compran o se contratan a terceros. Mientras no se cometan delitos a través de sus páginas, su operación debe ser libérrima. Los canales de televisión y las radioemisoras, en cambio, hacen uso de bienes del dominio público, y en Uruguay, hasta este período de gobierno, buena parte de sus licenciatarios se comportaron como los patroncitos de la vereda. Sucesivos gobiernos alimentaron esa arrogancia en un esquema de intercambio de favores que incluía, entre otras cosas, la asignación de ondas y precios preferenciales en la propaganda política. Suena a burla que Inchausti reivindique la “libertad de elección de las audiencias” cuando durante tanto tiempo muchos medios electrónicos uruguayos, en especial los canales de televisión, restringieron su oferta saturando la programación de producciones extranjeras, a menudo de bajísima calidad, y marginando a los comunicadores y artistas nacionales. La regla que los guió hasta ahora fue la del costo mínimo. ¿Qué otra razón podría explicar que se divulguen programas de preguntas y respuestas en los que ningún televidente podría participar si no se paga un pasaje de avión? ¿O colecciones de bloopers cuyo único rasgo uruguayo sea el doblaje? ¿O que “Código país” y “La púa”, por Canal 12, “Terapia de pareja”, por Canal 4, y “Dicho y hecho”, por el Canal 10, se emitan en horarios insalubres?
El proyecto no limita la libertad de expresión, sino que, por el contrario, la amplía al darles aire a los creadores de contenidos uruguayos y facilitarle al público el ejercicio del derecho al pataleo. Para los empresarios, constituye un desafío, además de una oportunidad de operar con decencia las ondas que son de todos. Si para eso es necesaria una ley, bienvenida sea.