Martín Pardo

¿Hay algún asunto con más necesidad de política para el Uruguay que su pobreza infantil y su inmensa brecha de desigualdad intergeneracional?

Parece algo tardío que el gobierno nacional se haya tomado cuatro años para generar un primer intento de abordaje interinstitucional de la política social en el territorio.

Montevideo y Canelones, cada uno con acentos y especificidades, han sido gestiones subnacionales que han impulsado dispositivos, ámbitos y prácticas participativas que acercan a los representados con sus representantes.

Se torna necesario discutir y proponer en la perspectiva de ampliar miradas que complementen la democracia representativa con un enfoque participativo y de apropiación ciudadana.

Las amenazas a la institucionalidad democrática no solamente están instaladas en actores externos que la desestabilizan en función de intereses propios de distinto tipo, sino que también se producen dentro del sistema.

La inmensa mayoría de las discusiones e intercambios que se han venido propiciando respecto al nuevo proyecto de circulación en bicicleta por 18 de Julio están cargadas de tinte político y con ataques hasta personalizados.

Hoy es impensable promover la transformación de las sociedades sin considerar a las ciudades como ámbito esencial.

Es posible impulsar una gestión de mayor cercanía sobre la base de tres pilares articulados que privilegien la inclusión social, la participación comunitaria y la economía territorial.

Además de la pobreza infantil y adolescente, en Uruguay existe gran disparidad socioterritorial, más allá de nuestro tamaño de país. Por lo tanto, hay que ensayar respuestas que atiendan esa particularidad de los territorios.

Los canarios y las canarias, que ya contaban con el mayor número de municipios en el país por amplia distancia (30), ahora se aprontan a incorporar dos nuevos gobiernos locales: Juanicó y Andaluz.

¿Quién les habla a los y las jóvenes en el sistema político? ¿Quién los está escuchando y les otorga ámbitos y canales para expresarse?

¿Puede la preservación de los recursos naturales y el entorno socio territorial ser avasallado por una inversión privada bajo argumentos centrados en reducir tiempos y mejorar conexiones?

¿Qué mecanismos de protección de cuencas y ríos son los que nos regirán si se avanza en la derogación de las normas que regulaban su preservación? ¿Cuántos ganan y cuántos pierden en este embate revisionista?

El proceso de municipalización en Uruguay, que tampoco es el origen de la descentralización institucional del Estado, es aún incipiente y cuenta con grandes oportunidades de mejora.

El negacionismo extremo de lo realizado en materia educativa durante 15 años por gobiernos anteriores no impide mirar críticamente, pero seguramente inhibe desplegar y consolidar nuevas políticas y procesos.

Es llamativo cómo el mundo masculino ataca en forma recurrente y virulenta a una persona como Carolina Cosse que, además de mujer, es ejecutiva y ahora resulta reconocida internacionalmente.

En varias de las mencionadas iniciativas hay un denominador común: se define desde el poder central un programa, servicio o prestación, para que luego en la escala subnacional se resuelva cómo gestionar.

La pandemia ha representado inmensos retos a nivel comunitario, pero también abre oportunidades de repensar y reperfilar “viejas recetas” de políticas públicas construidas desde el centro.

Para referir a los elementos esenciales de un pilar de la descentralización política como el de las transferencias presupuestales desde el gobierno nacional parece vital profesionalizar los procesos de construcción de evidencia.

La Rendición de Cuentas del gobierno presentada en el ámbito parlamentario no menciona ni especifica de dónde saldrían los recursos adicionales que el plan de vivienda y abordaje de asentamientos requiere.