En los primeros días de julio, el Senado aprobó parcialmente la iniciativa orientada a garantizar el derecho a la ciudad. Se trata de un proyecto pertinente y necesario, aunque en el debate parlamentario quedó sabor a poco, principalmente por los múltiples retos y dimensiones que la discusión involucra y que ninguna ley resuelve en forma aislada.
Solo con el aval oficialista en la cámara alta, ahora el tema deberá ser abordado en Diputados, pero sin ningún apoyo preliminar de la oposición. El saldo legislativo inicial sorprende parcialmente, en la medida en que la propuesta refiere a procesos y elementos normativos que hoy están consagrados en múltiples instrumentos y ámbitos, tanto regionales como internacionales, que comprometen a estados y gobiernos. El resultado de la votación importa y deja múltiples interrogantes, entre ellas: ¿será esta una herramienta genuina y efectiva para la transformación o quedará como un saludo a la bandera?
David Harvey, retomando a Henri Lefebvre, ha insistido en que el derecho a la ciudad trasciende el mero acceso a los recursos urbanos. Se trata de un abordaje que involucra transversalmente las múltiples dimensiones de la vida en sociedad y habilita profundas transformaciones sobre la base de la interacción y la proyección colectiva. El derecho a la ciudad es también el derecho a transformar y proyectar futuro. En un mundo con una tendencia marcada y sostenida hacia los conglomerados urbanos, es inconcebible pensar políticas públicas sin referir a la ciudad: pensarla en su escala humana e integrar conceptos claves vinculados a habitar y construir. Dicho ejercicio implica precisamente reconocer y subrayar que las brechas de desigualdad territorial tienen una expresión nítida en los entornos urbanos y metropolitanos.
Sin perjuicio de la conflictividad y desintegración territorial palpable, las personas siguen eligiendo vivir en las ciudades, tanto aquí como en el mundo. Eso sucede producto de causas económicas y por razones ligadas con el desarrollo multidimensional, ese que hay que acompasar con diversos instrumentos de regulación y planificación acordes. El número de personas que habita las ciudades no va a decrecer, todo lo contrario, y es por eso que hay que prepararlas, discutirlas, planificarlas. Una iniciativa legislativa que contribuya con ese objetivo es necesaria, casi imperiosa, aunque probablemente sea insuficiente si se concibe como respuesta aislada a las profundas desigualdades que se expresan en ciudades y territorios de todo el país.
El derecho a la ciudad no es una cuestión de romanticismos o de garantías abstractas, debe estimularse y propiciarse también con gobernanza territorial efectiva, con participación comunitaria y voluntad política.
El debate desarrollado en el Senado, como suele suceder, por momentos sintonizó con aspectos medulares, aunque en muchos otros dejó sabor a poco. Los defensores del proyecto abundaron en los mecanismos de identificación de las vulneraciones urbanas. Por otro lado, y lejos de acompañar, las voces opositoras (como la del senador Pedro Bordaberry) apuntaron a cuestionar el oportunismo de la iniciativa con argumentos contradictorios que no resisten análisis. Decir que el derecho a la ciudad impide o posterga discutir sobre inseguridad o personas en situación de calle es comprender poco sobre la multicausalidad y la complejidad. El tráfico hostil, la siniestralidad, los ruidos masivos también son fenómenos actuales que justamente expresan y describen una ciudad que no logra mitigar múltiples vulneraciones que emergen en su dinámica cotidiana. No son problemas de otra agenda, son precisamente el corazón del problema.
El derecho a la ciudad no es una cuestión de romanticismos o de garantías abstractas; debe estimularse y propiciarse también con gobernanza territorial efectiva, capacidades institucionales en los niveles más cercanos a la gente, con participación comunitaria y voluntad política para articular lo que hoy suele ser una respuesta fragmentada.
Si la iniciativa prospera en Diputados, los desafíos igualmente serán múltiples. Uruguay tiene experiencia acumulada (y no siempre virtuosa) cuando se aprueba un instrumento legislativo y queda descolgado de otros procesos. En ese contexto se produce un solapamiento de herramientas, saturación de coordinaciones y escasa claridad para identificar efectos e impactos planificados. Por lo tanto, la iniciativa deberá integrarse a las herramientas de gestión ya existentes. Por ejemplo, será vital el papel de los gobiernos subnacionales (intendencias y municipios), que son quienes intervienen a diario en el territorio. Una ley mágicamente no resuelve nada, y abundan los ejemplos.
Una gestión urbana sostenible, democrática y equitativa es todo lo que está aún por construirse. No lo hace una ley, tampoco hay recetas magistrales, porque lo que se requiere es involucramiento ciudadano en diálogo con la articulación de las respuestas públicas. Los retos son grandes: integración social, cohesión territorial, derecho a la memoria, al deporte, a la cultura, son todos puntos que están en esa agenda. También el desafío de construir ciudades pensadas por y para las infancias y adolescencias. La comunidad, las organizaciones sociales y los gobiernos territoriales deberán apropiarse del instrumento para transformarlo en un verdadero aporte a políticas públicas efectivas. El debate parlamentario no puede ser ajeno a lo que está sucediendo en tantos barrios y territorios urbanos, probablemente tampoco logrará resolver con un mero articulado lo que allí está sucediendo.
Martín Pardo es politólogo, magíster en Desarrollo Local y Regional, doctorando en Estudios Territoriales.