Deportaciones forzadas

A pocos días de llegar a Washington en 2011 y de haberme instalado en Chevy Chase, Maryland, veo a mi nieta Violeta hablando con una amable vecina que le estaba enseñando algunas palabras en inglés. Me presenté, y como era nuevo en la vecindad (todavía no estaba la bandera en mi residencia), le dije que era embajador de Uruguay ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). La mujer abrió sus ojos, se tomó el pecho con las dos manos y me dijo: “Oh my god, are you an ambassador of Uruguay?”. No es corriente que Uruguay sea conocido así, con tanta facilidad. Mucho menos encontrar a una norteamericana que casi colapsa de la emoción. Susan Baron tenía guardado desde hacía años el manuscrito de Reminiscences de su exsuegro Kurt Ibson, que había huido de Alemania hacia Holanda y, cuando los nazis avanzaron sobre los Países Bajos, junto con otros 20 judíos buscó refugio en nuestra misión encabezada por el embajador Carlos María Gurméndez. Hice llegar todos los manuscritos a la cancillería, hablé con la familia Gurméndez y los puse en contacto. Luego fuimos a entregarlos al Museo del Holocausto de Washington. Toda la familia de Kurt Ibson, que terminó su odisea en Estados Unidos, tenía un agradecimiento inconmensurable a Uruguay y un altísimo concepto de nuestros diplomáticos.

El miércoles 22 de julio, The New York Times informó que Uruguay está negociando con el gobierno estadounidense la acogida de personas expulsadas de ese país. Se sabe más: hace ya unos meses que el gobierno inició un “diálogo” con las autoridades de Estados Unidos. Uruguay aceptaría recibir a deportados forzados, que fueron capturados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (más conocido como ICE).

No es un diálogo, es una imposición

Se han firmado diversos acuerdos hasta ahora, con 35 países. El temor a las represalias del gobierno de Donald Trump en el plano de aranceles, reducción de asistencia o ingresar en una lista de países dudosos es el elemento central de la abdicación a proteger los derechos de estas personas y la vulneración de varios principios del derecho internacional.

Varias organizaciones de derechos humanos y protección de migrantes han denunciado esta política xenófoba, racista y punitiva contra un derecho fundamental. Americas Watch, Human Rights First, Third Country Deportation Watch, Refugee International, Amnesty, WOLA. También Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Derechos Humanos siempre y ante todo

La Declaración de Independencia de Estados Unidos afirma: “Sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales se encuentran la Vida, la Libertad y la búsqueda de la Felicidad”.

Repasemos otras declaraciones que ponen en claro que lo que está sucediendo es una grave violación a los derechos humanos, de dudosa legalidad, y una nueva vulneración al derecho internacional. “Desde el 2 de setiembre de 2025, altos funcionarios estadounidenses han publicado 63 videos que muestran el momento en que 221 personas perdieron la vida al explotar las pequeñas embarcaciones en las que viajaban, destrozadas por bombas y misiles disparados por las fuerzas armadas estadounidenses en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental”.¹

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha exigido al gobierno de Estados Unidos que respete de manera estricta el derecho al asilo y el principio de no devolución en el marco de sus operativos y acuerdos de deportación o traslado de migrantes a terceros países. Expertos de la ONU, alarmados por la reanudación de las deportaciones estadounidenses a terceros países, advierten a las autoridades que evalúen los riesgos de tortura, violaciones de derechos o refoulement (envío a lugares donde la vida y la libertad de las personas corren peligro) a países de origen.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha expresado una profunda preocupación y rechazo ante las deportaciones masivas y la externalización de la gestión migratoria a terceros países, advirtiendo que violan el debido proceso y exponen a los migrantes a graves riesgos de vulneraciones de los derechos humanos.

“Los acuerdos de deportación de Estados Unidos con terceros países tienen más que ver con el miedo que con las cifras” es el título del informe del Instituto de Política Migratoria (MPI): “El MPI estima que entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025 se produjeron unas ínfimas deportaciones a terceros países (13.000 de ellas a México), una proporción mínima del millón de deportaciones anuales que la administración ha declarado que pretende alcanzar”. Según el informe de Refugee International y Human Rights First “Desterrados por negociación: seguimiento del coste humano de los acuerdos de transferencia forzosa a terceros países del gobierno estadounidense”, los acuerdos firmados hasta ahora con 35 países son diversos:

• Disposiciones para encarcelar a las personas trasladadas por la fuerza en prisiones de El Salvador, Eswatini y Sudán del Sur hasta su eventual traslado a otro país.
• Acuerdos para el traslado temporal previo al regreso a su país de origen con Camerún, República Centroafricana, Costa Rica, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Ghana, Panamá, Polonia, Sierra Leona y Uzbekistán. En la mayoría de los casos, esto también ha incluido la detención arbitraria.
• “Acuerdos de Cooperación en Materia de Asilo” (ACA, por sus siglas en inglés) o los intentos de “acuerdos de tercer país seguro” (STCA, por sus siglas en inglés) con Belice, Cabo Verde, Ecuador, Guatemala, Honduras, Liberia, Paraguay y Uganda, donde supuestamente las personas transferidas pueden presentar una solicitud de asilo.
• Otros tipos de acuerdos que pueden incluir la detención, el traslado posterior o la permanencia en el tercer país, como con México y Ruanda, así como acuerdos adicionales con Guatemala, Honduras y Paraguay fuera de los parámetros de los Acuerdos de Asistencia Comunitaria firmados con esos países, y un nuevo acuerdo de 2026 con Costa Rica.

En un informe de la minoría del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos que lleva como título “¿A qué precio?”, se afirma: “La deportación se utiliza como moneda de cambio. La diplomacia estadounidense se lleva a cabo mediante pagos secretos en efectivo y concesiones tácitas. Se presiona a países con aranceles, prohibición de visados o recortes en la ayuda. Se gastan millones de dólares de los contribuyentes sin una supervisión ni rendición de cuentas efectivas. Y se prioriza la rapidez y la disuasión sobre el debido proceso y el respeto a los derechos humanos”.

Nuestro orgullo: tradición de asilo y refugio

“Uruguay avanza en derechos y lo hace sobre las tradiciones progresistas que ya habían sido cultivadas tiempo atrás. Como las de asilo y refugio, que tuvo acciones ejemplares como la del diplomático Florencio Rivas, que en 1938, siendo cónsul en Hamburgo, al otro día de la Noche de los Cristales Rotos, encontró 150 judíos en su jardín y enfrentó a la Gestapo envuelto con una bandera uruguaya. Les dijo que a su casa, territorio uruguayo, solo entraban con el permiso de su gobierno o de él. La del embajador Carlos María Gurméndez que salvó en Holanda a 20 hombres y mujeres, incorporándolos como funcionarios y viajando hacia Suiza primero y luego a Lisboa”.²

Uruguay ha tenido siempre una política abierta desde el siglo XIX a todas las corrientes migratorias, en especial, a las que buscaban refugio, asilo o simplemente vivir y trabajar en un país amigable. Recibimos olas de inmigrantes, también a los perseguidos por la Italia de Mussolini y la España de Franco. Esto que se nos está pretendiendo imponer sería una mácula a esa tradición. La cooperación con estas deportaciones forzadas no tiene absolutamente nada que ver con la tradición de asilo y refugio de nuestro país ni con las políticas migratorias de apertura que estamos implementando desde hace décadas. Serían un mecanismo de colaboración con una política interna de Estados Unidos que viola flagrantemente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y una acción de dudosa legalidad interna.

Milton Romani Gerner es licenciado en Psicología. Fue embajador ante la Organización de los Estados Americanos y secretario general de la Junta Nacional de Drogas.