El 29 de julio, The New York Times informó que la administración de Donald Trump planea enviar a Uruguay a personas cubanas deportadas desde Estados Unidos. Días después, la cancillería y la Secretaría de Presidencia confirmaron que ambos países vienen negociando desde hace meses la posibilidad de convertir a Uruguay en un “tercer país” para deportaciones.
Las autoridades uruguayas prefieren hablar de “conversaciones” o de “uno más de los tantos temas migratorios” que se tratan con Washington. También sostienen que se trata de evitar que las personas cubanas terminen deportadas a países de África, lejos de sus familias y sus vínculos. Estas no son más que frases que suavizan lo que en el fondo es una pieza más de una estrategia global de criminalización migrante y racialización del control fronterizo, en la que Uruguay corre el riesgo de pasar a jugar un papel protagónico.
La relación de Estados Unidos con la migración cubana, y en especial su arenga, nunca fue inocente. Durante décadas, Washington usó a las personas migrantes cubanas para construir una narrativa: la de un gobierno despótico, contrario a la libertad. Más allá de las diferencias legítimas que puedan existir sobre cómo se gobierna Cuba, es difícil negar que la intervención estadounidense sobre la isla, sostenida durante más de 60 años, responde a intereses imperiales muy concretos. En ese esquema, tanto las personas migrantes como las fronteras funcionaron como herramientas de una política anticomunista y contrarrevolucionaria.
Ese aprovechamiento del llamado “éxodo cubano” empezó a perder sentido en 2017, cuando Barack Obama puso fin a la política de “pies secos, pies mojados”. La medida, creada por Bill Clinton en 1996 al amparo de la Ley de Ajuste Cubano de 1966, permitía que cualquier persona cubana que llegara a territorio estadounidense pudiera regularizar su situación migratoria sin necesidad de haber ingresado de forma legal. Para 2017, esa lógica ya no le servía a Washington: el nuevo proyecto neoimperial del siglo XXI apostaba a endurecer el control fronterizo y a disuadir la movilidad humana, no a facilitarla.
El proyecto político estadounidense de este siglo —y en particular el de la etapa pospandemia— ya no busca combatir a las izquierdas latinoamericanas “salvando” a sus pueblos mediante la migración, ni usarlos como vidrieras del éxito capitalista, ni sumarlos como votantes. La estrategia actual es otra: cerrar fronteras, reservar el Estado de bienestar para sus nacionales y desechar la mano de obra global que, según su propia lógica, desequilibra el sistema de producción neoliberal. Todo esto ocurre en el marco de un resurgimiento del Estado racial, donde para convencer a la sociedad de que los migrantes son responsables del fracaso del capitalismo se apela a frases que ya usó Hitler, como que “los migrantes envenenan la sangre” de la nación. El objetivo es crear un chivo expiatorio que permita justificar las prácticas más crueles en nombre del orden económico y social.
Detrás de este proyecto hegemónico hay una idea de jerarquía racial y nacional: la necesidad de “limpiar” el territorio de todo lo que ya no resulta funcional a estos nuevos fundamentos. Por eso, además de reforzar su política de detención y deportación de la migración irregular, el gobierno de Estados Unidos tiene dos objetivos claros: devolver a las personas cubanas y venezolanas a sus países de origen o a terceros países, porque hoy representan justamente lo contrario a su ideal de nación.
Uruguay todavía no logró garantizar protección internacional efectiva a 30.000 personas que ya la solicitaron, y aun así, se sienta a negociar con una potencia imperial las condiciones para recibir deportaciones.
A las personas venezolanas, la administración Trump ya les quitó el TPS (Temporary Protected Status), el estatus de protección temporal que se les había otorgado tras salir de su país huyendo de lo que Estados Unidos denominó “el régimen de Maduro”. Esa protección sigue vigente hasta el 2 de octubre de 2026; después de esa fecha, alrededor de 600.000 personas quedarán indocumentadas y expuestas a la deportación. Venezuela ya fue intervenida por Washington, así que estas personas migrantes pasaron a ser, de un día para el otro, descartables. Ni siquiera el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que dependen el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), informó todavía qué va a pasar con ellas.
Con las personas cubanas, en cambio, las negociaciones para su salida ya están en marcha, y todo indica que Uruguay podría tener un rol central. Esto ocurre mientras el propio Ministerio de Relaciones Exteriores acumula un atraso de 30.000 solicitudes de asilo sin resolver, lo que deja en evidencia la incapacidad operativa de la Comisión de Refugiados (CORE) para tramitar los expedientes de personas migrantes que ya están en el país.
Dicho de otro modo: Uruguay todavía no logró garantizar protección internacional efectiva a 30.000 personas que ya la solicitaron. Tiene una deuda pendiente con esas personas migrantes, y aun así, se sienta a negociar con una potencia imperial las condiciones para recibir deportaciones. ¿Cómo puede un país que no logra destrabar semejante cantidad de trámites —y que con eso pone barreras a la integración plena de las personas migrantes— pensar que está en condiciones de recibir a miles de personas que llegarían en situación de hipervulnerabilidad, producto del desarraigo forzado que implica toda política de deportación?
Todo indica que esta discusión está lejos de pensar en las personas migrantes, en sus derechos humanos o en construir una sociedad pluricultural. Detrás de los debates que hoy da el Estado uruguayo hay otros intereses y arreglos políticos y económicos que no se le están explicando a la ciudadanía. La recepción de personas cubanas deportadas es parte de un pacto que, lejos de beneficiar a Uruguay, lo compromete y lo convierte en cómplice de una dinámica racista, etnonacionalista e inhumana que Estados Unidos les impone a todas las personas latinoamericanas y que se cuela en la región, como por ejemplo, con el DNU 336/2025 del presidente argentino Javier Milei o las deportaciones exprés del presidente chileno José Antonio Kast. Personas que, como nosotros, conservamos el derecho a migrar en libertad y a elegir nuestro destino, sin el control, la vigilancia ni la mediación de ningún poder político.
Carolina Martirena Vimercatti es doctora en Estudios de Migración, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y profesora colaboradora de la Universitat Oberta de Catalunya.