“Nadie sale igual de una audiencia”. La frase, repetida por quienes han pasado por instancias judiciales vinculadas a violaciones a los derechos humanos, dice algo más que una experiencia personal. Marca un momento preciso: cuando una voz irrumpe y obliga a escuchar lo que muchas veces se quiere dejar atrás.
Durante años, esos testimonios formaron parte de un proceso que parecía haber fijado ciertos acuerdos básicos. Que el terrorismo de Estado no podía relativizarse. Que había hechos que no admitían discusión. Que la búsqueda de verdad y justicia era un piso común de la democracia.
Hoy esos acuerdos muestran fisuras, aunque de formas distintas según el país. En la región, esos consensos vuelven a ser discutidos en el espacio público. Argentina, durante décadas referente mundial en materia de justicia transicional, eligió democráticamente un gobierno que promueve abiertamente discursos negacionistas. En Uruguay, el Memorial de los Detenidos Desaparecidos fue vandalizado en varias ocasiones. Pero hay algo más constante y más simbólico: entre los movimientos de derechos humanos persiste la sensación de que, más allá del signo político de turno, siempre falta compromiso real por parte del Poder Ejecutivo.
Frente a eso, el testimonio vuelve a ser necesario. No solo para recordar.
El testimonio suele pensarse como un relato del pasado. Una forma de preservar lo que ocurrió. Pero eso ya no alcanza para entender lo que está en juego. El filósofo e investigador Andreas Huyssen habla de “pretéritos presentes”: memorias que no se cierran, que siguen interviniendo activamente en el presente. La socióloga Elizabeth Jelin, referente regional en estudios sobre memoria, agrega que esas memorias nunca son fijas, sino que están en tensión permanente entre quienes reivindican lo ocurrido y quienes buscan minimizarlo.
Cuando alguien testimonia, no solo cuenta. Se expone. Produce verdad donde antes hubo silencio. Interpela allí donde se instaló la indiferencia. “Nosotros cuando testimoniamos lo hacemos no solo por nosotros, sino por todos los que ya no están. Es una forma de que no nos los borren otra vez”, dijo Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos (Famidesa) de Uruguay. Esa frase condensa algo que los movimientos de derechos humanos del Cono Sur comprendieron temprano: narrar lo vivido no es simplemente recordar. Es disputar el sentido del presente. Es definir qué estamos dispuestos a considerar inaceptable.
En Argentina y Uruguay esas voces fueron decisivas para avanzar en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Muchas causas no habrían existido sin esos testimonios. Allí donde los documentos fueron destruidos, donde el archivo desapareció, la voz de quien recuerda se volvió prueba y denuncia. Gladys Zalazar, de Abuelas de Plaza de Mayo, lo resumió con precisión: sin quienes pudieron conservar lo que vivieron y contarlo en los juicios, no se habrían reconstruido muchos de los datos clave para la búsqueda.
Pero la importancia del testimonio no se agota en lo judicial. Graciela Montes de Oca, de Famidesa, lo expresó sin rodeos: “El testimonio ha sido lo que nos sostuvo en los momentos más duros. Cuando no teníamos respaldo institucional, era nuestra única forma de seguir buscando justicia, de seguir haciendo visible lo que nos quisieron ocultar”.
Hay una dimensión del testimonio que suele quedar en segundo plano: la pedagógica. Y es, quizás, donde su potencia se vuelve más duradera. Esteban Herrera, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, da charlas en escuelas. Describe lo que ocurre así: “Al tener delante por primera vez a alguien que es víctima del terrorismo de Estado, se logra una conexión humana con quien está enfrente, con quien está respirando el mismo aire en esa aula”.
Muchas causas no habrían existido sin esos testimonios. Allí donde los documentos fueron destruidos, donde el archivo desapareció, la voz de quien recuerda se volvió prueba y denuncia.
Esa respiración compartida es lo que no puede reproducir ningún manual. Adriana Metz, también de Abuelas, recuerda la primera vez que fue a una escuela primaria: los nenes de 6, 7 años no entendían nada (o ella pensaba que no entendían nada), y terminaron todos llorando. “Esto no lo vuelvo a hacer nunca más”, se dijo. Y sin embargo volvió, porque entendió que era necesario. Porque los niños que buscaban podían estar en esas aulas, y porque esa búsqueda era colectiva.
En Uruguay, Famidesa impulsó el proyecto “Memorias para armar”, que llevó testimonios de familiares a liceos y escuelas secundarias. Pero esa construcción no está exenta de disputa: organismos como el Servicio Paz y Justicia denunciaron que se removieron textos clave sobre el terrorismo de Estado, como los de Carlos Demasi, y se incorporó en su lugar un libro escrito por Julio María Sanguinetti, figura política central del período previo y posterior a la dictadura. La murga Asaltantes con Patente lo resumió con ironía: “La verdad no vemos falla de este cambio repentino, que es ver la historia de Batman contada por el Pingüino”.
En Argentina, Abuelas logró incorporar el derecho a la identidad como contenido curricular, un logro que hoy también enfrenta amenazas. Además, la falta de financiamiento estatal pone en riesgo la operación del Banco Nacional de Datos Genéticos, la herramienta clave para identificar a los nietos apropiados. Lo que está en juego no es solo un programa educativo, o distintos programas estatales que se desfinancian, la disputa está en quién queda habilitado para narrar el pasado a las nuevas generaciones.
Nada de esto ocurre en un vacío. En los últimos años crecieron discursos que cuestionan o relativizan lo ocurrido. Alejandra Casablanca, de larga trayectoria militante y política en este tema, advirtió sobre ese riesgo con una claridad que no admite demasiados matices: “Quizás hace cinco años no lo veíamos con tanta claridad en el Uruguay… Seguimos pensando que somos una isla. No somos ninguna isla”. Esa relativización aparece a veces de forma directa. Otras, a través de la banalización o la equivalencia. El resultado es el mismo: el testimonio es puesto en duda, relativizado, deslegitimado.
Ahí es donde vuelve a incomodar. Porque no deja cerrar. Insiste. Obliga a discutir no solo el pasado, sino el presente. “Eso también nos impulsa a estar hoy en muchos lugares, no solo hablando del pasado, sino de cómo ese pasado se enlaza con la injusticia del presente”, dijo Montes de Oca. Zaffaroni fue más lejos todavía: el testimonio, para ella, tiene que vincularse con las luchas actuales, con la pobreza infantil, con la violencia institucional, con las juventudes desaparecidas de hoy. El pasado reciente no es una cápsula sellada. Es una clave para leer el presente.
La Marcha del Silencio, cada 20 de mayo, es una de las formas más visibles de esa persistencia. El silencio no es vacío: es una forma de decir. Los nombres, las fotos, la ausencia compartida sostienen una pregunta que sigue abierta. Y que, en contextos de retroceso, se vuelve más urgente.
Cuando esas voces pierden lugar o son sistemáticamente puestas en duda, lo que se erosiona no es solo la memoria. Se debilitan también los acuerdos que marcan los límites de lo tolerable. Las democracias no se sostienen solo en sus instituciones. También dependen de esos acuerdos más frágiles sobre lo que no puede volver a ocurrir. Por eso, cuando el testimonio vuelve a ser necesario, no es solo para recordar. Es porque algo de esos límites está siendo discutido. Y ahí, otra vez, importa, incomoda, interpela y mantiene viva la disputa.
Federico Bruno Batthyany es sociólogo y magíster en Estudios Contemporáneos de América Latina. Este artículo retoma hallazgos de su tesis de maestría “Entre el silencio y el grito: estudio comparado entre Abuelas de Plaza de Mayo y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y su rol en la construcción de la Memoria Colectiva en el período 2003-2023”, basada en 16 entrevistas a integrantes de Famidesa y de Abuelas de Plaza de Mayo.