El proyecto de ley de Rendición de Cuentas sorteó su nada sencillo escollo parlamentario con la aprobación en la Cámara de Diputados. Si bien en el Senado, de mayoría oficialista, su aprobación definitiva es un hecho, nada impide reflexionar en profundidad en relación con lo generado en el proceso de discusión y sus diversas implicancias. Las especulaciones y valoraciones sobre el precio pagado por el Frente Amplio para conseguir los votos imprescindibles en la rama baja son muy válidas; por otra parte, no deben invisibilizar otros elementos aún más complejos y profundos.
La negociación con Cabildo Abierto implicó revisar acuerdos que parecían consolidados en el largo proceso de Diálogo Social con múltiples actores. Detenerse en la pulseada política coyuntural que los partidos históricos de oposición plantearon como castigo al oficialismo de turno presenta muchas aristas que probablemente evitaron una oportunidad de comenzar a revertir un proceso en el que, desde hace décadas, siempre pierden los mismos. Ese sector de la población absolutamente postergado en la política y en las políticas: los niños, las niñas y los adolescentes de Uruguay. Esos que cada vez nacen en menor cantidad y son horriblemente tratados por el mundo adulto, incluidas las instituciones, los recursos, las garantías y las prestaciones que reciben.
Precisamente estas semanas, en el propio Poder Legislativo, compartimos una rica instancia de diálogo entre la Plataforma de Infancias y Adolescencias del Uruguay y el equipo del Observatorio de Infancia y Adolescencia del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve). No buscó ser un acto protocolar más, ni un saludo a la bandera, sino que se propuso aportar al debate y profundizar argumentos. El esfuerzo colectivo por dialogar abiertamente, mirando más allá de la coyuntura, se propuso integrar una perspectiva de incidencia territorial y multiactoral junto con un profundo análisis de evidencia técnica y económica. La combinación de miradas siempre es imprescindible en escenarios de complejidad.
El encuentro, que abordó los mitos y realidades de la política de transferencias, también fue una excusa para trascender simplificaciones y etiquetas. Para eso hay que contextualizar y complejizar el análisis, hay que hablar de política y economía con mayúsculas. Es un ejercicio que implica hablar de desigualdad o, mejor dicho, de desigualdades. Porque en el debate público del “ring-raje” cotidiano se afirman “certezas” que, cuando se las mira con evidencia, se desploman solas y no debieran admitir mayor discusión.
Eso es tan claro como caer en la falsa premisa, tantas veces repetida, de que si la economía de un país mejora, mejoran todos los que allí habitan. Claro que no, para eso existe o debiera existir la política, pero no la política de zócalo tribunera. Fue triste asistir al debate de Diputados, donde varios parecían hablarles al reel o a las redes, con el foco en generar el videíto picante antes que en estudiar, escuchar, defender posturas sólidas y argumentos en relación con temas tan sensibles.
La Rendición de Cuentas es un instrumento más en el marco de la proyección presupuestal del gobierno. Habla de transferencias y de muchas otras cosas más que deben armonizarse para dar verdaderas señales en el sentido de privilegiar efectivamente a las infancias y adolescencias. Para eso se requieren políticas públicas que trasciendan los períodos quinquenales. No hay ni habrá garantías institucionales, abordajes intersectoriales y, en definitiva, un combate efectivo a las aberrantes desigualdades intergeneracionales de nuestro país si ni siquiera se genera un consenso básico para materializar acciones concretas que empiecen a revertir un escenario absolutamente estancado y perpetuado con los años. Claro que después, cuando las urnas se aproximan, es mucho más fácil decir que los niños son prioridad. Mientras tanto, los de siempre siguen esperando. Esos que no votan, pero son, por escándalo, las personas más vulnerables y desprotegidas de nuestra sociedad.
El diagnóstico que sostiene esta agenda no cambia sustantivamente de un año a otro y eso debería ser lo que más debiera inquietar. Casi tres de cada diez niñas y niños de 0 a 6 años viven en Uruguay en contextos de pobreza. 160.000 niños, niñas y adolescentes en esa situación, uno de cada cinco naciendo en contextos de privación material extrema. En nuestro país la desigualdad tiene rostro, nombre y, sobre todo, edad. Si sumamos y articulamos esta información con las nuevas mediciones de pobreza multidimensional, los números son aún más alarmantes y escandalosos.
Esto no es un debate técnico abstracto; se vincula esencialmente con asumir responsabilidad y definir qué país queremos ser, desde hoy. Porque la única certeza que tenemos es la deuda inmensa con nuestros niños, niñas y adolescentes. El ejercicio riguroso propuesto por Cinve, de combinar las mediciones de pobreza monetaria con la multidimensional, elevan aún más esas cifras y porcentajes alcanzando guarismos impresentables para el país.
La Rendición de Cuentas será aprobada, pero está lejos de ser la panacea tras las arduas negociaciones que evidentemente implicaron cesiones y concesiones. Si bien se mantienen varios aspectos que desde la academia y desde distintos colectivos se vienen defendiendo en los últimos años, como los avances hacia unificar, fortalecer y simplificar el esquema de transferencias económicas, en los hechos se mantienen posturas punitivistas con contraprestaciones exigidas que contravienen toda la evidencia. También se mantiene la Tarjeta Uruguay Social (TUS) como instrumento central de las transferencias. Lejos de ser un detalle técnico o procedimental, es una decisión política que perpetúa la estigmatización de las personas que la utilizan.
No hay ni habrá un combate efectivo a las aberrantes desigualdades intergeneracionales de nuestro país si ni siquiera se genera un consenso básico para materializar acciones concretas.
Retomando los aportes generados hace unos días por expertos del Observatorio Cinve, se evidenció con meridiana claridad que los aspectos redistributivos deben dialogar siempre con el crecimiento de la economía. Entre múltiples gráficos y números expuestos quedó claro que, como país, incluso nos dimos el lujo (hace poco más de un par de años) de tener un crecimiento económico auspicioso al mismo tiempo que se incrementaba la línea de indigencia. Aberrante e inconcebible. Pero claro, cuando el crecimiento está absolutamente divorciado de la distribución de esos recursos, tenemos un enorme problema con las desigualdades que siempre les pegan a los mismos.
Tampoco es discutible, a la luz de la evidencia presentada por los expertos, que las transferencias impactan y han impactado decisivamente en las posibilidades de atacar la pobreza en los hogares donde habitan todos estos niños, niñas y adolescentes. No alcanza, además, con proteger a las próximas generaciones si seguimos postergando a las que ya están hoy en situación de pobreza.
Hay que discutir estos temas en profundidad, contextualizados, y asumir responsabilidades políticas que además debieran integrar elementos de resguardo normativo. ¿O seguiremos atando la discusión de recursos e incrementos para la población más desprotegida a la voluntad discrecional de cada período de gobierno? ¿Cómo protegemos los principios de no regresividad y progresividad, esenciales a todo derecho humano?
Ahora bien, ninguna transferencia, por robusta que sea, genera milagros ni agota una respuesta. La pobreza infantil no es un fenómeno aislado, es la expresión más extrema de desigualdades que se reproducen en el campo del empleo, los cuidados, la vivienda y el territorio. Por eso es vital que la discusión se profundice y trascienda la trabajosa rendición de cuentas en proceso de aprobación. Hay que incorporar enfáticamente la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad y de la integralidad de las políticas. También la necesidad de avanzar hacia un sistema de medición multidimensional de la pobreza con herramientas permanentes de monitoreo de los efectos e impactos.
En este mismo paisaje institucional y de vértigo sobre toda gestión política, donde se miden las popularidades de los personajes cada 15 minutos, no está demás advertir acerca del riesgo de respuestas estatales simplificadoras y hasta esquizofrénicas. No parece razonable que un gobierno que convoca al diálogo amplio de actores para mirar la seguridad desde un enfoque preventivo y de convivencia, de una semana a la otra, pase a anunciar operativos de violencia institucional represiva para atacar la violencia territorial angustiante que impera. Porque los resultados quedan a la vista. Los que se están muriendo entre esas balaceras muchas veces inexplicables también terminan siendo los niños, niñas y adolescentes. La violencia que se combate con violencia no suele terminar bien.
Todo este paisaje de complejidad entonces debe discutirse en forma rigurosa, responsable e integrada, porque también será o no la oportunidad de avanzar hacia una nueva matriz de protección social reformulada que ponga a las infancias en el centro. Allí, en el abanico de las oportunidades, está también la Ley GAPIIA, con su gabinete interministerial ya instalado. El tiempo y las acciones dirán (o no), si se avanza efectivamente en liderazgo y racionalización de la institucionalidad, con visión y foco en la protección, conectando respuestas y dimensiones que dialoguen desde la implementación y no solo desde el discurso. Las niñas, niños y adolescentes tienen que estar en el centro, tienen que ser nuestra principal política de Estado y no el eje de discusiones caricaturescas para la tribuna.
En 2024 la Plataforma convocó con mucha humildad y responsabilidad a un diálogo interpartidario y multiactoral bien amplio. En ese proceso, más allá de los matices, ningún actor político parecía oponerse a que este tema fuera priorizado en la agenda pública gubernamental. Esa sintonía debería haber primado en la negociación parlamentaria que signó la rendición de cuentas, pero eso no pasó. Algún aprendizaje debería quedar, aunque probablemente fue una nueva oportunidad perdida de dar señales contundentes en el compromiso hacia nuestras niñas, niños y adolescentes. El tiempo, otra vez, es hoy. Mañana será tarde si siempre quedan relegados los mismos. Esos que no votan, pero sufren indefectiblemente las postergaciones y las malas decisiones.
Martín Pardo es politólogo, magíster en desarrollo local y regional, doctorando en estudios territoriales. Integra la Plataforma de Infancias y Adolescencias del Uruguay.