El martes se cumplieron 100 años del nacimiento de Guillermo Chifflet, y con ese motivo se le realizó un homenaje en el Senado, aunque su desempeño como parlamentario transcurrió por completo en la Cámara de Representantes, en cuatro legislaturas consecutivas desde 1990. En diciembre de 2005 presentó renuncia a su cargo de diputado, para no votar a favor de la permanencia de tropas uruguayas en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah, por su acrónimo en francés). El apoyo a esa decisión, impulsada por el entonces presidente Tabaré Vázquez en su primer año de gobierno, había sido declarado “asunto político” por el Frente Amplio (FA) y era, por lo tanto, obligatorio de acuerdo con las normas internas. Chifflet expresó en su última intervención como legislador: “Quiero respetar la voluntad de la mayoría, pero también estar tranquilo con mi conciencia”.
De aquel gesto se suele destacar el compromiso del veterano político con sus convicciones, pero la renuncia tuvo también un segundo significado ético. Otros cinco diputados del FA expresaron su desacuerdo con la decisión mayoritaria de la bancada sobre la Minustah retirándose de sala en el momento de la votación, y en circunstancias similares es frecuente que quienes discrepan con la mayoría voten a favor pero argumenten en contra. Chifflet consideró que sus únicas dos opciones legítimas eran acatar las normas colectivas o romper el vínculo que se las imponía. Esto implicaba reconocer la importancia de la disciplina política y también asumir que los lugares en el Poder Legislativo no les pertenecen a quienes los ocupan.
Al amparo de la ambigüedad
En Uruguay no han sido pocas las rupturas entre integrantes del Parlamento y las organizaciones políticas por las que habían ingresado en él. En 2015, Óscar Bottinelli contabilizaba 37 abandonos de partido por parte de legisladores en un siglo contado desde que nuestro país se transformó, “entre 1910 y 1918”, en “una verdadera democracia [...] de partidos en lucha política, en lucha cívica y no [...] como bandos armados”. El cómputo de los casos en que hubo abandono de sectores aumenta bastante el total, y en los últimos 11 años se sumaron situaciones de ambos tipos. Lo raro ha sido que la ruptura se viera acompañada por una renuncia a la banca.
Casi siempre quienes plantean discrepancias inconciliables con el sector o el partido por cuya lista fueron electos siguen en sus cargos, ya sea como legisladores independientes, en otro sector del mismo partido o pasando a integrar otro partido. Alegan a menudo que no quieren traicionar la confianza de sus votantes, que el partido o el sector que dejaron cambió su orientación o traicionó sus principios o que hechos imprevistos determinaron que los caminos se separaran, sin que se violaran compromisos previos de ninguna de las partes.
Del otro lado, la intensidad de las críticas varía. Nadie se alegra de que disminuya su representación parlamentaria, pero no hay posibilidades de apelación porque ninguna norma establece a quién “le pertenece” una banca, aunque la lógica indica con claridad cuál es la respuesta.
En las hojas de votación está primero el lema, luego el sublema y por último la lista de personas postuladas. La Corte Electoral adjudica las bancas en el mismo orden: primero cuántas le corresponden a cada partido, después cómo se reparten entre sus sectores, y finalmente qué personas postuladas en listas ingresarán a cada cámara.
Es inverificable en qué medida los votos recibidos por cada candidatura al Parlamento son atraídos por quien se postula, por otras candidaturas (incluyendo la presidencial) o por la fidelidad a un sector o un partido. En Uruguay no existe el sistema de “voto preferencial” al Parlamento, en el que cada votante marca las candidaturas que prefiere.
Todos los partidos que hoy tienen representación parlamentaria y algunos otros han ganado o perdido bancas por el traspaso de legisladores, pero todos se han abstenido cuidadosamente de impulsar normas al respecto. Mantener la indefinición les permite evaluar en cada caso si conviene más un intento de disimular sin escándalos las disidencias, la pérdida de una banca o el involucramiento en una controversia pública.
El fondo de la cuestión
Hay otra dimensión del asunto, tanto o más relevante que las mencionadas. Cuando algún integrante del Parlamento tiene diferencias insalvables con el sector o el partido por el que se postuló (ya sea con sus pares en una bancada o con las autoridades de su sector o partido), es crucial considerar en qué medida hay posibilidades de resolver la contradicción por mecanismos de democracia interna. Si quienes ofician de representantes no pueden llegar a un entendimiento, es pertinente saber a qué parte le dan la razón las personas representadas.
Aun si se aceptara que las bancas son de la organización política a la que le fueron adjudicadas por la Corte Electoral, quedaría en pie una pregunta básica: ¿de quiénes es la organización política?