El Frente Amplio ha sostenido históricamente la identidad montevideana, muchas veces cuestionada y vilipendiada por la oposición política, y ha puesto en el centro el cuidado por el territorio del Departamento y sobre todo, su gente, su memoria e identidad. Bajo el paraguas jurídico de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, contamos con un marco normativo estable, en cuanto a las garantías que ofrece a los actores que conviven en el territorio, a los administrados, a los desarrolladores y al ambiente.
Desde el año 1990 hasta la fecha han tenido lugar innumerables debates en el seno de nuestra fuerza política, encargada de administrar el Gobierno Departamental por mandato popular refrendado en las urnas. Lo ocurrido con la propuesta promovida por la empresa Bislun para desarrollar un emprendimiento urbanístico de unas 228 hectáreas de suelo rural en el Municipio F, adyacente a los Bañados de Carrasco, fue, lisa y llanamente, otra discusión más de esa larga tradición. Y así debe ser entendida y encarada.
Lo que se sometió a consideración de la Junta Departamental no fue el proyecto en sí mismo, sino el primer paso de un procedimiento considerablemente más extenso de transformación del suelo. Ese primer paso llegó al legislativo departamental por iniciativa de la Intendencia de Montevideo; primero por impulso del compañero Mauricio Zunino y luego, en su versión enmendada, del actual intendente, el compañero Mario Bergara.
En la Junta Departamental se configuraron tres posiciones: quienes rechazaban el proyecto, quienes lo respaldaban, y la actitud que asumimos desde la Vertiente Artiguista, que no fue de rechazo ni de aprobación anticipada, sino de elaboración de una mirada alternativa. Nuestro trabajo se concentró en analizar el articulado enviado por el Ejecutivo Departamental tanto desde el punto de vista ambiental, como social y urbanístico.
Recordemos que según lo que dicta la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, de acuerdo a sus modificaciones recientes que crearon los PAI complementarios, el camino que había elegido la Intendencia de Montevideo para el presente caso exigía que, para que este suelo categorizado como rural pudiera eventualmente cambiar de categoría, se cumpliera con sucesivas etapas, que sintetizamos en cuatro: la declaración de interés departamental, la elaboración del instrumento (Programa de Actuación Integrada -PAI-), el proceso de puesta de manifiesto y audiencia pública, y por último la puesta a consideración de la Junta Departamental respecto al cambio efectivo del tipo de suelo.
El primer paso —la declaración de interés departamental— fue lo que se discutió principalmente en la Junta. Desde el inicio entendimos que ese camino no era el más adecuado, y que era preferible aspirar a la elaboración de un Plan Parcial. Sobre esa base planteamos dos aspectos concretos: primero, que las contrapartidas adicionales a las ya exigidas por la Resolución 5313/25 —incluyendo el destino específico del retorno de valorización— se definieran antes de habilitar el instrumento, y no después. Segundo, que los fondos que reciba la Intendencia por ese retorno de valorización se destinen expresamente al trabajo con los asentamientos y centros poblados del Municipio F, priorizando la mejora para aquellos que hoy carecen de condiciones dignas para vivir, falta de saneamiento, vialidad y transporte.
Ya a fines del siglo XIX, Henry George sostenía que el mayor valor que adquiere un terreno no es mérito de quien lo posee, sino el resultado del crecimiento y la obra pública de la comunidad que lo rodea, y que por lo tanto esa renta debe volver a esa misma comunidad. Es exactamente la lógica que subyace al retorno de valorización previsto en la Ley 18.308, y es la razón de fondo por la que insistimos en que esos fondos no se vean diluidos en rentas generales, sino que se destinen expresamente a mejorar las condiciones de vida en el Municipio F, que es donde ese mayor valor se estaría generando. De esta manera, con carácter excepcional, se estaría aplicando esos recursos en un territorio muy afectado por las desigualdades.
Como decíamos, la elaboración de un Plan Parcial como instrumento marco, de mayor alcance territorial, resultaba imprescindible para poder tomar la decisión de avanzar o no con las transformaciones de suelo y modificaciones en el territorio: un ámbito de mayor escala, que considere los centros poblados aledaños y brinde pautas, estrategias y lineamientos para enmarcar los proyectos y cuidados que el área requiere para dinamizar y preservar un ecosistema en notorio deterioro. Dicho Plan Parcial podrá definir sectores de suelo con Atributo Potencialmente Transformable, en los cuales el suelo podría transformarse mediante un Programa de Actuación Integrado Abreviado (ya no Complementario), contextualizado en los lineamientos específicos del propio Plan Parcial.
Es importante señalar que los Bañados de Carrasco ya contaban con protección ambiental desde antes de que este debate se instalara en la agenda pública: además de la protección departamental ya establecida en el POT, en octubre de 2025, el Art. 7 del Decreto 228/025 del Ministerio de Ambiente ya exigía Autorización Ambiental Previa del Ministerio de Ambiente para obras de desecación o drenaje en humedales no incluidos en el Registro, como era el caso. Esa protección preexistente es la que, desde nuestra mirada, debía condicionar —y terminó condicionando— la forma en que se procesara cualquier propuesta de transformación de suelo sobre el área adyacente. No se trató, entonces, de una protección construida sobre la marcha en función de este expediente en particular, sino de un resguardo normativo previo que reafirma la continuidad de líneas políticas históricas de nuestra fuerza política en materia ambiental.
A este marco normativo se suma el Decreto 128/026 del Ministerio de Ambiente, del 8 de setiembre, que amplía e incluye al Bañado de Carrasco en la lista de humedales protegidos inscriptos en el Registro creado por el Decreto 228/025. Se trata de un paso más en una protección que, como señalamos, viene de antes y que ahora encuentra un respaldo reglamentario adicional a nivel nacional.
En este contexto, se dio un intercambio entre el Ejecutivo Departamental, los sectores con representación en la Junta Departamental y la Presidencia de la Departamental de Montevideo del Frente Amplio, que permitió alcanzar puntos de consenso relevantes, reafirmando cualquier decisión de uso de suelo a una planificación integral previa, en línea con la Ley 18.308.
Ese acuerdo recoge, en lo sustancial, la idea que planteamos desde el inicio. Se resolvió suspender el tratamiento en la Junta Departamental del proyecto de decreto que declaraba de interés departamental el cambio de uso de suelo asociado al PAI complementario impulsado por Bislun, y avanzar en cambio hacia la elaboración del Plan Parcial correspondiente para el sector del Municipio F que involucra a los bañados, abarcando una superficie más extensa que la del proyecto original. Se acordó además conformar un grupo de seguimiento del proceso y de la situación general de los bañados, impulsar acciones tendientes a paliar la degradación ambiental del área, y promover instancias de diálogo en el territorio con las vecinas, vecinos y organizaciones sociales que vienen trabajando en torno al tema, en las que la Intendencia informará directamente sobre sus actuaciones.
Valoramos muy positivamente el nivel de acuerdo logrado entre el Ejecutivo Departamental, la bancada de Ediles y la Departamental del Frente Amplio de Montevideo. Es una clara señal de unidad y coherencia entre sectores, la orgánica frenteamplista y quienes circunstancialmente estamos llamados a desempeñar tareas de gobierno. Fortalecer y preservar esa unidad es una tarea de todos los días, y un activo que debemos custodiar entre todos los sectores, compañeras y compañeros del movimiento de nuestra fuerza política.
Entendemos que cuando se pone sobre la mesa una transformación territorial de estas características, y en la medida en que también está en cuestión la manera en que cuidamos un ecosistema tan importante en múltiples facetas como lo es el bañado, corresponde hacerlo desde una mirada global, apoyada en estudios técnicos sólidos y prudentes. El camino hacia un Plan Parcial más abarcativo territorialmente es, en ese sentido, una gran oportunidad para pensar en políticas e inversiones que apunten a recuperar y reactivar los humedales de los Bañados de Carrasco, que están en muchos aspectos notoriamente comprometidos, incluyendo en el ámbito de estudio una dimensión tan importante como la social.
En la medida en que está en cuestión la manera en que cuidamos un ecosistema tan importante como el bañado, corresponde hacerlo desde una mirada global, apoyada en estudios técnicos sólidos y prudentes.
Reafirmamos nuestra histórica postura de no cerrar barrios y de brindar accesibilidad integral a nuestro territorio, que fundamentara desde siempre Mariano Arana, tanto por razones urbanísticas como democráticas, en búsqueda de una sociedad integrada y de la protección del ambiente, en el marco de un departamento proyectado al futuro, en armonía con las transformaciones urbanísticas y el ambiente.
Pedro Pastorín es edil departamental de la Vertiente Artiguista.