Días atrás fue noticia el encuentro de descentralización promovido por el Partido Nacional (PN) realizado en la ciudad de Trinidad, departamento de Flores. Allí, citando al propio presidente del Directorio, Álvaro Delgado, se informa sobre una intervención muy crítica del gobierno actual, discursivamente posicionado como gran abanderado de la descentralización. Delgado golpeó duro en su alocución al gobierno frenteamplista, realizando afirmaciones como: "El gobierno de Orsi no cree en la descentralización".
Enseguida recordé un episodio de julio de 2021, cuando el propio Delgado, siendo secretario de la Presidencia, pretendió mandatar desde la centralidad a los ediles blancos de Canelones para que no votaran el fideicomiso que en aquel momento el gobierno canario, con Yamandú Orsi al frente de la Intendencia, puso a consideración de su Junta Departamental a los efectos de impulsar obra en todos los municipios.
Lo segundo que me vino a la cabeza es lo recurrente que resulta confundir alcances, conceptos, procesos, acciones y discursos en relación al tema de la descentralización política. Concepto complejo, que tiene además aristas y dimensiones claves que involucran aspectos políticos, administrativos y fiscales.
También me provoca sorpresa que tamaña afirmación no haya sido respondida desde el oficialismo, pese a contar con argumentos nada desdeñables para rebatir afirmaciones discursivas efectistas. El gobierno de Orsi protagonizó, a menos de un mes de asumir la Presidencia, lo que la propia Oficina de Planeamiento y Presupuesto calificó en su proyección como "el mayor despliegue de recursos de la historia del país" del gobierno central hacia intendencias y municipios. Cabe recordar, además, que el 30 de julio de 2025, a pocos días de instaladas las nuevas autoridades subnacionales, en un Congreso de Intendentes extraordinario, Orsi personalmente cerró un histórico acuerdo por las transferencias de origen nacional. Se llegó a hablar, desde el propio Congreso, de una suerte de "intendente 20". En ese ámbito, además de ratificar el 3,33% del presupuesto nacional, se anunció el Fondo de Inversiones Estratégicas de 80 millones de dólares y se acordó elevar del 40% al 45% la participación de las intendencias en el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI).
Incorporado ya a la ley de presupuesto vigente desde enero de 2026, el FDI transfiere hoy 3.300 millones de pesos anuales y el Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal (FIGM), otros 2.700 millones a los 136 municipios del país. Es una escala sensiblemente mayor a la que el propio PN administró cuando ocupó el Poder Ejecutivo. En agosto de 2020, el gobierno de Lacalle Pou cerró con el Congreso de Intendentes un acuerdo que también invocó el 3,33% constitucional y prometió a los municipios partidas puntuales bastante más acotadas.
El ritmo de incremento negociado para 2026-2030 iguala, de acuerdo con estimaciones, el registrado en el quinquenio 2015-2020 (también de conducción frenteamplista) y, a su vez, supera proporcionalmente al que caracterizó la última gestión nacionalista. Por lo tanto, desde el punto de vista de los recursos, la administración a la que Delgado acusa de no creer en la descentralización ha proyectado destinar más apoyos económicos a los gobiernos subnacionales que los otorgados durante el gobierno que él integraba. Claro que descentralizar no es solo transferir fondos, aunque es un pilar esencial de cualquier proceso.
Pero no se trata solo de partidas económicas abstractas. Cuando en mayo de 2026 Orsi encabezó en Salto la inauguración de la Central Hortícola del Norte, con aportes del FDI acumulados, tampoco se escucharon voces discordantes. En aquel momento, el propio intendente Carlos Albisu definió el avance como señal de "una política de Estado". En este mismo 2026, ya la Comisión Sectorial de Descentralización había aprobado nuevos proyectos del FDI por más de 313 millones de pesos en siete departamentos, además de transferencias del FIGM por más de 302 millones a 97 municipios con proyectos en ejecución. El punto no es que falte obra, proyectos o ejecuciones, pero ese despliegue considerable parece no estar siendo capitalizado políticamente por la fuerza que gobierna.
Otro ejercicio interesante podría ser el de repasar qué enfatizaron en los discursos los propios intendentes al momento de asumir. En julio de 2025, sobre la base de una sistematización de los 19 discursos de asunción, fueron 12 los que jerarquizaron explícitamente la descentralización y la importancia de los gobiernos locales. Entre las cuatro intendencias frenteamplistas (Montevideo, Canelones, Río Negro y Lavalleja), esa jerarquización fue unánime y de alta intensidad discursiva. No ocurrió lo mismo en lo que respecta al PN, ya que jerarcas de departamentos como Salto, Durazno, Rocha, Maldonado o Florida la mencionaron apenas tangencialmente y privilegiando el “ABC municipal” (alumbrado, basura y caminería). Desde otras jefaturas nacionalistas departamentales también se destacó el vínculo con el Poder Ejecutivo, pero desde una perspectiva bastante distante de una visión estructurante de desarrollo territorial. La "visión de descentralización" que hoy parece querer exhibir el Directorio nacionalista como bandera no fue necesariamente la que primó en el discurso de sus propios gobiernos departamentales al momento de asumir.
La administración a la que Álvaro Delgado acusa de no creer en la descentralización ha proyectado destinar más apoyos económicos a los gobiernos subnacionales que los otorgados durante el gobierno que él integraba.
Dicho lo anterior y sin dejar de subrayar las mencionadas contradicciones, corresponde señalar que los partidos políticos en Uruguay no han discutido con profundidad hacia dónde orientar el proceso de descentralización. Basta con repasar los programas y las propias campañas anteriores a la última elección: se trata de un tema que no ha sido priorizado en las agendas partidarias. En buena medida, eso ocurre porque no hay posturas consensuadas, incluso al interior de las colectividades. Un ejemplo nítido de la parálisis en estos temas puede ser el que refiere a la normativa sobre el proceso de municipalización. La ley 19.272 sobre descentralización y participación no ha sido revisada ni actualizada desde el año 2014.
Lejos de invalidar el esfuerzo del PN por visibilizar o intentar capitalizar en forma discursiva algunos elementos inherentes a la descentralización, las preguntas que surgen tienen que ver con qué posturas o posicionamientos en ese tema existen hoy dentro del Frente Amplio (FA); fuerza política que conduce el proceso desde el Poder Ejecutivo.
Al mismo tiempo que administran su autocrítica electoral, los nacionalistas ahora parecen dispuestos a instalar el tema de la descentralización como tema de agenda propia. El tema allí es ver cuán dispuestos están a discutir y proponer con seriedad y profundidad. Para criticar con sustento al oficialismo, no alcanzará con relato discursivo, sino que hay que argumentar sobre la base de datos que respalden las afirmaciones. Si el encuentro reciente en la ciudad de Trinidad —organizado en mesas temáticas sobre competencias, normativa, desarrollo económico local, infraestructura, innovación digital y coordinación institucional— es un esfuerzo que llega para quedarse, es más que bienvenido. Ojalá incluso otras tiendas partidarias se contagien.
En el contexto referido, el FA también tiene que hacer y hacerse muchas preguntas. Más allá de la señal fuerte que significó la presencia de Orsi en el Congreso de Intendentes y su buen relacionamiento con todas las jerarquías departamentales, resulta difícil identificar hoy por dónde entiende el oficialismo que debe profundizarse la descentralización, si es que así lo entiende. No hay, al menos públicamente, una discusión programática visible sobre los nudos pendientes. La arquitectura municipal por la que tanto luchó el expresidente Tabaré Vázquez sigue siendo tímida y gradual. Solo en tres de los 19 departamentos hay ciudadanos con derecho a elegir autoridades locales en todo su territorio departamental. Tampoco hay señales claras sobre una eventual revisión de la normativa nacional, ni se vislumbran señales sobre posibles nuevas competencias o atribuciones a transferir.
El PN activa y golpea con relato, aunque su propio historial reciente no necesariamente lo ampara. El FA tiene la conducción y ejecución del proceso, pero si bien se ha esforzado en dar señales relevantes en materia de recursos, no ha planteado un rumbo claro y mucho menos consensuado en estos temas. Se puede gestionar bien y comunicar mal, y ese desacople tiene un costo político que hoy puede estar pagando la fuerza que gobierna. Cuando se hace referencia a comunicar, no es en un sentido técnico o de estrategia de marketing, sino con discurso político basado en evidencia. Si no logra convertir su autocelebrada asignación presupuestal a los departamentos, incluyendo todas las obras en curso y proyectadas en una agenda propia a defender, el oficialismo corre el riesgo (en este tema también) de que el relato de la oposición, aún plagado de contradicciones, gane terreno.
Martín Pardo es politólogo, magíster en desarrollo local y regional, doctorando en estudios territoriales.