La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) tiene una larga y honrosa historia. La necesidad de que se mantenga a la altura de esos antecedentes es clara: el país necesita aportes de calidad por parte de la Universidad, y esta los necesita, a su vez, de la FEUU en el marco de su cogobierno. En especial, ante una situación del sistema educativo que obviamente requiere, con urgencia, importantes esfuerzos del conjunto de la sociedad.
Por los motivos antedichos, algunas actitudes de la FEUU en los últimos tiempos sorprenden. Entre ellas, esta semana, el comunicado en el que informó que no participará en el Tercer Congreso Nacional de Educación a realizarse este año, y exhortó a hacer lo mismo “al resto de las organizaciones populares, gremios y sindicatos de la educación”.
La FEUU reivindica las resoluciones del Primer Congreso Nacional de Educación, realizado en 2006, y también las del segundo, de 2013, porque este “ratificó varios de los aspectos centrales resueltos” en el anterior, pero considera que el gobierno nacional ha desconocido en varias oportunidades lo decidido en ambas instancias por “el pueblo uruguayo”. Y, como entiende que ahora se convoca al Tercer Congreso “bajo consignas ya discutidas” en los anteriores, y con la participación de actores como las cámaras empresariales y la educación privada (que carecen de “pertinencia para discutir sobre la educación pública” y de intereses acordes “a los del pueblo trabajador”), no quiere formar parte “de una herramienta que es utilizada para legitimar la política educativa actual”, y afirma que “si se quiere cambiar la educación a favor de los sectores populares”, lo que hay que hacer es tener en cuenta que “el pueblo uruguayo ya se expidió”, y cumplir con lo resuelto hace 11 años.
En el mismo comunicado, la FEUU denunció “la medida diversionista del gobierno al convocar este congreso en un año donde se vota la rendición de cuentas y el movimiento popular estará luchando por el 6% del Producto Bruto Interno para [la] Administración Nacional de Educación Pública y [la] Universidad de la República”. Esto también es difícil de comprender, porque el Parlamento vota rendiciones de cuentas todos los años, y la movilización por el 6% no es algo específico de 2017.
En todo caso, los congresos nacionales de educación, según la vigente ley de Educación de 2008, deben tener una “integración plural y amplia que refleje las distintas perspectivas de la ciudadanía en el Sistema Nacional de Educación”. Son ámbitos “de debate”, con “carácter asesor y consultivo”, cuyas resoluciones no tienen carácter obligatorio. La FEUU está en su derecho, por supuesto, al opinar que deberían tener una integración más acotada y adoptar decisiones vinculantes, pero no parece muy conducente que, ante el hecho de que no se adecuan a sus deseos, sostenga que lo mejor sería que ninguna “organización popular” se haga presente en ellos para defender sus posiciones.
Si se hubiera aplicado ese criterio en luchas estudiantiles anteriores, habría sido sin duda mucho más difícil que se alcanzaran conquistas como las de la autonomía y el cogobierno de la Universidad de la República.