El espionaje militar en democracia era un secreto a voces; había que animarse a meterle mano. Sin duda, la nota de Brecha del periodista Samuel Blixen, de octubre de 2016, permitió instalar el tema en el debate público. La denuncia de la existencia del “archivo Castiglioni” incautado en la casa del ex oficial de inteligencia del Ejército era un desafío a la voluntad de buscar la verdad.
La presentación de la denuncia en el Parlamento debió sortear recelos, desconfianzas y la resistencia que surgía de la convicción de quienes sostenían que “nadie quiere investigar a los servicios de inteligencia”. Logramos también sortear diferencias internas en el Frente Amplio, donde compañeros sostenían que todo esto era “carne podrida” y que estaba pensado para perjudicar al gobierno.
Una vez que pudimos presentar la denuncia en el Parlamento, surgieron voces de militares que decían que, en caso de haber ocurrido, era obra de algunos lobos solitarios obsesionados con la acción de inteligencia. Por otro lado, la reacción del sistema político fue saludable: se aprobó por unanimidad el informe de la comisión preinvestigadora y se dio paso al trabajo de la comisión investigadora.
Una de las premisas que planteamos, y que fueron acompañadas, fue que debía hacerse una investigación a fondo que descartara un encare superficial, dado que cumplir con el objetivo planteado resultaba imprescindible, no sólo para la credibilidad del Parlamento, sino también como fortalecimiento del sistema democrático.
Algunas conclusiones categóricas: el espionaje en democracia fue una operación sistemática ordenada por las más altas jerarquías militares en 1985. Se desarrolló utilizando recursos humanos y materiales del Estado para espiar y atacar a la democracia. Documentos de la época del propio Comando del Ejército ordenaban la recolección abierta de información y seguimiento de organizaciones sociales, partidos políticos, organismos de derechos humanos, organizaciones de familiares de desaparecidos y de ex presos políticos, sectores de la iglesia, etcétera. No escaparon a este seguimiento y espionaje ni comisiones barriales ni comisiones de fomento escolar. Varias fotos de maestros y vecinos ilustran de manera documentada la acción de los servicios de inteligencia.
Existió a lo largo del período democrático posdictadura una especial preocupación por controlar a quienes hacían denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. El referéndum contra la ley de caducidad, en 1989, formaba parte de la preocupación del gobierno; está comprobada la acción de seguimiento a quienes impulsaban la lucha por verdad y justicia. Quedó claramente establecido, en el transcurso de la investigación que hizo la comisión, que uno de los principales objetivos era el de asegurar la impunidad en los casos de violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo durante la época del terrorismo de Estado.
¿Cómo pudieron actuar con tanta impunidad en pleno período democrático?
Una primera aproximación para responder esa pregunta la aportó la ex ministra de Defensa Nacional Azucena Berrutti cuando afirmó que hasta 2005 el verdadero ministro de esa cartera era el comandante en jefe del Ejército. Los ministros de Defensa estaban para participar en actos protocolares, sacarse fotos y firmar los documentos elaborados por los jerarcas militares.
Consultados los ex ministros de Defensa de la época anterior a 2005, manifestaron que no estaban al tanto del espionaje, que no controlaban a los servicios de inteligencia ni estaban interesados en hacerlo. Resultan llamativas estas respuestas de funcionarios públicos que tenían claramente establecido entre sus funciones el contralor de los servicios de inteligencia.
Al mismo tiempo, se pudo constatar durante las investigaciones que el espionaje se llevó a cabo utilizando fuentes cerradas con infiltración y pago de informantes, allanamientos clandestinos y operaciones encubiertas.
La Cámara de Diputados aprobó las conclusiones y recomendaciones de la comisión, entre las cuales se establece “una clara e inequívoca condena política, habida cuenta de que estas prácticas son incompatibles con la democracia y constituyen un ataque a la Constitución, a la libertad y a los derechos colectivos e individuales de la ciudadanía”.
Esta condena del conjunto del sistema político, y la decisión de pasar todos los antecedentes a la Justicia, son sin duda señales democráticas imprescindibles. Esto, junto con haber llevado a fondo la investigación y haber logrado rescatar una parte de la verdad histórica, reviste una gran importancia para la preservación de la democracia.
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que las actitudes cotidianas del sistema político y de los distintos actores de la sociedad son elementos imprescindibles para construir una democracia sin claudicaciones. De poco sirven las importantes conclusiones respaldadas por la unanimidad de la Cámara de Diputados si no se traducen en actitudes y pronunciamientos políticos meridianamente claros cuando las jerarquías militares en sus discursos muestran actitudes de provocación a la democracia.
Resultan condenables las actitudes de algunos líderes de la derecha que, a partir de un cálculo electoral menor, están dispuestos a respaldar pronunciamientos de jerarcas militares que son violatorios de los reglamentos y de la Constitución. Desde el punto de vista democrático, esto es de una extrema gravedad.
Una democracia sin claudicaciones sigue siendo el objetivo a alcanzar.
Luis Puig es diputado del Partido por la Victoria del Pueblo-Espacio 567, Frente Amplio.