Las compras y contrataciones que realizan los organismos públicos son uno de los puntos más importantes a monitorear en la lucha contra la corrupción. En estos casos, los procesos corruptos refieren a una arbitrariedad en la toma de decisiones que perjudica la forma de competencia y selección entre los proveedores, desfavoreciendo y limitando la libre participación y el acceso a las contrataciones. En este sentido, las experiencias internacionales más cercanas, como el caso Odebrecht, muestran ejemplo muy claros de la importancia de mantener transparentes los procesos de contrataciones públicas.
Más allá de la lucha contra la corrupción, la transparencia en los procesos de compras y licitaciones públicas puede generar otro tipo de beneficios, por ejemplo mediante la mejora del clima de negocios con el Estado o la prestación de servicios públicos. De acuerdo a un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo, los gobiernos latinoamericanos gastaron cerca de 450.000 millones de dólares en compras públicas en 2016, lo que implicó 30% del gasto estatal. En este sentido, transparentar estos procesos puede favorecer la libre competencia, promoviendo una gama de opciones de mayor calidad. Puede también mejorar el gasto a partir de una mayor competencia de precios, repercutiendo en procedimientos públicos más eficientes.
Si bien Uruguay no se ha caracterizado por grandes escándalos en las contrataciones públicas, diversos hechos políticos recientes demuestran una creciente necesidad de poner atención en ellas. Con este objetivo surge Cuentas Claras, un proyecto de la sociedad civil dedicado a la apertura, publicación y monitoreo de las compras y contrataciones de todo el Estado uruguayo. Cuentas Claras es llevado adelante por la organización social Cívico en conjunto con la diaria. Es cofinanciado por la organización internacional Open Contracting Partnership y la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA), que además brinda apoyo técnico. El proyecto se viene trabajando desde mediados de 2018 y se materializará en una plataforma web que será presentada a inicios del próximo año.
La principal fuente de información son datos de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE), que suman para el período 2015-2018 alrededor de 475.392 compras. Desde 2016, y por medio de los compromisos asumidos en el Tercer Plan de Gobierno Abierto, ACCE se ha incorporado al grupo de agencias estatales a nivel mundial que utiliza el denominado Estándar de Datos de las Contrataciones Públicas (Open Contracting Data Standard), que propone una estructura común de publicación –en formato de datos abiertos– de la información relativa a las compras y contrataciones de los organismos públicos. Este toma como unidad cada compra y refleja su ciclo de vida, es decir, todos los pasos por los que atraviesa desde que se hace pública hasta que se adjudica. Con este estándar, todos los ciudadanos pueden acceder, compartir y reutilizar los datos de los contrataciones públicas. Es parte de la estrategia de incidencia de la Alianza para las Contrataciones Abiertas (Open Contracting Partnership), una organización internacional dedicada a fomentar la apertura y divulgación de esta información, asesorando a organismos y promoviendo redes de cooperación interinstitucionales.
Otra fuente de información relevante ha sido el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), obtenido por medio de un pedido de acceso a la información pública hecho a ACCE. Esto es una base de datos de todos los proveedores del Estado registrados, incluyendo sus representantes, su naturaleza jurídica e información sobre sanciones. Esta fuente permite profundizar el análisis desde la óptica de quienes están comercializando con los organismos públicos.
Cuentas Claras es el primer proyecto que trabaja esta temática en Uruguay, y sus resultados serán claves para mejorar la rendición de cuentas ciudadana sobre los procesos de compras y contrataciones del Estado.