En los últimos meses presenciamos un proceso de acentuación del interés y de la sensibilidad pública sobre determinados aspectos de la ética en la función pública, particularmente sobre el nepotismo o la utilización de cargos públicos con fines privados. Sin duda, ese interés en principio es un fenómeno saludable. Hay que ver toda intensificación del interés por la ética en la función pública como un hecho positivo.
Independientemente de eso, hay cierto riesgo de llegar a excesos. Hay algunas situaciones en la actividad de un dirigente político en que la colaboración de una persona de su confianza íntima puede justificarse y ser una buena solución. Por supuesto, esto no puede dar por bueno el acomodo de la parentela o de un conjunto de personas con vínculos familiares con el jerarca. Pero el riesgo de llegar a exageraciones debería tomarse en cuenta particularmente a la hora de generar normas de restricción ya no éticas, sino jurídicas.
La idea de la prohibición de contratar familiares no sólo está bien, sino que en buena medida está en vigencia. Pero es muy necesario separar situaciones que son distintas. No es lo mismo la contratación colectiva de personas vinculadas con el jerarca, lo que es nítidamente una acción reprobable y ha sucedido en casos concretos que son notorios, que otras situaciones. Por ejemplo, cuando un jerarca se hace ayudar en sus tareas más directamente personales por una persona de su confianza familiar e íntima; me parece que eso no debiera condenarse y en ningún caso ponerse en la misma bolsa que el primer caso mencionado.
Al sistema político le hace falta sanearse en este campo, pero de ninguna manera creo que estemos padeciendo una epidemia espantosa y nueva. Esto es más bien folclórico y tradicional. Lo que sí ha ocurrido es que se ha acentuado la reacción ante la infracción, lo que es bueno. Tal vez el acomodo de personas familiares o de proximidad política no sea mayor que antes, pero se ha incrementado la reacción del público, de la prensa y del sistema político, que denuncian y condenan.
Ahora bien, a este respecto el Estado y la clase política están expuestos también a que se los señale como culpables y responsables de todo, detrás de lo cual no sólo hay críticas irresponsables y simplemente equivocadas, sino también intereses políticos y económicos de desprestigio del sistema que son una desviación peligrosa y nefasta. En enormes partes del mundo, esa onda ha calado tan hondo que ha llegado al poder político. Grandes potencias de este mundo están regidas por personajes nefastos que han llegado hasta donde están con ese tipo de discurso. Han llegado al ejercicio del gobierno, no por golpes de Estado, sino respaldados por grandes masas de ciudadanos en elecciones hechas conforme a las normas constitucionales.
Afortunadamente, este fenómeno no ocurre tanto acá como en otros países. En Uruguay vemos sobre todo una reacción sana de crítica, de reprobación y de condena a determinadas prácticas que deben ser condenadas; y en esto hay también un papel positivo de la prensa. Pero hay que estar alerta a los fenómenos interesados, nefastos, peligrosísimos, mediante los que se acusa al sistema político y a los agentes del sistema político de todos los males que existen y que pregonan o dan a entender una necesidad de superar eso llevando las responsabilidades de dirección a algo distinto de la política. En más de un país del mundo están a la vista los resultados de ese discurso. No hay la menor exageración en decir que hoy mismo pone en peligro no sólo el bienestar de esos pueblos, sino también la paz del mundo y la supervivencia de la especie en el planeta.