Está en desarrollo, en todo el mundo, una crisis del derecho y de las democracias. También en los países de más sólida tradición democrática, la democracia se está reduciendo a la cáscara vacía de las elecciones y a la garantía, siempre más débil y precaria, de pocos derechos elementales. Todos los principios que le dan sustancia –la paz, la participación popular en la vida política, la igualdad de las personas, las libertades fundamentales, la tutela del trabajo, la garantía de los derechos sociales a la salud, a la instrucción y a la subsistencia– son hoy indebidamente y en distintas formas violados.
Las violaciones del derecho y de los derechos y su impunidad son más sistemáticas en las relaciones internacionales, envenenadas por la lógica del enemigo y por la afirmación de la ley del más fuerte. Los principios constitucionales enunciados por las constituciones de nuestras democracias nacionales y por las tantas cartas de los derechos humanos han desaparecido del horizonte de la política: de la política interna y, todavía más, de la política internacional.
A esta crisis de la democracia y del estado de derecho se agrega otra crisis, enormemente más grave, que requeriría, por otro lado, un aumento de la complejidad de las instituciones públicas y de la función de garantía del derecho. Esta segunda crisis tiene que ver con las condiciones de vida sobre la Tierra, puestas en peligro por dos terribles flagelos: la pesadilla nuclear, generada por las guerras en curso, en Ucrania y en todo el Medio Oriente, todas caracterizadas por las violaciones y el desprecio por el derecho internacional, y el calentamiento climático y la devastación de la naturaleza que, si no es detenida, hará la Tierra inhabitable.
La guerra de agresión se ha normalizado y se ha llegado a hablar, con irresponsable ligereza, de un posible conflicto entre Europa y Rusia, que naturalmente podría degenerar en un enfrentamiento nuclear. Simultáneamente, la humanidad se ha transformado en una metástasis que envuelve al planeta destruyéndolo, con el desarrollo industrial ecológicamente insostenible, los principales factores de los equilibrios ambientales –los grandes glaciares, los grandes bosques, la biodiversidad y la entera biosfera– de los cuales depende su propia sobrevivencia. Por primera vez en la historia, el género humano está en riesgo de extinción: no por causas externas, sino por sus políticas suicidas, determinadas por su ceguera frente a los grandes desafíos y catástrofes que pesan sobre nuestro futuro.
El único remedio a esta deriva es una refundación constitucional de la Organización de las Naciones Unidas, a la altura de actuar el principio de la paz dictado por su carta constitutiva, de garantizar los derechos fundamentales establecidos en las tantas cartas de los derechos humanos y de proteger la naturaleza de la destrucción en curso. Tal refundación consiste en la transformación de la ONU en una Federación de la Tierra sobre la base de un nuevo modelo de federalismo, que llamaré federalismo garantista. Este modelo es el único a la altura de las grandes dificultades y de los poderosos intereses que desde siempre se oponen a la hipótesis de una federación de todos los pueblos del mundo. Esta se basa en el proyecto de cien artículos de una Constitución mundial.
Tal refundación consiste en la transformación de la ONU en una Federación de la Tierra sobre la base de un nuevo modelo de federalismo, que llamaré federalismo garantista.
A diferencia de los modelos de federalismo hasta hoy teorizados y realizados, basados todos sobre la centralidad de un gobierno federal, el federalismo garantista y global aquí proyectado no refleja el modelo estatalista de un gobierno planetario y propone la puesta en común y la centralidad institucional de aquello que he llamado funciones e instituciones de garantía.
Lo que en efecto es necesario –para enfrentar las guerras, el peligro nuclear, las grandes catástrofes ecológicas y las sistemáticas violaciones de los derechos humanos– no es un inverosímil ni deseable Leviatán mundial, sino un conjunto complejo de garantías dirigidas a limitar el poder salvaje de los Estados soberanos y del mercado global: la previsión y la severa punición, como graves crímenes contra la humanidad, de la producción, del comercio y de la tenencia de todas las armas, desde las armas nucleares a las comunes armas de fuego; la disolución de los ejércitos nacionales y el monopolio de la fuerza en cabeza de los aparatos estatales de policía y del Comité de estado mayor y de seguridad global; la institución de dominio público planetario que proteja la biosfera y los bienes vitales de la naturaleza de su desvastación, sustrayéndolos a la privatización, a la mercantilización y a la disposición; la prohibición de la utilización de energía fósil; la creación de instituciones globales de garantía de los derechos sociales a la salud, a la educación y a la subsistencia, sin las cuales estos derechos quedan en el papel como simples enunciaciones de principios; la introducción de una Corte constitucional supranacional para la tutela de los derechos y de los bienes constitucionalmente establecidos y la transformación en jurisdicciones obligatorias de todas las contemporáneas jurisdicciones internacionales; la previsión de una fiscalidad global progresiva, capaz de financiar todas las garantías y las correspondientes instituciones; la apertura, finalmente, de las fronteras a cada ser humano y la garantía del derecho de emigrar a cualquier parte del mundo, para poner fin a las violentas represalias y a las discriminaciones racistas.
La principal de estas garantías, prejudicial a todas las otras, es la garantía de la paz, consistente en la prohibición de cualquier arma concebida para matar. Esta garantía será propuesta como norma fundamental de un futuro ordenamiento jurídico global, dado que solo el desarme de los Estados, además de las personas, y la institución del monopolio público de la fuerza en cabeza de una Federación de la Tierra y de las policías locales pueden determinar el pasaje de la humanidad desde el contemporáneo estado de naturaleza al estado civil.
Solo el desarme global y total y la disolución de los ejércitos nacionales, auspiciado hace más de dos siglos por Immanuel Kant, son capaces de hacer imposibles las guerras, de reducir la violencia social –desde los homicidios a los actos terroristas y al crimen organizado– y así transformar el actual desorden mundial en un ordenamiento internacional. En un mundo pacificado, todos los otros desafíos globales, desde la catástrofe global al crecimiento de la desigualdad y de la explotación del trabajo, serían con mayor facilidad resueltos.
Gracias a la garantía de la paz, perderían sentido las fronteras y la soberanía nacional y podría desarrollarse, entre los pueblos y los Estados, un clima de confianza y de recíproca solidaridad que permitiría su cooperación para enfrentar todos los otros problemas globales con la introducción de las otras garantías, tanto de los derechos como de los bienes fundamentales.
Las novedades de este modelo de federalismo –el federalismo global garantista y pacifista– son cinco. La primera, ya indicada, consiste en la función central asociada, en el proyecto de una Federación de la Tierra, a las garantías e instituciones de garantía de los principios de justicia constitucional establecidos –la paz, la igualdad, la tutela de la naturaleza y los derechos fundamentales de las personas–, sin las cuales tales principios, todos unidos por el carácter universal además de vitales, son solo palabras, fórmulas retóricas, promesas incumplidas.
La segunda novedad consiste en el hecho de que la acción benéfica de estas garantías y de las correspondientes funciones e instituciones no interfiera en los espacios de las funciones de gobierno, legitimadas por la representación política y dejadas por ello a los Estados nacionales, con la excepción de la función de coordinación confiada a actuales órganos de la ONU, que obviamente serán democratizados además de potenciados por el monopolio, a cargo de ellos, de la fuerza armada.
La tercera novedad consiste en la independencia del federalismo global de la forma de Estado y de gobierno de los estados contratantes, sean ellos liberales o iliberales, democráticos o autoritarios o incluso laicos o confesionales, dado que a la Constitución de la Tierra se podrá adherir también por partes individuales, con la sola excepción de la prohibición, que es exigida a todos los contrayentes, de la producción, del comercio o de la tenencia de cualquier arma.
La cuarta novedad consiste en el hecho de que el modelo de federalismo global aquí teorizado se funda no solo sobre el tradicional constitucionalismo de los derechos humanos, sino también sobre un constitucionalismo de los bienes, todavía más importante porque está dirigido a garantizar la sobrevivencia de la humanidad: de los bienes vitales naturales, a tutelar como fundamentales, y de los bienes mortales artificiales, como las armas, a prohibir en cuanto ilícitos.
La quinta novedad es que el federalismo global garantista es literalmente en el interés de cada ser humano, pobre o rico, débil o poderoso, de todos los pueblos y de todos los Estados, independiente de su forma de gobierno, al no consistir en la creación de nuevos poderes, sino únicamente en la limitación de los poderes existentes y en la garantía de la pacífica convivencia y de la sobrevivencia general.
Desafortunadamente, el mundo está yendo en la dirección exactamente opuesta a la prospectiva aquí teorizada, que por este motivo es sumamente improbable. El objetivo del proyecto es mostrar que esta prospectiva, aun cuando improbable, es posible, y es la única alternativa realista a un futuro de catástrofes.
Luigi Ferrajoli es un jurista italiano.