Conocí a Robert Silva en 2014 como asesor de Bordaberry. En una actividad realizada en el Centro de Formación Empresaria de la Universidad Católica discutimos en un debate abierto con Pedro y su equipo, entre otras cosas, sobre las contradicciones de la propuesta de la baja de edad de imputabilidad con los principios de derechos humanos.
Ese mismo Robert que asentía compulsivamente y en silencio cuando hablaba Bordaberry, también fue consejero de la Facultad de Derecho y desde febrero de 2016 es representante de los docentes en el Consejo Directivo Central (CODICEN).
El miércoles pasado solicitó a Secundaria la realización de un informe para investigar “los hechos que sucedieron en el liceo IAVA”, en virtud de la intervención que hizo el gremio de estudiantes con el fin de concientizar a la comunidad educativa sobre los crímenes cometidos en el pasado reciente.
Sobre este hecho, en diversas entrevistas el consejero aseveró “Hay dos cuestiones muy claras a atender: una es la preservación del principio de laicidad (...) y otra es la prohibición de proselitismo”.
La vinculación de la laicidad y el proselitismo no es una novedad. Desde hace años sectores conservadores viene impulsando una “nueva agenda” de la laicidad que es funcional a la cultura política de derecha. En noviembre pasado de hecho se realizó el “Coloquio laicidad y proselitimos en la educación”, organizado entre otras organizaciones por la Gran Logia de la Masonería del Uruguay con expositores como Ope Pasquet, Eduardo Konh, Pablo da Silveira, el propio Robert Silva y con la moderación de Gerardo Sotelo.
Uno de los mayores riesgos de esta agenda, es la vinculación que se hace de la enseñanza de los derechos humanos con la prohibición constitucional del proselitismo. Dicha prohibición establece en el artículo 58: “Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie”.
La dimensión práctica de esta argumentación, básicamente consiste en justificar en nombre de una supuesta “laicidad” que cualquier avance por mayor igualdad y reconocimiento de los derechos humanos es una cuestión ideológico-partidaria, un capricho zurdo; como si el abordaje y problematización sobre las violaciones masivas y sistemáticas cometidas por el propio Estado no involucrará a la ciudadanía en su conjunto; como si la agenda de derechos sólo beneficiaría a frenteamplistas.
El pedido de investigación de Silva fue un torpe intento de “sustraer” las bases del Estado de Derecho bajo el argumento de una supuesta “secularización” y facilitar la persecución de estudiantes como lo hicieron los setentistas y como está ocurriendo hoy en Brasil y Argentina.
La educación en derechos humanos es una mediación necesaria para la construcción democrática. Justamente empezó a desarrollarse en América Latina a mediados de la década de 1980, después de las experiencias en varios países de dictaduras civiles-militares.
Las acciones que permiten a las generaciones de este siglo tomar conciencia a plenitud sobre los hechos ocurridos en el pasado reciente, sobre la forma en que el aparato represor del estado ejerció la violencia, la represión, la tortura, el secuestro, la censura, la persecución, la desaparición y el asesinato como prácticas y políticas propias, se encuadran precisamente en lo establecido en la Ley General de Educación (Ley Nº 18.437).
Les estudiantes del IAVA impulsaron una intervención pedagógica por la memoria y la verdad.Sin quererlo o previéndolo, su intervención también entró en diálogo con los peligros del presente.
Nos falta mucho para forjar una conciencia histórica sobre el lugar de la protección efectiva de los derechos humanos en el sistema democrático. Los tiempos actuales no admiten concesiones.