En julio de 1979, el triunfo de la revolución nicaragüense alumbró grandes esperanzas. Después de más de 40 años de dictadura dinástica de los Somoza, respaldada por Estados Unidos, el victorioso Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), unido y diverso, levantó las banderas de la economía mixta, el pluripartidismo y el no alineamiento internacional. Era un proyecto novedoso y entusiasmante, que prometía eludir los condicionamientos de la Guerra Fría y avanzar en democracia hacia la justicia social.
En un Uruguay bajo dictadura, rodeado de dictaduras y con numerosas incertidumbres sobre su futuro, el sandinismo fue una referencia luminosa, realzada por el alto nivel intelectual y artístico que abundaba en sus filas. Los primeros gobiernos del FSLN solo podían ser muy difíciles, en un país dependiente de la producción agrícola y con precios internacionales en caída. A esto se sumó el ataque de insurgentes con apoyo del gobierno estadounidense, que además hizo cuanto pudo para socavar la economía de Nicaragua. Sin embargo, hubo importantes avances socioeconómicos, y cuando la oposición ganó las elecciones de 1990 el sandinismo aceptó el resultado, aunque pronto supimos que su retirada del poder estuvo acompañada por graves hechos de corrupción.
Un FSLN muy distinto ganó las elecciones de 2006, luego de un período en el que, con el liderazgo caudillista de Daniel Ortega, fueron quedando por el camino la diversidad interna y los viejos principios proclamados por el sandinismo, cuya desnaturalización se incrementó sin pausa desde entonces.
Ortega y su esposa, la hoy copresidenta Rosario Murillo, concentraron el poder con políticas antidemocráticas que abarcan de lo económico a la agenda de derechos. Con terrible frecuencia han hostigado, reprimido, encarcelado, torturado y asesinado a opositores, incluyendo a figuras heroicas del viejo FSLN, y hoy es difícil diferenciar el régimen que encabezan del somocista. El domingo pasado, al cumplirse 47 años del triunfo de la revolución sandinista, Ortega afirmó que en su país “no volverá a haber elecciones”.
Silencios e indiferencias
Pese a todo lo antedicho, durante muchos años fuerzas políticas latinoamericanas de izquierda o progresistas respaldaron al orteguismo, trataron de justificar sus actos o callaron. Todavía hay una inercia en esa dirección, quizá vinculada con una visión del mundo similar a la de quienes creen que Vladimir Putin representa algún tipo de continuidad valiosa con el comunismo soviético.
Ni siquiera ha cabido la excusa de identificarse con quienes están en conflicto con el gobierno de Donald Trump o son atacados por este. Hasta ahora, desde la Casa Blanca solo ha habido retórica ocasional contra el régimen de Nicaragua, que no controla enormes recursos naturales como los de Venezuela y que, a diferencia de Cuba, no es una vieja espina clavada en el orgullo imperial ni ha generado un exilio influyente en Estados Unidos.
El canciller estadounidense, Marco Rubio, escribió ayer que su país y la comunidad internacional “no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de Murillo y Ortega intensifica la represión interna y genera una inestabilidad que amenaza [¿?] la seguridad nacional de Estados Unidos”, pero esto pudo ser apenas una respuesta de contestador automático. Tan cerca de las elecciones parciales de noviembre, y sin haber logrado salir del trágico enredo iraní, Rubio puede mantener su interés personal en la cuestión cubana, pero cabe suponer que él y Trump le asignan una prioridad muy baja a la apertura de un nuevo frente en Nicaragua.
De todos modos, hay una relación indirecta que merece atención entre la penosa situación nicaragüense y los objetivos ideológicos del gobierno de Trump.
Violencias
Hace una semana, Rubio convocó a una reunión en Washington y habló ante representantes de 66 países, entre ellos Uruguay, del presunto resurgimiento del “terrorismo de extrema izquierda” en el mundo. Es muy probable que la intención haya sido, en este período preelectoral, reforzar la demonización de las protestas en Estados Unidos, pero esa narrativa se apoya en premisas de alcance mucho más amplio.
Lo que resurge sin duda es la violencia imperialista estadounidense, cuya imposición socava las bases del derecho internacional. Este impulso regresivo recrea una situación mundial que se asemeja, en forma muy peligrosa, a la que produjo y sostuvo dictaduras derechistas vasallas de Washington en América Latina y otras regiones. Una de las consecuencias posibles es, obviamente, que una parte de la resistencia a regímenes autoritarios considere inviable la vía democrática y apele a lo que el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos definió, en 1948, como el “supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
En ese marco, la degradación de un proceso revolucionario legítimo como el nicaragüense de 1979, hasta convertirlo en un esperpento repudiable, es funcional a los intereses de quienes se esfuerzan por instalar un orden mundial a su medida, en el que la única violencia política posible sea la de la ultraderecha.