En esta nota pretendemos aclarar lo que entendemos que son algunos errores importantes vertidos en columnas de opinión anteriores sobre el asunto, de otros autores, y ampliar el debate a un tema que será considerado también por el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) y que prácticamente no ha sido discutido.
Aclarando
La nota de Gustavo Buquet publicada en la edición del jueves 3 de mayo en la diaria contiene imprecisiones importantes y algunas consideraciones muy discutibles. Compartimos plenamente la idea de que el debate público y dentro de la fuerza política en torno a este tema puede fortalecernos. Sin embargo, eso sólo sucederá si somos muy estrictos con la exactitud de la información que aportamos. De lo contrario, los procesos de discusión se ven deteriorados, al igual que la fuerza política en su conjunto.
En primer lugar, la nota comienza recordando que el proyecto de tratado de libre comercio (TLC) con Chile es apoyado “unánimemente” por la derecha, pero no así por la izquierda. Si bien la observación es correcta, sólo queremos recordar que la aprobación del Mercosur –hoy nuestra principal bandera de política exterior y nuestra principal apuesta de integración– corrió con la misma suerte: fue votada por todos los partidos tradicionales, pero sólo por parte del FA. Así, recurrir a ver qué piensa “la derecha” para definir nuestra posición señalaría una falta absoluta de referencias, de forma que sólo nos restaría actuar por reacción a lo que hacen los otros. Entendemos que, por suerte, los frenteamplistas estamos muy lejos de esa situación.
Por otra parte, entendemos fundamental aclarar la referencia a la política de promoción del sector del software, consistente en la exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas. Según Buquet: “Si el TLC con Chile se hubiera firmado en 1998 esta política no se podría haber desarrollado”. Eso es totalmente equivocado. El acuerdo en cuestión en ningún sentido restringe la posibilidad del país de utilizar sus instrumentos fiscales o regulatorios para promover un sector productivo. Lo único que no permite es hacerlo discriminando a los productos de origen chileno, tal como tampoco permite que Chile haga lo propio con los productos uruguayos. Como la política implementada respecto del software no incluía ningún tipo de discriminación, esta en ningún sentido se hubiera visto limitada, y es una herramienta de política que seguirá disponible para ser aplicada por Uruguay con el acuerdo. De esa forma, perdemos la exclusividad de un mercado de tres millones de personas, pero ganamos el acceso a uno de 17 millones. ¿Perdemos? Si no somos certeros con la información que aportamos, esterilizamos el debate. Suponemos que esa no es la intención de nadie.
En otro apartado se afirma que el acuerdo en discusión es básicamente de servicios y que es la primera vez que Uruguay negocia utilizando el formato de listas negativas. Eso tampoco es correcto. En realidad, Uruguay ha negociado por listas negativas el Acuerdo de Inversiones con Estados Unidos, el Acuerdo de Inversiones con Canadá, el Acuerdo de Inversiones con Chile y los capítulos de servicios e inversiones en el TLC con México. Uruguay cuenta con los técnicos con el expertise suficiente para salvaguardar a los sectores que se consideren estratégicos. Los acuerdos de servicios no limitan la capacidad de regular de los gobiernos, sino que imponen limitaciones con respecto a la discriminación entre nacionales y extranjeros; esa es la lógica de un acuerdo bilateral, cada parte se restringe la posibilidad de discriminar en perjuicio de la contraparte.
Por otra parte, según el autor, promover a un sector productivo implica protegerlo de las importaciones. Pero resulta contundente en el ejemplo por él citado que eso no es así. El software, por motivos tecnológicos, es un sector que nació global. Que debió hacerse un lugar compitiendo con la producción de otros países, lo que obligó a las empresas a especializarse, profesionalizarse y no depender del Estado para que lo protegiera contra las importaciones a costa de los consumidores. Es que por las propias características del producto que se comercia por vía electrónica es imposible poner trabas aduaneras. Pero dio resultado y el sector se desarrolló sin necesidad de medidas proteccionistas. Esta situación será cada vez más común en los nuevos sectores productivos dinámicos. En el audiovisual, en el diseño, en el comercio de tareas. Entendemos que la única forma de desarrollo para el país pasa por asegurarse el acceso a nuevos mercados mucho más que cerrarse en su mercado interno.
En otro pasaje refiere a la experiencia del TLC con México y señala que a partir de él Uruguay duplicó las exportaciones a México, pero ese país multiplicó por diez la exportaciones a Uruguay, como si de esa diferencia surgiera un resultado negativo. Pero lo que no queda claro es que ese crecimiento de las importaciones de Uruguay desde México sea en detrimento de la producción nacional o si desplazó importaciones de otros orígenes. Dada, además, la composición de las importaciones señaladas (automóviles, tractores), resulta claro que lo que sucedió es lo segundo. Es que para eso sirven los acuerdos bilaterales: para que cada país tenga ventajas frente a terceros en el mercado de la contraparte. Justamente por eso es preocupante que Uruguay se niegue a firmar cualquier acuerdo con otros países; los demás seguirán haciendo acuerdos entre ellos y desplazarán a nuestra producción de mercados que ya tenía conquistados. Por otra parte, es evidente que el autor desconoce que el sector automotor no está incluido en el TLC Uruguay-México y se rige por un Acuerdo Mercosur México (ACE 55), por lo que el comercio automotor no puede ser atribuible al TLC.
Por otra parte, de manera evidente, se confunden los efectos de un TLC con los de un tratado de promoción de inversiones y se hace un largo relato sobre los efectos del tratado de promoción y protección de inversiones con Chile. Así que otra vez volvemos: el acuerdo que se está discutiendo no implica limitaciones a la regulación de los mercados, tampoco incluye al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones como mecanismo de solución de controversias ni incluye la obligación de adherir al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (TCP), sobre el que haremos algunas precisiones a continuación pero que, insistimos, es un tema independiente del acuerdo con Chile.
El Tratado de Cooperación en materia de Patentes
El TCP es otro asunto que estará a discusión del Plenario Nacional del FA y sobre el que se ha manejado información equivocada. El TCP no implica ningún condicionamiento sobre lo que se puede patentar o no, ni sobre el plazo de las patentes. Es tan sólo un acuerdo sobre el sistema de presentación de patentes. Es decir que lo que busca es simplificar y abaratar el proceso de solicitud de patentamiento. Esto es especialmente relevante para los países pequeños que tienen interés en impulsar su sistema de ciencia y tecnología. Es que cualquier invención local, a los efectos de proteger los derechos de los inventores, debe ser patentada en los principales mercados del mundo, ya que es ahí donde se podrán vender masivamente los productos que usarán esa idea y, por tanto, los investigadores podrán recibir los royalties correspondientes (pagos por el uso de una idea patentada). Lo que sucede hoy en día es que para un investigador uruguayo es extremadamente caro hacer el proceso de solicitud de patentamiento en Estados Unidos, en China, en la Unión Europea –en cada caso en idiomas distintos; en cada caso con procedimientos diferentes que implican la necesidad de trasladarse al país o contratar representación local, además de pagar las tasas correspondientes en cada país–. En cambio, eso no es un gran problema para las grandes transnacionales, para las cuales esos costos administrativos son apenas “cambio chico”. Además, estas suelen tener representación en todos los países, por lo que la solicitud de patentes es sólo una tarea más a solicitar a la oficina local. Pero es un costo titánico para investigadores individuales o para pequeñas empresas. El TCP permite que al registrar el trámite en la oficina local, el proceso se inicie en todos. Y la presentación se puede hacer en cualquiera de los idiomas oficiales del tratado, de los que el español es parte.
¿Cómo se puede entender, de lo contrario, que países tan diferentes en sus políticas de innovación y desarrollo adhieran al TCP? Es que Estados Unidos adhiere, pero también Cuba. Finlandia adhiere, pero también Brasil. China adhiere, pero también Sudáfrica. Hasta Corea del Norte es parte del TCP. Por supuesto que todos los países europeos lo son. Es que todo el mundo lo es, a excepción de Uruguay, Bolivia, Venezuela y algunos países africanos (Argentina está en trámite de adhesión).
Para demostrar el punto, basta recordar el más importante caso de acción de países en desarrollo en contra de las patentes abusivas. A principios del presente siglo, países como Brasil, Sudáfrica e India decidieron dejar de reconocer internamente algunas patentes de medicamentos contra el sida (antirretrovirales). Es que esos medicamentos eran producidos, con la protección de patentes, por grandes farmacéuticas globales y vendidos a precios totalmente abusivos, lo que los volvía inaccesibles para la mayor parte de la población de esos países y también para sus sistemas públicos de salud. Esta decisión marcó un hito fundamental en la lucha contra las políticas abusivas de patentamiento. Lo interesante es que los tres países eran parte del TCP. ¡Y eso no impidió que tomaran esta decisión soberana!
Por estas razones, los investigadores uruguayos, por ejemplo, en el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas de la Universidad de la República (Udelar), apoyan firmemente la adhesión de Uruguay al TCP. Es chocante oír los comentarios de cómo investigadores de la Udelar deben patentar por intermedio de instituciones de otros países adheridos al TCP, dadas las enormes dificultades de patentamiento que tiene Uruguay al no ser parte del acuerdo, para lo que deben pagar hasta 40% de los royalties de patentes por productos desarrollados en Uruguay. Es llamativo que grupos políticos de izquierda presten más atención al lobby empresarial de los laboratorios que a los esforzados investigadores de nuestra Universidad.
Finalmente, nos interesa dejar claro que la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Dirección de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) trabajan coordinada y conjuntamente. ¿Cómo generar escenarios prospectivos posibles sin tener en cuenta los compromisos internacionales asumidos por el país? ¿Cómo acordar compromisos a futuro sin tener en cuenta la transformación de la matriz productiva?
El TLC Uruguay-Chile es un primer paso interesante hacia un Uruguay integrado en América Latina y con un acceso creciente y predecible en terceros mercados. En ningún caso compromete la capacidad regulatoria del Estado uruguayo en servicios, ni en comercio electrónico ni en propiedad intelectual.
Finalmente, queremos hacer énfasis en un concepto que se desarrolla con mucho mayor profundidad en la nota publicada el 2 de mayo (“La inserción internacional del Uruguay y el TLC con Chile”); el mercado interno uruguayo, por su tamaño, no es una base suficiente para asegurar el desarrollo de ningún sector productivo moderno. El acceso a mercados mayores es vital para el país. No hay desarrollo, ni mucho menos trasformación de la matriz productiva sin él.
Juan Labraga es director de Asesoría de Política Comercial del MEF; Fernando Isabella es director de Planificación de la OPP.