La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un ejemplo de las fuertes resistencias al cambio estructural en nuestro país, y del poder que aún detentan las empresas a las que esa norma busca regular.
En julio de 2010, por convocatoria del Poder Ejecutivo, se instaló un comité técnico consultivo con la tarea de elaborar un informe como base para la redacción del proyecto correspondiente. Lo integraron 15 personas representativas de organizaciones sociales, empresariales y académicas, a quienes luego se sumaron observadores e invitados. El comité trabajó hasta comienzos de diciembre y logró importantes acuerdos que, sumados a un clima de trabajo constructivo, distinguieron el caso uruguayo en el panorama regional de aquellos años, con duros conflictos entre gobiernos y medios de comunicación. Sin embargo, el día previo a la reunión en que se aprobó el informe final, el entonces presidente de la República, José Mujica, dijo que cuando le llegara un proyecto en la materia iba a tirarlo a la papelera.
Pasaron casi tres años antes de que el Poder Ejecutivo enviara al Parlamento, en octubre de 2013, el proyecto de LSCA. Era una iniciativa cautelosa, que ni siquiera abordaba el terreno de internet y sólo establecía algunas normas elementales de responsabilidad para los medios, pero incluso así fue claro que parte del oficialismo vacilaba en la decisión de impulsarla. Poco después de enviar el proyecto, Mujica dijo que cinco años después (o sea, este año) sería “un esperpento” anacrónico, debido a la rapidez de los cambios tecnológicos. Se terminó aprobando en diciembre de 2014, cuando la fórmula Tabaré Vázquez-Raúl Sendic ya había ganado en segunda vuelta.
Sin embargo, y ante la presentación de numerosos recursos de inconstitucionalidad contra la norma, Vázquez decidió esperar los pronunciamientos al respecto de la Suprema Corte de Justicia antes de reglamentar la LSCA y avanzar hacia su aplicación. Esos pronunciamientos dejaron en pie la mayor parte del articulado, pero varias disposiciones básicas de la ley aún no se han cumplido o siguen siendo combatidas. Los últimos episodios fueron la presentación de nuevos recursos por parte de los medios contra su obligación de difundir campañas de bien público; y la postergación del nombramiento de integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual (un organismo previsto por la LSCA para velar por su propio cumplimiento), el martes de esta semana en la Asamblea General, cuando la oposición decidió dejarla sin cuórum.
En el trasfondo de todo esto está lo discutido la semana pasada por la comisión investigadora sobre el financiamiento de partidos de la Cámara de Representantes: la publicidad en televisión y radio es fundamental en las campañas electorales, y el precio que se cobra por ella varía en función de afinidades y vínculos entre los partidos y los dueños de los medios. Mientras no se aborde ese grave problema, persistirán las dificultades para regular los medios. Quienes temen enfrentarse a estos carecen de derecho a lamentarse, luego, por las consecuencias de la falta de regulación.