No aclares que oscurece

Editar

El debate político en materia educativa incorporó a un nuevo actor. Eduy21 se lanzó de lleno a la cancha como un banco de ideas constituido mayoritariamente por cuadros académicos sin pretensiones partidarias explícitas, que busca promover un acuerdo político para una “mejora educativa”. Las soluciones están planteadas, ¿sólo debemos seguirlas?

La educación es un territorio de disputa política en tanto lugar de circulación de saberes. Por tanto, la tarea de educar tiene una carga ideológica, y el sistema educativo en que se enmarque representa también una concepción ideológica de sociedad. Esto no implica la configuración de una visión político-partidaria, pero conlleva una serie de valores que representan aspectos culturales, políticos, filosóficos de una sociedad y su tiempo, que ponen en juego un proyecto de país.

Cuando la iniciativa ciudadana Eduy21 presenta su Libro Abierto: propuestas para apoyar el cambio educativo, y su proyecto para la formulación de una nueva estructura para nuestra educación, no estamos ante una versión apolítica carente de ideología. Incluso si dejamos de lado los organismos que financian Eduy21 (Confederación de Cámaras Empresariales, Zonamérica, la Fundación Itaú, la Bolsa Electrónica de Valores de Uruguay y la Corporación de Navíos SA), sus socios colaboradores (entre otros, el diario El País)¹ o sus integrantes (varios de ellos con una larga trayectoria político-partidaria y con posturas privatizadoras de la educación), no se nos puede hacer creer que se trata de una organización aséptica. Eduy21 tiene un fundamento político e ideológico, una visión de país determinada, aunque no se haga explícita.

La propuesta se presenta desde un marco conciliador, que apuesta al diálogo, que destaca aspectos positivos de las políticas del gobierno y está asentada sobre una visión técnica alejada de cualquier ideología. Bajo estos parámetros, parece que sólo un necio podría negarse a aceptar este proyecto. Sin embargo, se viene a “refundar” la educación uruguaya. Detrás del discurso, subyace una visión apocalíptica que parece decir: “La educación está en crisis y vamos hacia el abismo”.

Propuestas y objetivos

Eduy21 se plantea llegar a 2020 con un acuerdo político que permita la implementación de su planificación sin importar cuál sea el partido que acceda al gobierno. Varios sectores políticos ya han expresado su aprobación, la iglesia católica ha mostrado su conformidad y los medios de comunicación han difundido sus ideas.

En primer lugar, resulta incomprensible que una propuesta que se presenta para la discusión se haya abstenido de seguir los caminos que ofrece el marco legal, como es la participación en el Congreso de Educación. Varios de los integrantes de Eduy21 (o quienes apoyan sus ideas) rechazaron participar en esta instancia por considerarla un ámbito fútil. Sin duda, se perdió una rica etapa de debate con docentes, estudiantes y actores sociales vinculados a la educación de todo el país. La idea parece ser: “Acordemos, pero bajo mis reglas”.

Los objetivos de Eduy21 apuestan a elementos que están en el programa del Frente Amplio:² universalización de cobertura entre los tres y los 17 años; egreso universal en educación media superior, y disminución de la extra-edad. También comparte algunos de sus medios: extensión del sistema de tiempo completo entre cuatro y 14 años y formación docente universitaria. Estas metas están planteadas por el gobierno y se han desarrollado políticas específicas para alcanzarlas. Los grandes objetivos presentados no resultan novedosos ni nos son ajenos.

Se plantea reformar la Ley de Educación para otorgar la dirección del sistema educativo al Ministerio de Educación y Cultura, manteniendo la institución Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Codicen) sólo con dos grandes consejos y reduciendo el número de consejeros. Es una reforma difícil de imaginar en la práctica. Si la conducción de las políticas educativas pasa a la órbita del Poder Ejecutivo, ¿qué ocurre con la autonomía técnica?.³ Entendemos que es necesario reformular la estructura de conducción, agilizar los procesos administrativos, dotar a los actores de poder de decisión y ejecución, reducir la burocracia paralizante; queda la duda si el planteado es el camino para ello.

A nivel normativo, se sugiere la modificación del Estatuto Docente. Compartimos que hay mecanismos que deben ser revisados; por ejemplo, la forma en que se realiza el pasaje de grado y la permanencia en los centros educativos. Pero las formas también hacen a los contenidos: una organización que se presenta como abierta al diálogo no debería plantear que “las peleas con los sindicatos fueron a cuchillo”⁴ en otras experiencias de reforma.

Eduy21 expone la necesidad de dotar de autonomía a los centros, otorgar mayor capacidad de ejecución a los directores, duplicando su sueldo, además de la creación de un Estatuto de Centro que le daría el marco legal a ese nuevo funcionamiento. Junto a esto, la dirección seleccionaría el cuerpo docente en función del proyecto educativo. Esta medida podría ser sumamente peligrosa, ya que puede fomentar el clientelismo y generar prácticas nocivas de relacionamiento que vicien el buen funcionamiento de las instituciones educativas.

En lo académico, sorprende enormemente que una de las “metas para el decenio” que se plantea sea la “mejora de los aprendizajes medidos por las pruebas PISA y TERCE”. Suena descabellado que se ponga en un pie de igualdad a pruebas tan disímiles. Mientras que PISA emana de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las pruebas TERCE son elaboradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Mientras que la primera tiene como objetivo el desarrollo económico en el marco de una economía de mercado con el fin de fomentar el crecimiento, la UNESCO apunta al desarrollo cultural. Especialistas⁵ indican que orientar el sistema educativo sólo para mejorar los resultados en las pruebas puede ser destructivo y dejar de lado una formación integral. ¿Qué vamos a enseñar para que esos rendimientos sean positivos ante requerimientos tan diferentes?

La propuesta de Eduy21 se fundamenta en un cambio del actual modelo curricular, centrado en el contenido, a uno por competencias, que apueste al trabajo en proyectos y utilice los contenidos como insumo para el desarrollo de herramientas, al tiempo que capacita a ciudadanos para el mundo del trabajo como meta primordial. Otros factores, como el contexto socioeconómico y familiar de los estudiantes, inciden más en los resultados educativos⁶ y se deben atender con políticas individualizadas. ¿O el sistema privado está virando en masa hacia ese modelo?

El Libro Abierto hace hincapié en los resultados de cobertura, repetición y culminación de trayectos en educación media. Sin duda es el sector que presenta mayores dificultades. Los logros en inclusión aún son insuficientes y todavía estamos lejos de alcanzar la universalización. Sin embargo, propuestas innovadoras en el sistema público están presentes en múltiples experiencias a lo largo de todo el territorio, con enormes logros y poca prensa.

Eduy21 propone que haya más centros, más docentes, más personal de servicio, financiar proyectos, reforma del estatuto, etcétera. Pero no nos dicen de dónde salen los recursos y qué costo tienen.⁷ Desde 2005, los gobiernos del Frente Amplio han logrado un porcentaje histórico del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación. Aun así, nos encontramos lejos de invertir los montos necesarios para cubrir las necesidades del sistema. La pregunta clave es por qué esos nuevos recursos deberían invertirse en esta propuesta y no en profundizar las líneas exitosas que se han seguido.

Se ha logrado el acceso de una población que históricamente no accedía a la educación media, reduciendo brechas territoriales y de ingreso, pero el proceso es excesivamente lento. Los países más destacados a nivel educativo son aquellos que más invierten. Los miembros de la OCDE gastan en el entorno de 8.000 dólares por estudiante. La educación pública en Uruguay ronda los 2.900 dólares por alumno.⁸ Sin duda necesitamos volcar más recursos al sistema educativo si queremos mejorar, porque muchas de las condiciones educativas no están aseguradas.

Algunas conclusiones

Se pueden compartir aspectos de la propuesta de Eduy21, algunos puestos en práctica por este gobierno. Pero en medio de una campaña de descrédito de la educación pública, la “refundación” que pretende Eduy21 queda enmarcada en esa línea. Generar una brecha entre la educación pública y la privada que vacíe de contenidos la primera es un camino indirecto a la privatización.

Orientar el sistema educativo hacia la mejora en las pruebas estandarizadas, no necesariamente complementarias entre sí, es un error estratégico imperdonable.

Entendemos que las transformaciones se hacen entre todos y todas, y más en educación. Una propuesta “mesiánica” bajada a tierra por un conjunto de técnicos sin participación social no augura buenos frutos; el cambio educativo viene de los territorios y las prácticas docentes que ha desarrollado la pedagogía nacional, la mayoría de las veces en silencio. Lo otro ya lo vivimos.

Apostamos a la discusión y aprobación de un Plan Nacional de Educación, como hemos apuntado en otras ocasiones, y el III Congreso Nacional de Educación ha definido, con amplia participación y acuerdo,⁹ que abreve en la pedagogía nacional y la experiencia internacional y fortalezca la educación pública, que establezca acuerdos y metas, que reduzca las brechas de inversión entre la educación pública y privada, y a través de ella las brechas educativas en general. Pero esa es otra historia.

Sebastián Sabini es docente de Historia y diputado del Frente Amplio.