Mediante un mensaje de Twitter, el senador Luis Lacalle Pou cuestionó las proyecciones económicas para nuestro país elaboradas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), alegando que eran de 2016, y las relativas al déficit elaboradas por la calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P), a las que catalogó como equivocadas o arriesgadas.
Hace un mes aproximadamente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó ante la Cámara de Representantes las bases de la Rendición de Cuentas de 2017. En dicha instancia, expusieron sobre el escenario macroeconómico nacional, la revisión de la proyección de ingresos y egresos, y la propuesta de reasignación de recursos. En cuanto a los aspectos macroeconómicos, más allá de las vicisitudes propias de la economía, se destaca el crecimiento de la economía uruguaya, profundizando el proceso de desacople regional, por encima de Brasil y de Argentina. Por otro lado, en cuanto al déficit fiscal del sector público consolidado, se proyectó que la meta de resultado fiscal de -2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) asumida en el Presupuesto Nacional se alcanzaría en 2020.
Estos son tan sólo algunos aspectos que fueron desarrollados por el equipo económico del MEF, pero, más allá de eso, resulta destacable el nivel de confianza y seguridad que genera Uruguay en un contexto regional en crisis. En este sentido, en mayo de este año (mientras ocurría la turbulencia económica en Argentina), el FMI reconoció los buenos resultados macroeconómicos de Uruguay, destacando la existencia de una combinación de políticas prudentes y condiciones externas favorables. Por otro lado, en una entrevista publicada la semana anterior en el diario El País, los representantes de la empresa S&P reconocieron que el gobierno logró una diversificación en cuanto a los mercados con los que comercia y que eso redujo su dependencia con Brasil y Argentina, lo que destacaron como un aspecto sumamente positivo. Y a su vez –sin desconocer la existencia de ciertas dificultades–, estimaron que la proyectada baja del déficit a 2,5% ocurrirá en 2021.
Corresponde mencionar la información antedicha, porque resulta diametralmente opuesta al mensaje expresado por el senador Lacalle Pou, cuestionando dichas proyecciones. Hubo proyecciones favorables a la economía uruguaya elaboradas por el FMI que son posteriores a las de 2016, por lo que podría interpretarse que el senador se encuentra un poco desactualizado. Por otro lado, en un mensaje bastante críptico con el que alude a S&P el senador expresó que la empresa calificadora de riesgo “no se percató de que hay elecciones en 2019”, y cuestionó tal vez la metodología utilizada. En definitiva, mientras que Lacalle Pou –alejándose cada vez más de su eslogan “por la positiva”– se deshace en críticas, S&P mantiene desde hace tres años el grado inversor de Uruguay con una nota BBB, muy por encima de Brasil y Argentina (con notas BB- y B+, respectivamente).
Parecería que para ciertos políticos –más allá de los indicadores económicos– las proyecciones no son otra cosa que una aspiración de deseos con la intención de consolidar un discurso. En este sentido, se intenta generar una idea derrotista sobre la realidad actual en materia económica, pero también respecto de las perspectivas a futuro.
¿Habrá intenciones electorales detrás de los cuestionamientos realizados por Lacalle Pou? ¿Acaso la acción no toma un tono más temerario cuando quien lo hace es un político que aspira a ser presidente de la República? De manera simplista, podría pensarse que todo esto es una estrategia electoral que pretende presentar la realidad actual como de crisis y que le propone a la ciudadanía una serie de soluciones mágicas que llevarían al país a su salvación. Si así fuera, igualmente resulta bastante irresponsable que un precandidato a la presidencia de la República haga esos cuestionamientos, que pueden generar verdaderas situaciones de incertidumbre para los inversores y, en consecuencia, para las perspectivas económicas del país. Parecería que la estrategia de “cuanto peor, mejor” se ha sumado a la campaña electoral de Lacalle Pou.
Pero más allá de la cuestión electoral, no deberíamos caer en la ingenuidad de pensar que el objetivo se agota allí. Quienes entendemos que detrás de una propuesta política se encuentran las bases mismas de una visión ideológica tratamos de ver un poco más allá del mensaje. En este sentido, no debemos olvidar que durante el anterior Congreso Nacional herrerista, se propuso una genuina reducción de la presión tributaria con efecto inmediato en el bolsillo del contribuyente. Dijimos en su momento que detrás de esta propuesta se encontraba la falsa y caduca afirmación de que el Estado representa un obstáculo para el crecimiento y la distribución equitativa del ingreso, y como remedio para ello, se propone la vieja receta del ajuste.
En este sentido, un contexto desfavorable se vuelve más que conveniente para una derecha que pretende implementar una política tendiente a reducir la carga tributaria de los sectores más privilegiados y, como consecuencia de ello, a echar por tierra los beneficios sociales implementados durante los gobiernos frenteamplistas. Nunca más propicio el mensaje de una derecha necesitada de un discurso agorero, no sólo para competir electoralmente, sino para imponer su programa de ajuste. Todo esto resulta poco novedoso, ya que dicho discurso fue promovido y anunciado en Argentina durante la campaña electoral de Mauricio Macri, y hoy, a la vista de los hechos, los resultados no son demasiado favorables.
En definitiva, durante la próxima campaña electoral el sistema político debería renunciar a los eslóganes y plantear de manera clara y directa los diferentes proyectos de país que están en juego. Por un lado, un programa que apuesta al ajuste y, como contracara de ello, al recorte de los beneficios sociales. Por otro lado, la continuidad de un gobierno responsable, que ha demostrado, con hechos, que puede haber crecimiento económico con justicia social.
Charles Carrera es senador del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.