El movimiento Un Solo Uruguay: origen, reclamos y dinámica del conflicto

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La situación económica del agro sufrió un deterioro a partir del año 2015. Si bien la profundidad y la rapidez con que esto se produjo varían según los distintos rubros productivos, hacia fines de 2017 se registró una conjunción de factores negativos, agravados por una sequía. Durante los últimos meses de ese año se produjeron movilizaciones en distintas partes del país, generalmente a los costados de las principales rutas o en las intersecciones de las rutas nacionales. Los reclamos de los productores rurales movilizados recibieron el apoyo de algunas gremiales, como la Cámara de Industrias del Uruguay, y de algunas asociaciones departamentales de comerciantes, transportistas, rematadores, etcétera. Finalmente, una agrupación de productores autodenominados “autoconvocados” llamó a una concentración y un acto público en la ciudad de Durazno para el día 23 de enero de 2018.

La concurrencia al acto de aquel año sorprendió a propios y extraños. Las estimaciones oscilaron entre 50.000 personas (la diaria, 24/01/18) y 60.000 personas (El País, sección Rurales, 24/01/18). En el transcurso de una calurosa tarde de verano, varios oradores se sucedieron en el estrado. La proclama iniciaba con una radiografía de lo que los autores interpretaban como la difícil situación por la que estaban pasando los productores agropecuarios, poniendo énfasis en los pequeños y medianos productores y en algunos rubros como la lechería. Luego se sintetizaban los reclamos en seis puntos que se resumen a continuación, la mayoría de ellos también mencionados en el acto de esta semana en Durazno:

1) A juicio de Un Solo Uruguay, la raíz de todos los problemas está en el excesivo tamaño del Estado. Para “achicarlo” sugieren varias medidas, como racionalizar el gasto, disminuir la flota de vehículos del Estado, suprimir el ingreso a la función pública, eliminar cargos de confianza, de asesores y de secretarios personales, derogar las campañas publicitarias, buscar mayor eficiencia en las políticas sociales como educación y salud, rediseñar las políticas de transferencias directas a las familias pobres para desarrollar la cultura del trabajo, etcétera.

2) Solicitan aprobar una ley fiscal que obligue a cualquiera que sea el que gobierne en el próximo período a no gastar más de lo que ingresa.

3) Reclaman la baja del precio del gasoil para la producción y servicios, ya que juega un papel central para la baja de los costos de toda la cadena. Solicitan que la política sea mantener el gasoil en paridad con la importación.

4) Creen necesario bajar la tarifa de la energía eléctrica, sosteniendo que el precio actual tiene encubierta la necesidad de recaudar para rentas generales.

5) Piden el reperfilamiento de las deudas a todo nivel, implementando períodos de gracia para permitir el recupero de los sistemas, y paquetes de negociación de deuda que permitan bajar los riesgos en el corto y mediano plazo. Sugieren tratar en forma específica el endeudamiento de los colonos suspendiendo las ejecuciones.

6) Exigen eliminar paulatinamente el atraso cambiario en dólares, que identifican como el responsable principal del cierre de muchas empresas en todo el territorio, para evitar las devaluaciones violentas que han ocurrido en otras oportunidades en la historia del país.

Claramente, estos reclamos fueron hechos al gobierno. No se hizo mención a otros factores, como el altísimo precio de las rentas que imponen los propietarios que dan sus tierras en arrendamiento, los precios de los insumos agropecuarios que están controlados por un puñado de empresas transnacionales o los procesos tecnológicos que llevan a una lógica de incremento constante de la escala apropiada de los establecimientos para la obtención de ganancias y que inexorablemente lleva a la desaparición de los más pequeños. En síntesis, cuando las ganancias del capital bajaron, para recomponerlas se apeló a dos movimientos políticos: bajar las retribuciones al trabajo y disminuir la recaudación impositiva del Estado.

Uno de los aspectos difíciles de explicar en este proceso es el papel de las gremiales rurales. Uruguay cuenta con alrededor de 300 organizaciones de primer grado en las que se nuclean los productores rurales y media docena de organizaciones de segundo grado, que son las que habitualmente ejercen la representación de este sector social frente al Estado, participando en dos decenas de comisiones estatales, emitiendo declaraciones y opinando sobre una variada gama de hechos políticos y económicos. Lo llamativo del caso es que este movimiento rebasa los límites de estas instituciones, tal como había ocurrido en las movilizaciones de otro movimiento cuya consigna fue “Rentabilidad o muerte” y que operó con consignas parecidas entre 1999 y 2002, hasta la brutal devaluación del peso ocurrida en este último año.

¿Por qué estas organizaciones fueron sorprendidas por la fuerza del reclamo y sus repercusiones? El gobierno inmediatamente trató de canalizar el descontento a través de las gremiales agropecuarias, que siempre han cumplido un papel de diálogo y negociación con los gobiernos de distintos signos políticos. Una semana después de la movilización de los “autoconvocados”, el presidente y su gabinete convocaron a una reunión a las gremiales tradicionales y a Un Solo Uruguay. Allí dieron a conocer una serie de medidas paliativas dirigidas a los productores chicos y medianos de los rubros lechero, hortifrutícola y arrocero. Las medidas fueron calificadas de insuficientes por las gremiales de los grandes productores y por los “autoconvocados”, pero fueron más aceptables para las gremiales de productores familiares.

En los meses subsiguientes, desde el gobierno terminaron de instrumentarse 20 medidas dirigidas a mejorar la situación de los productores pequeños y medianos que estaban en situaciones más difíciles. Hasta mediados de 2018 el movimiento Un Solo Uruguay siguió haciendo movilizaciones, entendiendo que el gobierno no había dado respuesta a ninguno de los reclamos hechos en la propuesta original. Mientras, la complicada situación política, económica y financiera de Argentina y en menor medida de Brasil empujaron a una devaluación del peso uruguayo frente al dólar de casi 10%, con lo cual hubo una mejora de los precios relativos.

Composición social y posicionamiento político

La pregunta que debe hacerse es sobre la composición social de los integrantes del movimiento Un Solo Uruguay, para tratar de explicar sus posiciones y poder evaluar la amplitud y la profundidad de sus reclamos y sus repercusiones políticas.

Según un informe elaborado por la diaria (27/3/2018), los productores agropecuarios suman sólo 53% de los voceros del movimiento. Los profesionales son 17%, mientras que los empresarios y comerciantes son otro 10%. Los empresarios de servicios ligados al agro representan el 17%. Adviértase también que entre los voceros del movimiento hay sólo dos mujeres y que no hay ningún trabajador rural; estos últimos se han desmarcado reiteradas veces de los reclamos de los “autoconvocados” reivindicando que ellos también “son del campo”.

Bisang, Anllo y Campi,¹ en un seminal artículo de 2008, decían que, al constituirse con más fuerza las cadenas de valor agroindustriales, “ser del campo” ya no era sólo prerrogativa de aquellos que poseían o arrendaban tierras y se dedicaban a la actividad agropecuaria sino que ahora era pertenecer a alguna parte de la cadena de negocios que genera valor tanto agrario como industrial, de servicios, etcétera. Esta es la lectura que debe hacerse de la composición social del movimiento Un Solo Uruguay. Los profesionales independientes están ligados al agro, como lo están los empresarios de insumos para el agro y los transportistas y como posiblemente lo estén también los comerciantes, en la medida en que sus negocios se mueven por la demanda de los pobladores del interior, que de una u otra manera también “son del campo”. Por ello es errada la apreciación que hicieron algunos políticos del partido de gobierno en el sentido de que los que “son del campo” serían una minoría, basándose en que la población rural del país es sólo 5,7% de la población total. Apreciación errada, porque hay una parte importante de la población que no siendo “rural” (no vive en el campo) “es del campo” en el sentido señalado por Bisang et al., porque está ligada de alguna manera a las cadenas de valor agroindustriales. Siendo la población total del interior de Uruguay 50% de la población total del país, no es posible saber cuántos de ellos estarían ligados de esta forma a las cadenas agroindustriales.

El surgimiento de este movimiento es uno de los síntomas de la ruptura del pacto implícito entre las clases dominantes rurales y el gobierno progresista que los autores postulamos en un artículo anterior para explicar la ausencia de transformaciones profundas en la estructura agraria durante los gobiernos progresistas del Frente Amplio.²

El análisis de las principales variables que hacen al desempeño de las cadenas productivas muestra que hubo una caída considerable en los precios de los productos entre 2014 y 2016. A su vez, el análisis de cómo se distribuye el valor agregado de dichas cadenas entre los distintos actores, agentes y posiciones sociales muestra que la posición monopolista de los dueños de la tierras les ha permitido seguir cobrando rentas que serían altas en un contexto de caída del precio de los productos. Esto ha afectado particularmente a las pequeñas y medianas empresas capitalistas que toman tierras en arriendo para operar o para ampliar sus escalas de producción.

En un contexto de ganancias decrecientes, se aprecia que la retribución al factor trabajo ha crecido al estar protegida por los acuerdos salariales tripartitos, aunque estos salarios sigan siendo bajos en comparación con los que reciben los trabajadores de otros sectores productivos no rurales.

Por otro lado, la participación del Estado en el valor agregado bruto se mantuvo constante en el entorno de 7%, desmintiendo las acusaciones de una mayor voracidad fiscal.³

Cuando se analizan las reivindicaciones del movimiento Un Solo Uruguay (ampliamente secundadas por las gremiales rurales tradicionales) sobresalen los reclamos hacia un Estado “pesado” y “derrochador”, solicitando rebajas impositivas y una devaluación de la moneda. Veladamente sugieren que los salarios de los trabajadores rurales son una “pesada mochila” o que las políticas sociales deben tener asociada una contraprestación de quienes las reciben. No hay una sola palabra sobre la renta de la tierra que captan los propietarios, ni sobre las rentas tecnológicas que captan las industrias para la agricultura o las agroindustrias locales y globales.

Las razones de estas reivindicaciones y de los silencios de otras posibles se entienden mejor cuando se analiza la composición social de quienes integran este movimiento. Sólo la mitad de ellos son productores agropecuarios y posiblemente sean pequeños y medianos empresarios (ya que los empresarios grandes controlan las gremiales agropecuarias). Posiblemente algunos sean tomadores de tierras en arriendo y también otros sean dadores de tierras en arriendo. También hay otros agentes: profesionales agrónomos y veterinarios, transportistas, empresarios de insumos para el agro, comerciantes en general, prestadores de servicios al agro, rematadores, etcétera, que a su vez tienen intereses en distintas etapas de la cadena productiva.

En síntesis, el embate del movimiento Un Solo Uruguay y de las gremiales rurales históricas está focalizado en las retribuciones al trabajo y en la recaudación estatal que permite redistribuir hacia otras clases y grupos sociales parte de sus ganancias. El pedido de una devaluación de la moneda mejora la posición de todos los productores de bienes exportables pero perjudica a los productores familiares que producen principalmente para el mercado interno, además de al resto de los consumidores del país.

¿Fuerza política o fuerza político-partidaria? El movimiento ha repetido muchas veces que es una fuerza política pero que no está partidizado. Sin embargo, hay algunos voceros departamentales del movimiento que tienen o han tenido actividad política-partidaria principalmente en el Partido Nacional, con tradicional raigambre en el interior del país y en el medio rural. Así, aunque la convocatoria al acto de días pasados parece haber sido menor, el movimiento podría representar una base social de importancia para las fuerzas de los partidos tradicionales que se opondrán a un nuevo gobierno del Frente Amplio en las elecciones de este año.

Esta columna está basada en un resumen de la ponencia “Where have all the flowers gone? The end of political consensus in the countryside”, presentada por Piñeiro y Cardeillac en la International Initiative for Promoting Political Economy (IPPE), novena Annual Conference in Political Economy, Pula, Croacia, del 12 al 14 de setiembre de 2018.

Diego Piñeiro es profesor titular en Sociología Rural de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Joaquín Cardeillac es docente e investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.

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