El presidente de la ARU: ¿mal informado, o qué?

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La entrevista con el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), el ingeniero agrónomo Gabriel Capurro, motivo del título de este artículo, fue publicada por el diario El País el 29 de diciembre de 2018. Capurro es presidente de la Asociación Rural del Uruguay, institución fundada en 1871 que representa intereses empresariales sectoriales y administra los registros genealógicos del ganado y un predio de la Intendencia de Montevideo en el que se hacen exposiciones de animales, la doma y otros espectáculos.

En primer lugar, Capurro erra feo en la estimación de la extranjerización de tierras. Según el entrevistado, las tierras adquiridas por extranjeros en años recientes “son 4.800.000 hectáreas, casi el 30% del país”. Capurro manifiesta preocupaciones compartibles acerca de la extranjerización de la tierra, pero su estimación está basada en supuestos erróneos, hace una discutible evaluación de sus causas y formula un pronóstico equivocado.

Para estimar la magnitud de la tierra en propiedad de inversores extranjeros me he basado en la mejor información disponible, en particular la elaborada por el Banco Central del Uruguay (BCU) desde 2002, la que he cotejado con la de otras fuentes. En los últimos años, 56% de esas tierras se destinó a forestación. Los inversionistas extranjeros compraron un máximo de dos millones de hectáreas adquiridas a partir del año 2000, algo menos de la mitad de ellas por parte de empresas forestales.¹ Las compras de tierras por extranjeros aumentaron hasta 2013 y posteriormente declinaron. Según el BCU, en el período 2010-2013 el promedio anual de esas inversiones fue de 266 millones de dólares, para descender a 49 millones en el período 2014-2017. En estos últimos años, 56% de esas tierras se destinó a forestación.²

No obstante la abismal diferencia entre esas cifras, el tema merece atención dada la importancia estratégica del recurso tierra en la economía uruguaya. Esa preocupación se extiende a la extranjerización de otros segmentos de la cadena productiva, en particular del comercio y de la industria agroexportadora.³

Ventas de tierra: crisis y precios

Forzadas por las deudas que agobiaban a sus propietarios, 53% de las superficies transadas entre el año 2000 y el primer semestre de 2018 se concretaron antes de 2007. En ese período un inversor brasileño se hizo famoso porque compró alrededor de 100.000 hectáreas a troco de banana: con muy poca plata y haciéndose cargo de una parte del pasivo bancario que negoció en condiciones favorables con los bancos.

Superado el ápice de la crisis, los precios de la tierra subieron fuertemente y muchos propietarios consideraron que era el momento de vender. Naturalmente, otros vendieron por causas diferentes, como el retiro de la vida laboral o resultados insatisfactorios, pero no debido a problemas financieros, ya que en este período se mantuvieron bajos el endeudamiento y la morosidad con los bancos (ver gráfico “Transacciones de la tierra”).

La razón de la inversión

No es difícil entender por qué vinieron los inversores extranjeros a comprar tierras. Lo hicieron por la misma razón que llevó a ganaderos y algunos otros inversores uruguayos a comprar dos millones de hectáreas en Paraguay, según fuentes periodísticas: la tierra era barata respecto de lo que podía rendir en el futuro y a su probable valor de reventa.

En general, los inversores extranjeros adoptaron las mejores prácticas disponibles o introdujeron otras, particularmente en el sector forestal, en el que fundaron una cadena productiva exportadora, y en la producción de granos. Para muchos, las expectativas de valorización de la tierra eran un atractivo importante y no fueron defraudados en este sentido.

Las innovaciones que portaron los cultivadores forestales y de granos aseguraron mayores rentas que las usuales, y estas impulsaron el precio de la tierra.

Vendieron los grandes

En el mencionado artículo Capurro sostuvo que casi cuatro millones de los ocho millones de hectáreas transadas fueron vendidas por productores de menos de 1.000 hectáreas. Sin embargo, en las compras de tierra predominaron los inversores extranjeros de mayor porte que buscaron y encontraron vendedores de grandes superficies. Varios propietarios de establecimientos y propietarios tradicionales sucumbieron como consecuencia de la crisis o tentados por el auge de los precios de la tierra.

¿Alguien se puede imaginar a UPM juntando un cuarto de millón de hectáreas a partir de establecimientos de 50, 100 o 200 hectáreas? Y aun en escalas más modestas, ¿es razonable reunir 30.000 o 40.000 hectáreas comprando predios pequeños o medianos? Además del engorroso proceso de compra, resulta meridianamente evidente que la posterior operación de establecimientos pequeños aislados resulta antieconómica para los emprendimientos comerciales.

Cuando se agotaron los vendedores a gran escala, los inversores extranjeros fueron comprando otras superficies intermedias.

Es importante destacar que también inversionistas nacionales adquirieron tierras, algunos ya propietarios de establecimientos de mayor escala y otros provenientes del medio urbano, entre ellos médicos, abogados y comerciantes exitosos. Uno de ellos se hizo famoso en estos días: el exitoso empresario del taxi Óscar Dourado.

No hay tendencias a la extranjerización

“Si la tendencia de venta y adquisición de tierras se mantiene, los uruguayos vamos a ser extranjeros en nuestro propio país en un futuro cercano”, dijo también Capurro a El País.

El auge mundial de compras de tierra por parte de inversores extranjeros se detuvo a partir de 2009, aunque en Uruguay se extendió tres o cuatro años adicionales.

En los últimos años, los propietarios de tierras no se han visto forzados a venderlas a raíz de urgencias financieras, por lo que la superficie transada en 2015-2017 fue apenas 21% de la observada en el crítico trienio 2003-2005.⁴ No hay presión compradora, pero tampoco vendedora.

La caída en las expectativas de lucro y las ganancias inmediatamente obtenibles mediante la venta de tierras determinaron que muchos inversores extranjeros se retiraran. El caso más notable fue el de El Tejar, una empresa de origen argentino glorificada en su momento por su actividad en la producción de granos. La compra de las propiedades de El Tejar le permitió al fondo de cobertura UAG reunir en pocos años más de 130.000 hectáreas de tierra. Luego de años de resultados negativos, esta empresa está vendiendo aceleradamente sus propiedades. Nada de eso hizo a UAG tan famosa como cuando recientemente su anterior presidente decidió presentarse como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional.

Un caso representativo de transacciones a gran escala entre inversores extranjeros es la venta, concretada en 2017, de 131.000 hectáreas propiedad de la empresa maderera Weyerhaeuser al fondo Pactual Participations Ltd. (Brasil/Estados Unidos).

Un aspecto positivo, que compartimos, es que últimamente productores nacionales han comprado parte de las tierras en venta por inversores extranjeros. Imposible saber la magnitud de este hecho, que el mismo periódico que entrevistó a Capurro corroboraba en un titular de portada del 13 de enero de 2019: “Caen precios de campos y vuelven inversores uruguayos al rubro”.

Menos productores: una tendencia resistente

Efectivamente, la tendencia a la reducción del número de productores continuó por lo menos en la primera década del siglo (el último dato disponible es de 2011), un proceso paralelo al manifestado en otras agriculturas que deben competir internacionalmente. Para la lechería con destino a la industria sabemos con certeza que la disminución de establecimientos es una firme tendencia de largo plazo.

Los gobiernos del Frente Amplio intentaron frenar ese hecho mediante la implementación de una política de fuerte apoyo a los productores familiares, incluida la distribución de 130.000 hectáreas por parte del Instituto Nacional de Colonización en beneficio de más de 2.000 productores. El instituto había permanecido prácticamente en hibernación durante décadas. Es posible que esa política haya disminuido la caída del número de productores de pequeña escala, pero está claro que no revirtió las tendencias de largo plazo en esa dirección, al mismo tiempo que los inversionistas del exterior compraron tierras a un ritmo antes desconocido.

Empleo: no es para tanto

Según el presidente de la ARU, “en los últimos seis años, 48.000 trabajadores salieron del sector”. Aumentó el pathos con un pronóstico negro: “Si seguimos perdiendo productores y trabajadores a este ritmo nos vamos a quedar sin gente en el campo”.

La información oficial más reciente reza lo siguiente: en 2017 la ocupación en el sector agropecuario era similar a la de 2012. En ambos años había 140.000 personas ocupadas en el sector agropecuario, según información elaborada por Alejandro Castiglia, de la Unidad Estadística del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en base a datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística.⁵

Vale la pena señalar, aunque escapa a la entrevista que comentamos, que entre 2005 y 2017 la masa de salarios rurales cotizantes al Banco de Previsión Social (BPS) aumentó 135%, y con ella el monto de las futuras jubilaciones y los actuales derechos de los activos por enfermedad, paro y otras razones, aunque la cantidad de cotizantes se redujo 4,5%.⁶

¿Caída de la inversión?

Capurro también sostuvo que la inversión en el país ha caído a los niveles de 2005. Sin embargo, la única información oficial sobre inversión muestra que en 2017 esta fue 55% mayor que en 2005 (ver gráfico “Índice del volumen físico de la inversión”). El señor Capurro es presidente de una institución centenaria que representa a un sector importante del empresariado rural uruguayo. Tiene todo el derecho a opinar sobre cualquier asunto público. Pero no es aceptable que use argumentos flagrantemente contrarios a la realidad. No se justifican tantos errores ni siquiera considerando la reciente caída de la rentabilidad en el agro y el período preelectoral.

Martín Buxedas fue profesor de Economía Agraria de la Facultad de Agronomía (Universidad de la República), director de OPYPA/MGAP entre 2005 y 2010, y consultor de la FAO y la OIT.