Sin duda, lo que se juega el domingo 24 de noviembre es la profundización de los cambios que han tenido en su calidad de vida los uruguayos, o el retroceso de gran parte de esos logros. Se trata, como sostengo en un libro de reciente publicación, de dos modelos en pugna: el del crecimiento económico con distribución de la riqueza, y el del crecimiento económico con concentración y exclusión.
Las políticas redistributivas de los gobiernos del Frente Amplio se han basado en tres pilares:
- La dotación presupuestal de las políticas sociales, que ha pasado de 19% a 27% de un Producto Interno Bruto mucho mayor.
- La estructuración de mecanismos de acceso a dichas políticas basados en el principio de “cada quien, según sus ingresos, a cada quien, según sus necesidades”.
- La construcción de una red de contención social integrada y articulada entre salud, vivienda, educación y trabajo.
Pero, al mismo tiempo, es claro que los avances son insuficientes y que es necesario continuar con la línea redistributiva de estos 15 años. Por eso en esta nota quiero desarrollar propuestas en empleo y vivienda.
Trabajo: punto de partida y propuestas
Los puestos de trabajo crecieron de 1.378.842 a 1.630.076, es decir, hay 250.000 más. Hasta 2014 eran 300.000 los nuevos puestos de trabajo y luego de la reducción de estos años quedamos en un aumento de 250.000. Pero también mejoró la calidad de los empleos mediante el incremento del registro en la seguridad social. Los cotizantes pasaron de 900.000 a más de un millón y medio, en virtud de la política de formalización llevada adelante en estos años.
Obviamente, esta enorme cantidad de puestos de trabajo posibilitó el ingreso al trabajo de sectores que habían entrado en crisis laboral, social y económica como parte de los efectos de la década de 1990 y, en particular, del pico de la crisis de 2002. La pobreza bajó casi en un millón de personas y muchos de los adultos que estaban en esa situación salieron de ella al acceder a un trabajo remunerado. Esta comprobación da por tierra a una falsedad que, entre tantas otras, se afirma en esta campaña: que los pobres viven de las transferencias del Estado y no quieren trabajar.
El gobierno actual ya ha enfrentado el cambio reciente en la tendencia del empleo, aplicando un Programa Temporal de Subsidio al Empleo con subsidios de 25% sobre el salario en general y de 40% para mayores de 45 años. Estamos proponiendo diseñar un programa similar, pero que sea permanente a lo largo del próximo quinquenio, con un diferencial de subsidio no sólo por edad, sino con un enfoque sectorial que permita priorizar aquellas ramas de actividad que en el último tiempo hayan presentado dificultades en la evolución del empleo y mantengan capacidad de crecimiento.
En esa misma línea proponemos, en segundo lugar, continuar mejorando el efecto empleo de la Ley de Promoción de Inversiones, que ha sido clave para la generación de empleo. Por eso hay que profundizar su acción agregando ahora un enfoque sectorial.
En tercer lugar, debemos dar un salto en cantidad y calidad de la capacitación. Proponemos, en función de los procesos de innovación que se desarrollan en la producción y que afectan a los trabajadores menos calificados, capacitar a 400.000 trabajadores durante el quinquenio, como parte de la transformación productiva, de manera planificada, de acuerdo a los sectores en los que las innovaciones sean más importantes.
Pero, además de estas políticas de estímulo del empleo, es necesario tener en cuenta que a las propuestas de políticas activas se sumará un aumento del empleo como consecuencia del proceso planificado de crecimiento que derivará del acuerdo por la inversión de UPM, con 6.000 puestos de trabajo en la etapa de construcción y 4.000 empleos directos y otros tantos indirectos con la planta en marcha. Pero además, con eje en el centro del país, para seguir reduciendo las desigualdades territoriales y dar equilibrio al desarrollo del país. Esa inversión irá acompañada de una potente inversión pública en infraestructura y educación, entre otros aspectos.
Finalmente, no podemos obviar que una clave del enorme aumento del empleo entre 2005 y 2015 fue el mercado interno, que ha tenido un rol decisivo para los comercios de cercanía, para los servicios, para el turismo interno, que ha crecido de manera relevante, y para los pequeños y medianos productores de frutas y verduras, que han crecido en función de las compras locales. Para eso son claves los salarios y las jubilaciones, principal ingreso de las familias uruguayas. En ese sentido, la propuesta de mantener sin cambios los Consejos de Salarios y de priorizar, como hemos hecho, los salarios más bajos, que reciben un aumento diferencial, es una herramienta central para continuar dinamizando el mercado interno y, por ende, favorecer la pequeña y mediana producción, clave de la generación de empleo.
Vivienda: punto de partida y propuestas
Tanto en la dictadura como en la década de 1990, la inversión en vivienda fue muy baja. En el período de 2000 a 2004 terminó de desbarrancarse, con una inversión promedio anual menor a 60 millones de dólares.
A partir de 2005, los niveles de inversión en vivienda no cesaron de crecer, y en el quinquenio actual vamos a llegar a una cifra cercana a 1.000 millones de dólares. Un cambio relevante en calidad es que 50% de las viviendas nuevas fueron para la modalidad cooperativa.
Por otra parte, se generó un mecanismo de subsidio a la permanencia en la vivienda, que permite que cuando una familia tiene dificultades de pago, el Estado financie ese problema y no se pierde la vivienda.
A pesar de los avances, persiste un déficit habitacional al que hay que dar respuesta. En ese sentido, proponemos, en primer lugar, aumentar el stock de viviendas, priorizando las áreas centrales e intermedias de las ciudades dotadas de servicios y manteniendo 50% de viviendas nuevas bajo la modalidad cooperativa, que es solidaria, creadora de integración barrial y social y muy eficiente, debido al modelo de vivienda que crea.
En segundo lugar, hay que avanzar con mayor rapidez de respuesta en la eliminación de la precariedad habitacional grave, resolviendo las cuestiones básicas de habitabilidad –baño, sistema de evacuación de excretas, piso, techo y paredes de materiales sólidos, acceso al agua potable y a la electricidad en condiciones adecuadas, aislación suficiente y número de dormitorios necesarios–, y hacerlo en el marco de un programa integral de convivencia que incluya, además de la vivienda, las políticas de salud, de cultura, de seguridad, de educación y de empleo.
En tercer lugar, frente a un problema central de nuestra sociedad como es el costo de la tierra, proponemos la creación de un Fondo de Suelo Urbanizado para apoyar las carteras de tierras de las intendencias. Se constituirá de este modo un stock de tierra pública en todo el país de un mínimo de 250 hectáreas, debidamente servidas con infraestructuras y equipamientos. A este fondo se incorporarán los inmuebles sin uso del Estado que sean adecuados para esos fines, cuyo inventario se actualizará.
En cuarto lugar, tenemos que avanzar en el acceso a la vivienda por la vía del alquiler, en especial para los jóvenes. Para eso, por un lado, se construirán viviendas para alquilar por parte del Estado, y se recuperarán y habilitarán con el mismo fin las que ya son de su propiedad; por otro, se avanzará en la accesibilidad mediante la creación de un submercado voluntario de dueños de viviendas, regulado en materia de precios, plazos, garantías y contratos. Quienes quieran acceder a este mercado son los que recibirán estímulos, como subsidios, garantías y préstamos blandos para refacciones.
En quinto lugar, se procurará dar solución a las situaciones injustas de deudores, entre ellos muchos del Banco Hipotecario del Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda, para garantizar su permanencia en las viviendas.