Al comienzo de la presidencia de José Mujica entró en la agenda del gobierno el tema de la legalización del cannabis. En 2013, luego de profundos debates académicos y políticos, se materializaron en la Ley 19.172 las demandas de una parte de la población históricamente estigmatizada por sus prácticas consideradas desviadas según las normas del prohibicionismo. A partir de la implementación de la reglamentación salieron a la luz los usuarios de cannabis medicinal, cuyas demandas obligan a retomar el debate científico y a repensar la política pública desde otra mirada.
El presente artículo pretende mostrar algunos hallazgos relevantes, resultado de mi tesis de grado para la Licenciatura en Sociología, cuyo objetivo de investigación consistió en conocer y comprender cómo los usuarios de cannabis medicinal interpretan e internalizan la Ley 19.172, que regula la compraventa en sus diferentes usos.
En la investigación se utilizó un diseño de tipo cualitativo porque esta metodología permite, mediante diferentes técnicas, entre ellas las entrevistas, profundizar e indagar en los sistemas de normas y valores asumidos, códigos y estereotipos que se cristalizan en las trayectorias vitales de los individuos.
Una de las conclusiones de la investigación es que, desde la perspectiva de los actores consultados, la Ley 19.172 es una buena herramienta para combatir el narcotráfico y proteger los derechos de los usuarios. No obstante, se constatan problemas de implementación debido a que la normativa no satisface todas las demandas de usuarios y productores de cannabis medicinal, ya que su aplicación no se ajusta a las prácticas de la vida cotidiana. Por otra parte, la habilitación mediante la reglamentación del uso de cannabis con fines medicinales y las experiencias positivas con este genera un imaginario social contrahegemónico que entra en conflicto con el paradigma prohibicionista.
De acuerdo con los objetivos planteados en este trabajo, se observa que los individuos se vinculan con el cannabis, y en consecuencia se desvían de las normas, por diferentes motivos que tienen que ver con una experiencia física positiva, por el placer que produce en los cuerpos o porque alivia el dolor de los síntomas causados por algunas enfermedades crónicas, como la epilepsia refractaria, el cáncer, la fibromialgia, etcétera.
Otro hallazgo es que el sexo de los individuos influye en el vínculo con la planta: en las mujeres se observa un interés mayor por el uso medicinal del cannabis que por el uso recreativo, para el que existe cierto prejuicio. Debido a los roles de género y al lugar que se asigna a la mujer en la sociedad como madre, esposa, etcétera, se sanciona moralmente por el uso de drogas por placer más a ellas que a ellos.
De acuerdo con los datos brindados por los entrevistados enfermos, se constatan casos que podríamos enmarcar dentro del concepto de “iatrogénesis clínica”, creado por el antropólogo Iván Illich, que refiere a las patologías de origen médico y a las consecuencias negativas a causa de la excesiva medicalización y mala praxis de la medicina convencional. En la investigación se presentan algunos casos de excesiva medicalización (se llega a suministrar hasta 22 pastillas), mala praxis (por el mal uso de oxígeno en un CTI, un niño que padece epilepsia refractaria queda con baja visión) y problemas de depresión a causa de los tratamientos con quimioterapia, entre otras patologías iatrógenas. Todas estas malas experiencias llevan a que los enfermos y sus familiares busquen medicinas alternativas menos nocivas, y ello deriva en la automedicación con cannabis medicinal. De esta manera, los enfermos logran reducir considerablemente el consumo de fármacos y aliviar el dolor.
En este proceso de construcción de conocimiento y aprendizaje, es importante el rol que juegan internet y las redes sociales, que son el principal medio utilizado por los entrevistados para buscar información en temas relacionados con la salud. Mediante la red, los usuarios de cannabis se organizan y convocan talleres en los que difunden información sobre las propiedades de la planta y enseñan a los usuarios a elaborar la medicina cannábica. Los productores artesanales, por otra parte, comercializan y distribuyen de forma solidaria o a bajo costo el aceite de cannabis medicinal, facilitando el acceso a una población vulnerable que se encuentra al margen de la ley.
Indagando en la percepción de los usuarios y productores artesanales de cannabis medicinal en relación con satisfacción y/o demandas, consideran que el acceso al aceite de cannabis es limitado debido a la complejidad de los trámites para importarlo y a que existe un solo medicamento nacional autorizado por el Ministerio de Salud Pública para la venta en farmacias, denominado Epifractan. Debido a las limitaciones para el acceso, los usuarios continúan abasteciéndose en el “mercado gris” con el aceite artesanal.
Con respecto a la estigmatización del usuario y el uso de cannabis, es importante tener en cuenta el rol que juega el lenguaje, dado que los individuos construyen significados y esta racionalidad le da sentido a las prácticas que realizan junto con los otros en la vida cotidiana. Por lo antedicho, es relevante utilizar el nombre científico del producto de manera de deconstruir los estigmas y estereotipos sociales.
Los entrevistados entienden que la Ley 19.172, que regula el uso medicinal del cannabis, no satisface las necesidades de todos los usuarios, al no garantizar el acceso como un derecho a la salud universal, dejando fuera a la población que por sus condiciones socioeconómicas no puede adquirir el producto nacional o importado. Se limita aun más el acceso a la producción nacional, debido a lo complejo de la burocracia para investigación científica.
A partir del análisis de investigación, se concluye que existen brechas en la implementación de la Ley 19.172 originados por problemas de accesibilidad y relacionamiento de los usuarios con las instituciones encargadas de aplicar la reglamentación. Ellos entienden que el principal problema se debe a la burocracia y a que las instituciones no están preparadas ante la nueva normativa. También declaran que existen vacíos legales; por ejemplo, la norma no contempla el caso de los menores de edad usuarios de cannabis, ya sea con fines recreativos como medicinales.
Mientras que la legislación nacional siga atada a las convenciones internacionales sobre estupefacientes que clasifican al cannabis como sustancia prohibida, la reglamentación no se ajuste a las necesidades prácticas de la vida cotidiana de los usuarios, y existan limitaciones en el acceso y barreras para la producción nacional, incluyendo la “artesanal”, el “mercado gris” de cannabis medicinal se mantendrá, poniendo en riesgo la salud de la población más vulnerable.
Johana Álvez es socióloga y colaboradora en Fundación Batar (Asociación de Padres con Niños con Síndrome de West y Epilepsia Refractaria).