Acaba de comenzar en España un juicio que decidirá el futuro de su democracia. Durante los próximos meses yo estaré sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo de Madrid, pero será la democracia española en sí la que estará siendo juzgada. Yo, junto con 11 personas más, estoy siendo procesado por haber defendido los derechos humanos más básicos: el derecho de la gente a votar sobre su futuro político, el derecho a manifestarse pacíficamente, y el derecho a la libertad de expresión. Sea cual sea el resultado del juicio, mi compromiso con la defensa de estos derechos se mantendrá firme.
El 16 de octubre de 2017, yo y Jordi Sànchez, ambos líderes de la sociedad civil, fuimos puestos en prisión preventiva, donde permanecemos desde entonces. ¿Nuestro crimen? En nuestro rol de presidentes de dos organizaciones cívicas, Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), lideramos manifestaciones pacíficas e hicimos un llamamiento a la ciudadanía a votar en las urnas, siempre guiados por los principios más estrictos de la no violencia.
Su imprudente pretensión de proteger la unidad de España ha llevado a la judicatura española a tergiversar la ley para que nuestro caso sirva de escarmiento. El Tribunal Supremo ha aceptado procesar por rebelión, sedición e incluso organización criminal a dos líderes de la sociedad civil y a diez antiguos miembros del parlamento y gobierno catalanes. Esto a pesar del hecho de que los crímenes de sedición y rebelión requieren el uso de violencia, algo que únicamente fue ejercido por la Policía española durante el referéndum catalán de autodeterminación del 1º de octubre de 2017.
Las aberraciones legales se están amontonando sin cesar. Yo no soy político, y jamás he ostentado un cargo político. Soy un empresario que a la vez dirige una de las asociaciones sin ánimo de lucro más grandes de España; al ser juzgado directamente en el tribunal más alto del país se me está negando mi derecho al doble grado de jurisdicción, el cual está garantizado para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Durante más de un año he estado encarcelado injustamente, aislado de mi empresa, de mi familia, de mi asociación cultural, viendo a mi mujer sólo unas cuantas horas al mes, viendo crecer a mi hijo a través de una ventanilla.
De entre todas las irregularidades a las que nos hemos visto sujetos, quizás la más preocupante es la continua connivencia entre el tribunal más alto de España y el partido ultraderechista, ultranacionalista y xenófobo Vox, al cual se le ha permitido formar parte de la acusación contra nosotros junto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Vox tiene apoyo de individuos como Marine Le Pen y Steve Bannon, que son el tipo de ideólogos que quieren desmantelar la Unión Europea y hacernos retroceder hasta los años 30. A pesar de ello, el proceso judicial ha seguido a menudo los dictámenes de este partido extremista, a veces incluso al pie de la letra: las acusaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado comparten páginas enteras con la acusación particular de Vox.
No he sido el único en denunciar estas aberraciones jurídicas. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, la Organización Mundial Contra la Tortura y Front Line Defenders, junto con un relator especial de la ONU, han hecho llamamientos a las autoridades españolas para que retiren los cargos contra nosotros y pongan fin a la prisión preventiva. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, ha alentado a que se resuelva esta situación por medio del diálogo político.
Por donde nos encontramos con esta vendeta política injustificable, y por mi firme compromiso con los derechos humanos de todos los ciudadanos, no pienso afrontar este juicio compungido y rogando clemencia. Pienso usarlo como altavoz para denunciar todas y cada una de las violaciones de derechos humanos que está cometiendo este Tribunal Supremo, que es notorio por su politización, y como plataforma para defender todas las expresiones de libertad democrática que actualmente peligran en España. Acusaré al Estado español.
No puedo predecir el resultado de este juicio. ¿Sentenciará España su propia democracia? Quizás. Sin embargo, mientras los demócratas del mundo alcen sus voces en defensa de los derechos humanos, habrá esperanza. Si hay un clamor mundial en pro de una resolución política al actual problema político entre Cataluña y España, entonces prevalecerá la democracia española en lugar de la venganza judicial.
Soy consciente de la responsabilidad que recae sobre mí. Alrededor del mundo, las democracias liberales que nos hemos esforzado tanto por establecer se están tambaleando ante el auge de la extrema derecha. Este juicio es sencillamente un nuevo campo de batalla. Así pues, prometo que por más deshumanizante que sea mi condición, por más humillaciones y dificultades que comporta este juicio para mí o para mi familia, me mantendré firme en mis convicciones. Estoy convencido de que no me encontraré solo. Y ahora, más que nunca, en un mundo globalizado es tan importante defender la democracia en Barcelona como en Moscú, Ankara o Caracas.
Jordi Cuixart es presidente de Òmnium Cultural.