Enfrentar la desinformación sin afectar la libertad de expresión (*)

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Las mal llamadas noticias falsas (fake news) han irrumpido en el escenario de las redes sociales, en especial en períodos electorales. El fenómeno tiene potencial tóxico para la democracia por el daño que la diseminación intencional de información falsa puede producir a la imagen de los candidatos y partidos, y por cómo afecta el proceso de toma de decisión de los electores e incluso la legitimidad del proceso electoral. Pero la desinformación también es problemática debido al uso equivocado e intencional del concepto fake news por parte de gobiernos y líderes políticos para descalificar la información de fuentes confiables, ocultar información veraz o tratar de regular o censurar contenidos.

Un primer asunto vinculado a las noticias falsas es el de las definiciones. Acordar una definición precisa es indispensable para encuadrar correctamente el fenómeno, sus causas y las posibles respuestas. En ese sentido, distintos académicos y organismos internacionales definen a la desinformación como la difusión masiva de información falsa que se pone en circulación (i) a sabiendas de su falsedad y (ii) con la intención de engañar al público o a una fracción de este.¹

Esta definición es útil porque permite distinguir a la desinformación de otros discursos protegidos por la libertad de expresión, como por ejemplo el humor político, la sátira o la propaganda. La sátira es un relato ficcional, que apela al humor para reflejar la realidad; mientras la propaganda busca en forma deliberada persuadir a otros de pensar y comportarse en un sentido determinado, exagerando virtudes de un candidato o de un gobierno, o contando parte de la verdad.

Por otra parte, los medios y los periodistas, en el desarrollo habitual de su labor, pueden llegar a publicar información inexacta o falsa, pero sin intención deliberada de engañar al público o dañar la reputación de una persona. Este tipo de “errores” debe ser tolerado por una democracia y remediado mediante mecanismos como la rectificación o el derecho de respuesta, ya que exigir a los periodistas exactitud o veracidad previa limita y desnaturaliza el propio derecho, y tendría un efecto inhibitorio evidente para la investigación periodística.

La diseminación deliberada de desinformación, a diferencia de la información que publican los medios, no tiene un origen identificado; en general es producida por empresas o individuos que se dedican a ello por razones políticas o económicas y se esconden detrás del anonimato protegido por el derecho a la libertad de expresión.

Se ha dicho, con razón, que las estrategias deliberadas de difundir rumores o mentiras respecto de hechos o candidatos son un problema de larga data, anterior al nacimiento de internet. No obstante, lo novedoso es que el fenómeno actual está estrechamente vinculado con el desarrollo de las tecnologías de la información y en especial de las redes sociales, que han dotado de mayor alcance, velocidad y viralidad al acto de diseminar cualquier tipo de información, y por ende también se aprovechan de esta característica los rumores o falsedades.

El papel de los intermediarios

Internet es una red descentralizada que permite compartir y acceder a información y opiniones con sólo tener un dispositivo conectado a la red. Esta tecnología descentralizada, en sus comienzos, ha revolucionado casi todos los campos, incluyendo el ejercicio de las libertades informativas y los derechos políticos.

En efecto, el fenómeno de la desinformación masiva no se entendería sin hablar del rol de las redes sociales en el ecosistema de internet. Estas plataformas se han convertido en los intermediarios más poderosos entre el ciudadano y la información. Operan sobre internet como agentes centralizadores de esa dispersión y se basan en un modelo de negocios que facilita el acceso a la información que circula en la red.

Hay un consenso en que las corporaciones que manejan las redes sociales no crean contenido propio, como sí lo hacen los medios o editores tradicionales; no obstante, cada vez tienen mayor incidencia en lo que vemos y accedemos, en virtud de los algoritmos que seleccionan la información cuando usamos un motor de búsqueda o revisamos el news feed de nuestra cuenta en alguna red social.

Por otra parte, el negocio de estas compañías, cada vez más concentradas, por cierto, consiste en acumular nuestros datos personales y preferencias para fines publicitarios, lo cual también genera un apetecible cúmulo de información para los partidos y estrategas políticos. Casos como el de Cambridge Analitica y Facebook muestran cómo estos reservorios de datos personales pueden ser utilizados para fines de publicidad electoral y en ocasiones para inyectar desinformación dirigida a perfiles determinados, con el objetivo de influenciar en el voto o estimular que desistan de salir a votar, por ejemplo.

Polarización y desinformación

Ahora bien, el fenómeno de la desinformación se cruza con campañas electorales cada vez más polarizadas. Para muestra están las elecciones en las cuales aquellos candidatos con un discurso más extremo han sido premiados por los votantes. En muchos países, medios tradicionales también se suman a la polarización ideológica o partidaria.

Este contexto radicalizado genera un campo fértil para la desinformación, dado que un porcentaje mayor de la población está proclive a tener una mirada complaciente hacia los titulares y las noticias escandalosas o falsas.

Está claro que las redes sociales no son las únicas promotoras de esta polarización, pero, al menos de un modo indirecto, parecen amplificar algo que ya estaba en curso en una esfera política cada vez más radicalizada. Según varios expertos, las redes sociales han potenciado el fenómeno de las llamadas “burbujas” informativas, que los propios ciudadanos crean al preferir entrar en contacto mayoritariamente con personas y fuentes de información con las que sienten afinidad de ideas.

Un fenómeno más peligroso es el de las llamadas “cámaras de eco” o circuitos que se forman en las redes sociales a partir de promotores de ideologías extremistas que se conectan, interactúan y generan impacto político. Estos circuitos son proclives a difundir información falsa, discurso de odio, medias verdades y rumores, especialmente en contextos electorales.

El modelo de negocios de las plataformas alimenta estas burbujas y circuitos, debido a que las distintas aplicaciones compiten por mantener la atención del usuario y generan mecanismos que presentan información atractiva de acuerdo a nuestras preferencias. Esos mecanismos aumentan la circulación de contenidos con una apelación emocional mayor.

Entre los otros actores que también tienen responsabilidad en la diseminación de desinformación se encuentran los gobiernos. Pueden ser del propio país en el que ocurre el fenómeno o de potencias extranjeras que inyectan información falsa para influir con alguna intencionalidad; los partidos políticos, que de modo directo o indirecto pueden contratar este tipo de herramientas; las empresas de estrategia o marketing político, que dentro del arsenal que ofrecen a los candidatos incluyen la creación y diseminación de información falsa; las organizaciones o empresas privadas, que buscan influir en las políticas y las opciones electorales; y también grupos o personas que crean sitios falsos para generar ingresos vía el modelo “más clics / publicidad”.

Las empresas de telecomunicaciones también pueden tener efectos en relación a las noticias falsas. Esto sucedió con los planes de acceso a internet basados en la estrategia zero rating, que consiste en ofrecer aplicaciones como Whatsapp sin consumo de datos móviles. En el caso de la última elección en Brasil, amplios sectores de bajos ingresos quedaron atrapados en la desinformación que circuló a raudales por esa aplicación de mensajería y que era lo único que consultaban por las limitaciones de su contrato. Estas modalidades ya están siendo utilizadas en Uruguay por todas las empresas telefónicas.

Por otra parte, el termino fake news o noticias falsas es utilizado de modo cada vez más frecuente por muchos presidentes y líderes políticos para desacreditar a la prensa ante una información que los perjudica. Utilizan esta expresión, junto a otras descalificaciones, cuando desean refutar o disminuir el impacto de la prensa, todo lo cual genera un caldo de cultivo para la violencia contra periodistas y confunde a la población respecto del rol de los medios de comunicación como fuente de información verificada.

El impacto en la esfera pública y en las elecciones

La desinformación deliberada erosiona la legitimidad de los procesos electorales y distorsiona la esfera pública por dos razones fundamentales: empobrece el debate público y tiene el potencial de deslegitimar el resultado electoral y el mismo acto electoral mediante el cual se funda el gobierno democrático.

Es cierto que los investigadores están divididos sobre el impacto definitivo del fenómeno, y no se trata aquí de ser alarmistas. Por ejemplo, podría tener efectos en cambiar la percepción de la realidad, si las personas dan por verdaderos hechos falsos. Hay algo de evidencia en este sentido, pero también hay quienes sostienen que buena parte de los electores hacen una lectura crítica, y distinguen información falsa y verdadera. También señalan que podría tener efectos de movilización o desmovilización del voto y de los militantes, pero en ese caso la verdad o falsedad de la información podría ser secundaria y sólo reafirma a los ya convencidos.

No obstante, es evidente que sí hubo circulación de desinformación en las elecciones de varios países y que al menos ha quedado la duda sobre si una porción de los ciudadanos cambió o no sus preferencias en base a esa acción deliberada.

La desinformación también afecta el funcionamiento de los medios de comunicación, que tienen que distraer recursos y tiempo para chequear desinformación que no se sabe quién difundió. Los medios pueden terminar hablando de episodios fantasmagóricos, en lugar de concentrarse en investigar a los candidatos y poner a prueba sus propuestas.

La desinformación en ocasiones también ha estado dirigida a desprestigiar a las autoridades electorales y al propio proceso electoral, lo que puede causar un efecto muy dañino en la legitimidad del acto electoral y del proceso democrático.

Las respuestas: cómo enfrentar el fenómeno

Poner a circular desinformación deliberada afecta directamente el derecho a buscar, recibir y difundir información de cada persona, establecido en las declaraciones y tratados internacionales, así como en las normas constitucionales de la región. La respuesta de los estados, por lo tanto, debería estar enmarcada por los estándares internacionales.

Desde la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión hemos sostenido que una buena forma de reflexionar sobre esta cuestión es comenzar el análisis con la siguiente pregunta: ¿a quiénes se les asigna, en una sociedad democrática, la responsabilidad de determinar qué discurso es verdadero y cuál es falso? ¿A un consejo de notables, a un organismo estatal o a la sociedad en su conjunto?

Los estándares internacionales de derechos humanos asignan esa responsabilidad a la sociedad y a sus integrantes, como miembros de una comunidad política de iguales.

En este sentido, una actitud crítica de una ciudadanía activa aparece como la reacción más adecuada y en línea con la prohibición de la “censura previa”,² incorporada en el derecho nacional e internacional. Al discurso erróneo, falso o equivocado se le debe responder con más y mejor información, no creando mecanismos de supresión de información en la esfera pública.

Los relatores especiales para la Libertad de Expresión de todos los sistemas (Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y Comisión Africana) hemos firmado una declaración en la que afirmamos que las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos “noticias falsas” o “información no objetiva”, son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión y deberían ser derogadas”.³

En ese sentido, no son recomendables las legislaciones que permiten a las autoridades o tribunales electorales, durante el proceso electoral, bajar información falsa basada en términos ambiguos, ni aquellas que obligan directamente a las plataformas a bajar un contenido cuando reciben la notificación de un posible afectado. En todo caso, cualquier remoción de un contenido ilegítimo en internet debe estar precedida de una intervención judicial, para determinar si la expresión es ilegal (pornografía infantil y discurso que incita al odio) y respetando el debido proceso.

Otra respuesta frecuente de los parlamentos es recurrir al derecho penal. Llevamos demasiados años trabajando para poner fin a la criminalización de la difusión de información de interés público, como para caer en nuevas figuras penales ambiguas, que luego van a terminar por atrapar discursos legítimos que el poder no desea que circulen.

Cabe recordar que los estados pueden imponer un elenco de responsabilidades ulteriores limitadas, de acuerdo con la Convención Americana, en base a un test de legalidad, limitados intereses a proteger; necesidad y proporcionalidad. En base a este examen, la Comisión Interamericana ha establecido que el uso del derecho penal para proteger la reputación de funcionarios públicos o personas involucradas en temas de interés público es desproporcionado e innecesario en el marco de una sociedad democrática.

Por otra parte, si bien la sanción civil para castigar a quienes divulguen información falsa de modo intencional o actuando con desprecio por la verdad es una respuesta admitida por el derecho internacional, en la práctica fue pensada para responder a situaciones en las que se conoce a quien publicó la información y en el marco del rol del periodismo. En principio, parece un mecanismo poco adecuado para sancionar en tiempo un ataque orquestado desde el anonimato y mediante internet, con los problemas de jurisdicción que ello supone.

Una tercera opción sería imponer una responsabilidad penal o civil a las plataformas por permitir la circulación de la desinformación, pero eso rompería un principio según el cual quienes sirven de carretera de contenido subidos por terceros no deberían ser responsabilizados por la eventual ilegalidad de esos contenidos, a menos que no cumplan una orden judicial. Del mismo modo, este tipo de tercerización incentivaría una mayor censura privada de las plataformas, por temor a recibir sanciones.

Con estas precauciones, las respuestas tienen que venir en primer lugar de los actores involucrados y de la propia ciudadanía. Las plataformas sin duda tienen una responsabilidad en prevenir la circulación de desinformación y deben actuar poniendo en práctica mecanismos y recursos. De hecho, y tras varios escándalos, Facebook comenzó a implementar dispositivos para reportar noticias falsas e introdujo cambios en el sistema de “tendencias” que prioriza ciertos contenidos por sobre otros en las news feeds de los usuarios.⁴ Asimismo, anunció cambios a la forma en que las noticias aparecen para los usuarios, con especial énfasis en la práctica de compartir títulos “sensacionalistas” sin haber leído la noticia.⁵

Asimismo, Facebook anunció medidas en contra del spoofing (la acción de diseñar un sitio que se parece a otro con el objeto de engañar al usuario) y está apoyando con fondos prácticas de chequeo de la información.⁶ La transparencia de estos mecanismos y la puesta a disposición de mecanismos de apelación es indispensable para mitigar las decisiones que afecten discurso protegido. En ese sentido, se anunció la conformación de “un comité conformado por expertos independientes cuya finalidad sería revisar las decisiones de remoción de contenidos más importantes”.⁷

Por su parte, Google también puso en marcha la Digital News Initiative –en colaboración con editores europeos y de América Latina– para promover “periodismo de alta calidad [...] y un ecosistema más sustentable de noticias, a través de la tecnología y la innovación”.⁸ Asimismo, ha apoyado a organizaciones de “verificación” de información.⁹ También implementó cambios en sus políticas publicitarias que claramente habían incentivado la aparición de sitios de “noticias falsas” que conseguían ingresos mediante el tráfico por medio de la plataforma.¹⁰

Twitter también ha implementado una serie de decisiones tendientes a bajar cuentas falsas o manejadas por bots (máquinas digitales que operan sin intervención humana), el certificado de cuentas de personas públicas, y acuerdos con las autoridades electorales para revisar información reportada como falsa durante procesos electorales.

Un tema aparte es el de la publicidad electoral paga, que es un dispositivo tradicionalmente regulado por la ley en varios países de la región. En ese sentido, la legislación sobre este gasto de campaña ha quedado obsoleta a la luz del desarrollo de las redes sociales. Si bien las empresas propietarias de estas redes, luego también de estos escándalos, comenzaron a distinguir la publicidad política de la información orgánica y advierten al usuario si es un espacio pago por un candidato, partido o tercero, se trata de un campo donde existe mayor consenso en cuanto a la posibilidad de regular por ley aspectos tales como la transparencia del gasto en redes sociales, así como sobre la identidad de los contratantes.

Las autoridades electorales son otro actor que deberá tener un rol mucho más proactivo respecto de la información en y sobre el proceso electoral. Dado que el flujo de desinformación puede afectar a la propia autoridad y al acto electoral, las entidades deben preparar una estrategia comunicacional y los recursos para dar rápida respuesta a este fenómeno. Recientemente, el Instituto Nacional Electoral (INE) de México mostró una gran capacidad de respuesta durante la elección de 2018, gracias a acuerdos de intercambio de información sobre el proceso (no respecto del contenido de los medios) con medios, plataformas y organizaciones de verificación de información. El INE, además de informar sobre el proceso y los derechos electorales con mucha insistencia, tuvo la capacidad de responder a intentos de deslegitimación que eran reportados por los medios, los ciudadanos y las redes sociales.

Dicho sea en breve, ya es hora de que los sistemas educativos en todos los niveles tomen en serio la recomendación de establecer planes de alfabetización digital, incluyendo la privacidad y el ejercicio de derechos fundamentales en internet, así como revisar las leyes de protección de datos personales a la luz de los nuevos desafíos.

Por supuesto, es necesario que los actores políticos –partidos y candidatos– se comprometan a debatir los asuntos públicos de manera civilizada, sin recurrir a discursos polarizantes y, fundamentalmente, sin difundir o promover informaciones falsas. Por ello, considero una práctica positiva la de los partidos políticos uruguayos al firmar un compromiso ético para no recurrir a estas prácticas, y que los candidatos se comprometan a ello durante las campañas electorales. Estos compromisos deberían alcanzar a las acciones publicitarias, las que deben atenerse de manera estricta a la ley electoral y abstenerse de incurrir en contenidos que puedan llevar a la confusión del electorado.

Por último, pero no menos importante, está la respuesta que pueden ofrecer los medios de comunicación y las organizaciones de verificación y chequeo de noticias. Aunque tienen distintos objetivos y funciones, estos actores proveen de una respuesta crítica al fenómeno de la desinformación y se mostraron muy eficientes durante las recientes elecciones en Brasil y México para refutar y advertir en tiempo real a los ciudadanos sobre la circulación de “noticias falsas” durante la campaña y el acto electoral. Coordinar acciones para alertar sobre este fenómeno y replicar las notas chequeadas por otros medios, como la diaria y otros medios acordaron hacerlo en Uruguay, potencia la labor de la prensa frente al fenómeno y no afecta la independencia periodística, cuando se circunscribe a este tipo de información deliberadamente falseada.

Para culminar, quiero compartir con los lectores que a pedido de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos de 2018, y bajo una moción presentada por Uruguay, la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión prepara junto a un panel de expertos una Guía sobre desinformación en contextos electorales, en la que se desarrollarán muchas de estas ideas. La sesión inicial de discusión del Panel de Expertos se reunió en Ciudad de México el 23 de abril de 2019, con amplia participación de todos los actores involucrados.

Edison Lanza es relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República.

(*) El presente artículo fue redactado a partir de un relevamiento de estudios realizado en el marco del proceso de redacción de una “Guía sobre desinformación en contextos electorales”, solicitada por los estados de la OEA y de próxima publicación. Agradezco a Ramiro Álvarez Ugarte por la investigación aportada en el documento inicial de discusión del Panel de Expertos independientes que se reunió en Ciudad de México el 23 de abril de 2019.