En 1858 se celebró uno de los primeros debates electorales en la historia de la política del siglo XIX entre Abraham Lincoln y el senador Stephen Douglas. El debate fue cara a cara, sin moderadores ni intermediarios. No había televisión ni radio, pero sí había público en Washington, ávido de escuchar el debate entre los candidatos. Más cerca en el tiempo, durante 2016 hubo tres debates televisados entre Hillary Clinton y Donald Trump en su carrera hacia la Casa Blanca. Los tres fueron récord de sintonía y tendencia mundial en redes sociales. Más cerca físicamente, el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, debatió con el senador Alejandro Guiller, su contendiente en la carrera a La Moneda el 11 de diciembre de 2017. El programa fue récord en sintonía y primera tendencia en las redes sociales. En Chile existe una amplia tradición de debates televisivos regulados por la Asociación Nacional de Canales de Televisión desde 1989 hasta la fecha.
Aun más cerca en el tiempo, todos nos sorprendimos con el alto nivel de sintonía que existió en el debate entre Ernesto Talvi y Óscar Andrade organizado por el programa Todas las voces, de Canal 4, en junio de 2019. Es decir, debates electorales existen en diversas democracias consolidadas en el mundo, y todos nos preguntamos por qué Uruguay no los tiene entre los candidatos a la presidencia. ¿Por qué la discusión política se da en una especie de cascarón cerrado? ¿Por qué no confrontar ideas en vivo, en público y en directo? ¿Por qué no habilitar al periodismo a conducir el ejercicio comparativo de las ideas detrás de quienes aspiran a gobernar el país?
Uruguay ha escogido tal vez uno de los caminos más difíciles, pero al mismo tiempo necesario, para encarar los debates: regularlos mediante una ley. La pregunta que surge cuando se discute respecto de la reglamentación de los debates entre candidatos políticos en una elección son varias: ¿Coartamos la libertad de querer o no querer debatir que pueda tener un candidato? ¿Es necesaria una ley con un conjunto de reglas para algo que debería ser espontáneo?
La discusión y el posicionamiento del tema no dejan ver el asunto central: es fundamental debatir en una campaña electoral. Quizás, hoy más que nunca.
La regulación en Uruguay ha sido utilizada con gran eficacia para normativizar procesos sociales y, fundamentalmente, para garantizar derechos. Y ahí está la clave de por qué sí es necesaria una ley que promueva los debates entre candidatos políticos: es un derecho de los ciudadanos.
Por eso creo que es necesario redirigir la discusión sobre el fondo: los debates electorales aportan al conocimiento de la ciudadanía sobre las propuestas de los candidatos a cargos de representación. Los debates políticos aportan a: 1) la ciudadanía, 2) el periodismo político, 3) la comunicación política programática, 4) la democracia.
A la ciudadanía le permite contar con un espacio en el que, en medio del barullo producido por una campaña electoral, puede confrontar y comparar directamente las propuestas, acciones y reacciones de la oferta política. El ejercicio de comparación es clave para poder determinar la elección en todos los órdenes de la vida, incluidos las campañas electorales.
“Los debates son positivos para la política programática, en confrontación con la política basada en prácticas clientelares”.
En un mundo donde recibimos constantemente información por las redes sociales cuya probabilidad de que sea una noticia falsa ha trepado a 70% en 2019, tener la oportunidad de poder visualizar y escuchar en vivo y en directo la oferta directa por parte de los candidatos es una oportunidad única.
En otro orden, el periodismo político, pero, por medio de este, la ciudadanía, tiene una magnífica oportunidad de poner sobre la agenda pública preguntas y tópicos que permitan comparar a los candidatos y una contrarrespuesta directa, expuesta al público. En un debate televisivo no existe ni la edición, ni la presión sobre los editores para influenciar sobre el artículo final. Son los políticos debatiendo entre sí y los periodistas interpelando sin mayores intermediarios. En el debate no hay salida, no va a venir ningún asesor a buscar a un candidato en problemas para cortar el debate. Si bien no es tan cómodo o amplio como una entrevista, el debate político permite ahondar comparadamente aspectos que de otra manera sería casi imposible abordar periodísticamente.
A su vez, los debates son positivos para la política programática, en confrontación con la política basada en prácticas clientelares. El debate es el momento en que se puede confrontar ideas bajo dos escrutinios directos: el de la cámara y el de los periodistas. Aquí existe la libertad de que los periodistas planteen preguntas y, a su vez, de que la cámara registre todo tipo de movimientos, acciones, etcétera. Gana el cómo y el qué de las propuestas, más que las ganas de seducir al electorado por vía clientelar. Incluso, si así fuese, están tanto los periodistas como los otros actores políticos para interpelar a quien crea que por vías clientelares puede alcanzar el favor ciudadano.
Uruguay, con el fenómeno Juan Sartori, pudo ver en la última campaña electoral cómo se pueden propagar ofertas de carácter clientelar que menosprecian el contenido programático, protagonista de la política uruguaya en los últimos años.
Por último, con los debates gana la democracia. La definición brindada por la Real Academia Española respecto del concepto de “debate” señala que se trata de una “discusión en la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses”. ¡Cuánta coincidencia con el concepto de democracia! Concebida como un espacio en el que la ciudadanía tiene la oportunidad de expresarse y escoger su propio gobierno y reglas de vida en sociedad. El vínculo para avanzar entre quienes demandan exigencias a un gobierno y quienes buscan ocupar el gobierno es precisamente la oferta de ideas. La democracia se enriquece con los debates.
Sobre las formas, todos podemos discrepar, y se requiere la mayor flexibilidad posible acorde a la actualización tecnológica. Hoy en día se puede plantear tanto debates por televisión como por las redes sociales, aunque claramente el camino debe ser integrado y transmediático si se quiere alcanzar la mayor cantidad de audiencias y de interacción.
Respecto de quiénes contra quiénes van a debatir, es difícil que eso quede plasmado en una ley y es más factible otorgar la potestad de dirimir las formas a la Asociación de la Prensa Uruguaya. Las reglas básicas han de ser la no agresión mutua verbal ni física, el no uso de mentiras o difusión de información falsa y el respeto a las reglas mínimas acordadas.
Lo importante, más que la forma, es el fondo. Es importante aclarar que sólo 61% de los uruguayos, según la encuesta de Latinobarómetro, cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, el registro más bajo en 23 años (Latinobarómetro, 2018). Sin involucrar al ciudadano, vía medios de comunicación en este caso, en la confrontación de ideas de país, las discusiones políticas hacen muchas veces que los ciudadanos nos alejemos del análisis de las ofertas programáticas. La buena noticia es que sí queremos ver propuestas, que sí es hora de romper el cascarón.
Matías Ponce es candidato a doctor en Comunicación Política por la Universidad de Santiago de Compostela.